Parte 1 – Introducción.
El pasado 30 de marzo del presente año el presidente Medina pronunció un discurso en el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio, en el cual, entre otros temas, se refirió a algunos de los proyectos que tiene contemplado dentro de su programa de gobierno para el periodo 2016-2020, en caso de que resulte reelecto en las elecciones que tendrán lugar el venidero 15 de mayo del año en curso.
Uno de los temas referidos por el primer mandatario fue el relativo al cumplimiento del país con las nuevas 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) dirigidas a combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la eliminación de cualquier amenaza contra la estabilidad e integridad del sistema financiero dominicano y mundial.
El GAFI es un organismo que fue creado con la finalidad de que elabore y le de seguimiento a las normas internacionales destinadas a prevenir las actividades ilícitas relativas al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo a nivel internacional. La República Dominicana es miembro de ese organismo y, como tal, ha aceptado acogerse a sus normativas y a la correspondiente evaluación que periódicamente se hacen a los países miembros para medir el grado de cumplimiento de dichas normativas.
El objetivo esencial de tales evaluaciones es medir el grado de cumplimiento de las regulaciones y normas antilavado y contra el financiamiento de terrorismo de los países respecto a las 40 recomendaciones emitidas por dicho organismo, y la efectividad de dichas regulaciones en cada uno de los sectores financieros y no financieros.
Hay que felicitar al Sr. Presidente de la República por manifestar su decisión de hacerle frente a esta delicada situación. Hay que estar consciente de las terribles consecuencias que pudieran derivarse de los resultados de una mala evaluación, sobre todo para nuestras relaciones económicas y comerciales con el resto del mundo y para nuestro sistema de pagos.
En el año 2015, Rep. Dom. recibió la suma de US$4,571.3 MM solamente por concepto de remesas. Esas remesas y demás recursos que recibe el país producto de sus relaciones comerciales y financieras con el resto del mundo, son tramitadas en su mayoría a través de los servicios de corresponsalía que tienen los bancos radicados en el país con los bancos de otros países, especialmente con los de Estados Unidos. Y cuando un país es calificado de alto riesgo, esa banca internacional es presionada por sus autoridades regulatorias para que interrumpa o endurezca las exigencias para el mantenimiento de los referidos servicios de corresponsalía.
Hay que imaginarse las terribles consecuencias de una situación de esta naturaleza para una economía como la dominicana, tan pequeña, abierta y dependiente de sus relaciones comerciales y financieras con el resto del mundo. Un ejemplo ilustrativo fue lo que le ocurrió a la República de Panamá hace un tiempo, la cual perdió un 80% de su corresponsalía por haber sido incluido en una lista gris luego de una evaluación del GAFI.