Han sido positivas las reacciones al discurso pronunciado por el Presidente de la Suprema Corte, doctor Mariano Germán, con motivo del Día del Poder Judicial y la consiguiente reapertura de los tribunales.
Ciertamente si nos guiamos por el hecho de que nuestra Judicatura cuenta con 688 jueces, todos de carrera y aceptamos que solo una cantidad ínfima de los mismos ha cometido o están acusados de realizar actos reñidos con la ley y la ética resulta apropiado convenir con el Magistrado Germán de que no debiera hablarse en puridad de una crisis del Poder Judicial. Más bien, sin embargo, de una crisis de credibilidad en la Administración de Justicia, que esta es real y más que demostrada.
Pese al dicho de que “una golondrina no hace verano”, sí, en cambio, como admitió el propio Presidente del más alto tribunal, “un malo hace más ruido que cien buenos”. Y no son por lo general, salvo los muy sonados, los fallos inobjetables, por ajustados a derecho, los que resultan objeto de reconocimiento ni dan la tónica de una buena imagen al Poder Judicial.
Basta, por el contrario, que se produzca una sentencia, a todas luces reñida con los principios más elementales del Derecho o el interés ciudadano, como ha ocurrido en más casos de los que ahora están siendo objeto de investigación, para que el escándalo provocado por la misma arrope la actuación de todos los demás jueces por honorables que sean y correctas sus actuaciones. Y para que, por consiguiente, quede enturbiado el prestigio de nuestra Judicatura y su proceder provoque desconcierto e incredulidad crecientes.
De hecho y esto es positivo, el propio Germán lo reconoce cuando propone la celebración de una Cumbre para analizar los fallos y fisuras en el tercer poder del Estado, que no todos, en absoluto, pueden y deber ser atribuidos al comportamiento de sus togados.
De por medio, entre otras razones de mucho peso, cuenta la pobrísima asignación de recursos al Poder Judicial. Verdadera Cenicienta, al igual que ocurrió con Educación hasta la asignación del cuatro porciento y reclama ahora Salud Pública, requiere de una participación mucho más sustanciosa en la distribución del Presupuesto Nacional.
Y el hecho, señalado en su discurso, de tener que regirse los jueces por un Código Penal que según dijo Germán, es una mescolanza emparchada de las legislaciones de distintos países, que condiciona y limita en gran medida el accionar de los jueces a un modelo que no parece ajustarse a nuestra realidad, al tiempo que carece de los medios complementarios demandados para su correcta aplicación.
Baste con señalar la carencia de personal y de otros recursos indispensables, como es la tobillera electrónica, para dar seguimiento a los imputados que disfrutan de libertad, con o sin fianza, a los cuales jamás se les vuelve a ver el pelo y no precisamente porque sean calvos. De esos, son miles de casos, de los cuales el más notorio correspondió a la fuga de los pilotos franceses protagonizada en meses recientes.
Bien hizo el magistrado Germán, por otra parte, enterrando agravios pasados, en tender un ramo de olivo al Procurador General Domínguez Brito, bien acogido por este, a fin de sumar fuerzas y esfuerzos, para abocarse a superar las fisuras y fallas en nuestro sistema judicial así como corregir las falencias del Código, para lo cual requerirán el concurso del Congreso. Esto así, sobre todo, cuando se trate de juzgar los casos de corrupción pública, donde el número de condenas ha sido tan ínfimo, aplicado en casos de muy poca monta y las escasas sentencias tan leves que equivalen casi a otorgar impunidad a los responsables.
Se trata, pues, no tanto de rescatar la Justicia en sí misma como de crearle una imagen de credibilidad, prestigio y confianza pública, que hoy se encuentra en su punto más bajo y sometido a un implacable cuestionamiento.
Sin dudas un reto de las más elevadas exigencias, donde tendrán que dar lo mejor de sí para superar grandes obstáculos y una espesa madeja de fuertes intereses. Pero una tarea inevitable e impostergable por todo lo que lleva en juego, donde quizás la única retribución que reciban consista en la sola satisfacción del deber cumplido.