El respeto de las leyes, la aplicación de la ley y la igualdad de esta para todos los ciudadanos, un sistema judicial que actúe con imparcialidad ante el ciudadano y la ley, son de los fines que se alcanzan en un estado de derecho. Para el ciudadano de la calle como decimos, para el poderoso empresario, para el alto funcionario, para militares y extranjeros, la ley es igual en su ejecución, persecución del delito y condena por hechos irregulares cometidos del tipo penal que sea y sobre toda acción violatoria del marco legal y constitucional.
El estado de derecho ha de ser el principal objetivo en el adecentamiento de la vida democrática de un país. Estas acciones tienen como frente de ataque la impunidad ante la ley y los juegos y figuras políticas que reproducen las inconductas de instituciones, funcionarios, sector privado y ciudadano común.
El estado de derecho no es un principio vacío, no es solamente un marco constitucional, pues ya tenemos una constitución cargada de buenas leyes, sin embargo, no se aplican. Sin saneamiento de la justicia, sus funcionarios y mecanismos como parte de la reestructuración del sistema judicial, no se logra un estado de derecho. Tienen derechos los presos, los que violan la ley con actos delincuenciales, todo acusado de violar aspectos de la ley, y todos los ciudadanos no importando su clase social, religión, opción de género, expresiones culturales, color de piel, nacionalidad o estatus político-partidario y económico.
El estado de derecho ha de ser el principal objetivo en el adecentamiento de la vida democrática de un país
No es posible establecer un estado derecho en nuestro país sin modificar la justicia, sus representantes y quienes encabezan los órganos de justicia. Esto implica necesariamente una reforma constitucional que elimine los escollos que impiden la liberalización de trabas impuestas en la propia constitución dominicana que establece fórmulas para enredar el sistema judicial en la elección de jueces, procesos de aplicación de justicia para determinados estamentos de la sociedad y límites en órganos importantes del marco legal y constitucional como las llamadas Altas Cortes y otras instancias de supervisión, control y legitimidad del sistema político del país como la Cámara de Cuentas, la Junta Central Electoral, el Tribunal Constitucional y demás tribunales.
Sin reforma no se establece en el país un estado de derecho, dado que el ciudadano común entiende que la justicia está hecha para los de abajo. Esos privilegios que establece la ley no se eliminan con deseos, sino con iniciativas que reordenen el marco democrático del país y el justo equilibrio de su aplicación, actuando el juez a partir de su veredicto independiente que no esté condicionado por intereses espurios políticos, empresariales o del crimen organizado.
Todos debemos ser iguales ante ley reza el estado de derecho, ello implica que la ley debe aplicarse a quienes la legislan también, a quienes la aplican y a quienes deben hacerlas cumplir. Está bueno ya que el presidente, que es un ciudadano como los demás, se crea por encima de la ley, esto manda un mal mensaje a la población, pues cuando asume el poder presidencial, jura ante la nación, cumplir y hacer cumplir la ley. No puede estar el presidente por encima de la ley, si la constitución dice que son dos períodos y a la casa, no puede un presidente violar la ley sin un régimen de consecuencia.
Los partidos políticos no pueden estar por encima de la ley. Los políticos no pueden cambiar la base legal, ajustar o eliminar preceptos legales sin que ello tenga consecuencias. Los políticos se creen que están por encima de la sociedad civil y es la sociedad que los quita y los pone, por tanto, ellos se deben a los ciudadanos y no al revés.
Un justo equilibrio de un estado de derecho debe comenzar reduciendo los poderes del presidente de la república para equilibrar los poderes del estado como establece nuestra constitución que habla de tres poderes: el Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo. Vemos en esta sociedad cómo los poderes, judicial y legislativo, están supeditados al poder ejecutivo. ¿Qué determina esta sujeción? ¿Por qué no modificamos esta relación desigual entre los poderes que no está contemplada en ningún momento en la constitución de la República?
Los funcionarios públicos no están por encima de la ley y deben rendir cuentas cuando se le solicita porque administran fondos públicos. La transparencia es parte del régimen de derecho y de las obligatoriedades del sistema político para con la sociedad, por tanto, es normal la rendición de cuentas y el uso pulcro de los fondos públicos y no de manera antojadiza por gobiernos y funcionarios.
Ante esta debilidad del estado de derecho en la sociedad dominicana, sin una reforma y limpieza de la justicia no es posible alcanzar el anhelo de la sociedad: ordenar el marco jurídico, eliminar la impunidad, establecer como norma la igualdad de derechos y eficientizar el sistema judicial independizando a los funcionarios de justicia del poder político y económico del país, sin el logro de estas metas, no podemos hablar de estado de derecho, que no sea pura retórica.