El estado de derecho se refiere a un sistema donde la ley es la norma que rige la conducta de los ciudadanos de un país. Para que el estado de derecho funcione debe aplicarse la ley a todos sin

excepción, desde el presidente de la republica hasta al más humilde ciudadano. A los miembros del partido gobernante, a los legisladores, a los judiciales, a los políticos de la oposición, a los militares, a los narcotraficantes, a los millonarios, a todos y todas, sin distorsiones ni prejuicios, con imparcialidad. El estado de derecho es indispensable para que la democracia pueda funcionar, así como para garantizar el desarrollo económico y la paz social. Una precondición para que exista un estado de derecho es un poder judicial independiente y con autonomía suficiente para juzgar y aplicar la ley. En un país donde no hay un estado de derecho se camina hacia la dictadura o hacia el caos.  En este caso se presentan tres posibles escenarios: a) se convierte el país en un corral de chivos sin ley, b) se impone el orden mediante una dictadura de fuerza bruta, o c) se impone el orden mediante una dictadura de fuerza institucional. En este último escenario, la dictadura institucional, a través del control de los poderes del estado, se hacen y se aplican las leyes de acuerdo al interés del grupo dominante. Solo se le aplica la ley a los otros, con distorsiones y sin imparcialidad, con maña.

Esa dictadura institucional es el sistema imperante en la Republica Dominicana, por eso existe un paraíso para la corrupción del grupo dominante, se puede intervenir los teléfonos incluso de los candidatos y directivos de los partidos de oposición en medio de una campaña electoral y no pasa nada. Los dirigentes del partido de gobierno se pueden enriquecer sin límites, pueden ser denunciados, se puede presentar públicamente montañas de pruebas y no pasa nada, ni siquiera se investiga. Se utiliza con fines políticos a la Procuraduría General de la Republica y otras instituciones del Estado para lanzar una acusación ridícula contra un ciudadano dominicano y uno haitiano acusándolos de tener una conspiración para derrocar el Gobierno de Haití.  Se violan las leyes de contratación del estado y no pasa nada. Se usan y despilfarran los fondos públicos en la campaña política del candidato oficialista.  Por ejemplo, en los primeros tres meses del año existe un déficit en el presupuesto nacional de 31,000 millones de pesos, 9,000 millones más de lo que se esperaba, consumidos por el gasto voraz de la campaña peledeísta.

La realidad del modelo de la dictadura institucional es que no es sostenible. Esta tiene dos caminos: el primero es ser derrotada por la vía electoral, restituyéndose el sistema democrático, con la debida división de poderes, donde existe un balance entre los mismos, y se implante el estado de derecho, y la confianza en las desprestigiadas instituciones públicas; el segundo es la abolición de la dictadura por la explosión social, causada por la opresión institucional. En el caso Dominicano todo parece indicar que la democracia será reivindicada en las próximas elecciones del 20 de mayo, eliminando la dictadura institucional establecida por el gobierno del PLD, esa es la decisión y la esperanza de la población. Sería un peligroso riesgo cualquier aventura que tendiera a obstaculizar la expresión popular por la vía electoral.

¡Más claro de ahí no canta un gallo!