Antes nos caracterizábamos por ser un pueblo donde la convivencia pacífica era la norma y la violencia era la excepción. Muchos extranjeros que visitaban el país se asombraban, que a diferencia de otros países de América Latina, aquí los dominicanos exhibíamos prendas y fajo de billetes en la calle sin ningún desparpajo. Ello era un indicativo que demostraba a simple vista de que el fenómeno de la delincuencia era un mal que no suscitaba preocupación.
Pero paulatinamente las cosas comenzaron a cambiar y empezamos a ver cómo se rompía de manera tan violenta y generalizada en todo el territorio nacional el tejido social que nos conectaba a la paz, al respeto y a la consideración al prójimo.
Ante este pavoroso fenómeno, casi todos tenemos actitudes reactivas, reclamando mayor vigilancia policial, castigos ejemplares a los delincuentes, endurecimiento de la pena judicial y otras medidas de control de daños.
Sin dejar de reconocer que consolo acciones policiaca-militares y otras medidas represivas no se va contener un problema estructural, apreciamos el esfuerzo y la voluntad del presidente Danilo Medina de enfrentar a quienes desafían la paz y la tranquilidad social para imponer su clima de terror en nuestros campos y ciudades.
La sociedad, ante la situación de violencia, debe reclamar a quienes la representan formalmente que avancen a una mínima equidad social y reorienten los recursos nacionales a solucionar las necesidades prioritarias del país, para que cada vez menos dominicanos tengan que recurrir a métodos desaforados para garantizarse la vida, la alimentación y la sobrevivencia
Se advierte la sincera voluntad del Gobierno por lidiar con la herencia siniestra de este mal enraizado en causas sistémicas que escapan al control del gobernante de turno, quien hace lo que se puede dentro de estas condiciones. Tan estructural es el mal que nos ocupa que cada vez era más frecuente el involucramiento de los mismos agentes encargados de cuidarnos en hechos reñidos con la ley y la paz, lo cual repercutía enel aumento de la desconfianza hacia las fuerzas de seguridad.
Sabemos que el presidente es consciente de la obligacióndel Estado de darnos protección y seguridad frente al crecimiento del crimen organizado, el sicariato y el auge de la droga, la proliferación de armas ilegales en manos de los antisociales.De ahí que haya procedido a remover al anterior jefe policialen un esfuerzo poraminorar el mal cuando las instituciones encargadas de combatirlo aparentaban ser sobrepasadas por el oleaje de los violentos.
Producto deestasituación de indefensión, algunos ciudadanos habíantomado la peligrosa actitud de tomar la justicia en sus propias manos, linchando y ‘ajusticiando’ a los malhechores, lo cual reflejaba en el fondo un preocupante descreimiento en nuestro funcionamiento institucional.
Si algo puso de manifiesto la escalada de la delincuencia a través los últimos años, es que las capacidades estatales en materia de seguridad y justicia no estaban preparadas para bregar con tal nivel de impacto social de la delincuencia.Este fenómeno no ha sido propio solo de Republica Dominicana. Latinoamérica, en sentido general, es víctima del accionar violento de los delincuentes.
Nuestros gobiernos deben tener claro que la delincuencia se combate efectivamente creandomás empleos y oportunidades para la juventud, enfrentando la pobreza, elevandola educación y superando las precarias atenciones de salud, aunado a la ampliación de los horizontes de movilidad social. Procediendo de esa manerase podrá hablar seriamente de que se está combatiendo el viejo problema social de la violencia conectada a la subsistencia.
El Estado dominicano para llevar la situación de inseguridad a niveles controlables, debeaplicar una política amplia e integral que ataque las causas estructurales de la delincuencia y la violencia, dando a las personas oportunidades de desarrollarse como seres humanos.Tambiénpropiciar políticas sociales de atenciones a los grupos en mayor riesgo; impulsar medidas para apaciguar situaciones de violencia crónica y reintegrar en la sociedad a los individuos que de víctimas del sistemapasarona ser victimarios de sus semejantes.
La sociedad, ante la situación de violencia, debe reclamar a quienes la representan formalmente que avancen a una mínima equidad social y reorienten los recursos nacionales a solucionar las necesidades prioritarias del país, para que cada vez menos dominicanos tengan que recurrir a métodos desaforados para garantizarse la vida, la alimentación y la sobrevivencia.
Al tiempo que esto se implemente, se debe procurar restaurar el sentido humanista de la educación, para hacernos hombres y mujeres más probos, ética y moralmente, ya que ello se reflejará en una disminución de los estímulos y la propensión a ser un malhechor.