El 26 de febrero pasado, dos semanas después de iniciarse el conflicto libio, bajo la influencia de diplomáticos que habían desertado, la Unión Africana y la Liga Árabe, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) en pleno votó la Resolución 1970 que condenaba el uso de la fuerza militar y violación de los derechos humanos por parte de Gadafi en contra de la población civil.  Impuso un embargo de armas para todas las partes en conflicto; además de prohibir los viajes al exterior y congelar los fondos de las personas ligadas a Gadafi. 

No obstante, la guerra civil continuó impertérrita.  Entonces, el 17 de marzo el Consejo de Seguridad dictó una segunda resolución propuesta por El Líbano, Francia y Gran Bretaña, a la cual ninguno de los miembros se opuso aunque hubo cinco abstenciones.  Esta Resolución 1973 reafirmaba los puntos de la Resolución 1970, pero además demandaba el cese de fuego inmediato; imponía una zona de no-vuelo sobre Libia; y autorizaba a las fuerzas internacionales a adoptar todas las medidas que fuesen necesarias, con la excepción de una ocupación militar del territorio libio, para proteger civiles susceptibles de ser agredidos.  Con esta última resolución, las Naciones Unidas legalizaban la intervención militar en Libia, la cual empezó el 19 de marzo a través de la "Operación Odisea del Amanecer" dirigida por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), con la participación de algunos estados del Medio Oriente. 

Desde un principio estuvo claro que el objetivo de la OTAN no sólo era hacer cumplir la resolución de la ONU sino el derrocamiento de Gadafi; así lo han expresado los líderes principales de esos países.  Los bombardeos están dirigidos contra Gadafi y la dirigencia libia, con "daños colaterales" a los civiles que viven fuera de Bengasi.  Recientemente se supo que Francia violó ambas resoluciones de la ONU proveyendo armas a los sublevados.  Esto último fue informado a la prensa por Abdul Fatah Younis, jefe del ejercito rebelde que luego sería asesinado por ellos mismos (ver mi artículo de ayer). 

A pesar de todo esto, Gadafi ha resistido cinco meses y es posible que sólo una ocupación militar (hasta ahora prohibida por la ONU) logre derrocarlo, a menos que se le pueda eliminar físicamente.  Gadafi sabe que mientras más tiempo resista, mayor es la posibilidad que la oposición a la guerra crezca entre la población de Occidente, que se siente abrumada por los problemas económicos.  Por ejemplo, en mayo pasado sólo la mitad de los norteamericanos apoyaba la participación de USA en el conflicto libio. 

Por todo lo anterior, pienso que la solución más razonable a este conflicto debe ser política y no militar, a través de las negociaciones de paz propuestas por Brasil y apoyadas por otras naciones. 

Lo peor que puede pasarle a un país es una guerra.  Independientemente de las razones que se invoquen, cuando un pueblo es sometido a bombardeos constantes, nunca confiará en las fuerzas que los perpetran.  La historia demuestra que la mayoría de las intervenciones militares selectivas y supuestamente orientadas a salvar vidas terminan no sólo cobrando más vidas sino creando destrucción y estados fallidos que serán los pueblos quienes habrán de padecerlos.  

Cuando se analizan conflictos como el que nos ocupa, la manera de mantener nuestra objetivad es pensar en el niño, la madre y el padre libios, dueños legítimos del petróleo de su país, que en estos momentos no tienen que comer ni donde dormir seguros, y que en su futuro inmediato está la posibilidad de ser destrozados por un proyectil.  La gran paradoja es que esta guerra se esté haciendo para su redención.