En su discurso del 27 de Febrero, el Presidente Danilo Medina declaró el 2014 como el año de consolidación de nuestra revolución educativa. La consolidación se fundamentó en cambios derivados de la inversión del 4% del PIB para Educación, como son la construcción de 10 mil aulas y el paso del 40% de los estudiantes de la tanda diurna a la extendida; la inversión “sin precedentes” en alimentación escolar, uniformes, libros y salud bucal y el inicio de la construcción de guarderías infantiles. Pero lo principal del discurso de Danilo Medina no fue lo realizado, sino sus promesas.
Medina anunció que en adelante nuestro objetivo principal debe ser la calidad de la enseñanza. Es en este contexto que prometió guarderías infantiles y en los próximos dos años, la incorporación escolar del 81% de la población total en edad de preprimaria, a partir de los 5 años de edad. Aunque ninguno de los señalamientos del Presidente aluden a una revolución en la forma de pensar y concebir el mundo, si aluden a una revolución social: la igualación del status del hombre y la mujer en la sociedad dominicana.
Esto lo afirma Medina en palabras que las mujeres esperamos sean confirmadas con hechos. Medina anunció que este Gobierno tiene un firme compromiso con las mujeres dominicanas. Sea a través de las estancias infantiles, o de la prevención de la violencia de género, o del Plan Nacional Para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, estamos decididos a defender sus intereses y reconocer sus derechos.
Los derechos de las mujeres no son ambiguos. Son la culminación de más de 30 años de trabajo de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, órgano creado por la Organización de las Naciones Unidas en 1946, para seguir de cerca la situación de la mujer y promover sus derechos. Vieron la luz el 18 de diciembre de 1979, día en que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el instrumento más importante para la protección de los derechos humanos de la mujer, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW). Pero el CEDAW no contaba con mecanismos mínimos de exigibilidad. No fue hasta el 10 de diciembre de 1999, Día Internacional de los Derechos Humanos, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó un Protocolo Facultativo para la CEDAW que debía ser ratificado por los países. La Republica Dominicana lo firmó el 14 marzo del año 2000 y lo ratificó el 10 de agosto del 2001. Esto significa que la Republica Dominicana puede ser sometida cuando viola el derecho de la mujer a tomar decisiones sobre su cuerpo, y al discriminarla por su sexo.
Por eso es significativo que el Presidente Medina hablara de los derechos de la mujer en el contexto de una revolución educativa. La escuela en una sociedad abierta tiene que ser inclusiva, democrática, que respete los derechos de los demás y se construya sobre la base de la igualdad. Los hombres y mujeres son diferentes, pero ambos deben de ser tratados con igualdad. Las diferencias son enriquecedoras, las desigualdades son abusivas. De aquí que el Estado no puede ser sectario y entregar la formación moral de la juventud dominicana a ninguna Iglesia. La religión de cada ciudadano o ciudadana no es problema del Estado. Lo que sí es problema del estado es cumplir con la formación cívica y ciudadana, común a toda la población.
Si las palabras del Presidente Medina no son producto de la politiquería, el Presidente tendrá que demostrarlo con hechos. Y tendrá que buscar apoyo de los legisladores de su Partido:
1) Promover la aprobación del artículo 90 del Código Penal que fue rechazado por la intervención del enlace de la Iglesia Católica. Este dice: “No será punible la interrupción del embarazo cuando sea practicada por personal médico especializado, en centros o establecimientos de salud, públicos o privados, siempre que el mismo se produzca como consecuencia de un estado de necesidad, según lo define el artículo 10 de este Código.” El Proyecto de Ley introducido define el estado de necesidad cuando una persona actúa ante un peligro actual o inminente que la amenaza a ella o a otra persona. Define además que debe de tener lugar en un Centro de Salud con personal especializado; y que el diagnóstico debe de ser científicamente verificado. Lo hace punible, cuando tiene lugar en el hogar, o por curanderos no calificados.
2) Promover el Proyecto de Ley Salud Sexual y Salud Reproductiva y el Proyecto de Ley de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres. Estos llevan más de dos años y los Diputados aún no los han conocido ni han sido aprobados por el Senado.
3) Sacar la religión de las escuelas públicas e introducir la Perspectiva de género en la educación.
Dado que la familia y la escuela son las principales instituciones que socializan a niños y niñas en los roles que asumirán en la sociedad, la escuela es la llamada a asumir críticamente los estereotipos de género tradicionales, que subordinan la mujer al hombre, irrespetando sus derechos y su dignidad. En otras palabras, la escuela necesita asumir una perspectiva de género para cumplir con el mandato constitucional de igualdad de las personas, independientemente de su sexo.
Es precisamente en este contexto donde el Estado le permite a la Iglesia Católica que viole los derechos de las menores de 18 años de edad promoviendo una doctrina que discrimina contra la mujer no solamente en su interior, sino en el rol que le asigna en la sociedad. El Estado se ha dejado mangonear por el Cardenal y su jerarquía para pagarle maestros de religión entrenados, designados, y supervisados por el Episcopado, y cuando no les conviene, con poder de ser revocados sin cumplimiento de las leyes constitucionales y laborales que rigen la docencia dominicana.
El mayor obstáculo a la igualdad de la mujer en Republica dominicana lo constituye la Iglesia Católica Romana. No porque su doctrina sea peor que la de otras religiones, sino porque esta es la que ha transformado al Estado que constitucionalmente es laico, en un Estado confesional católico Romano. Esta es la que se opuso a la moral social, a la cívica, y a la educación científica de la mujer que Eugenio María de Hostos y Salomé Ureña de Henríquez iniciaron. Y esta fue la que conspiró contra el orden democrático en 1963 y se opuso a la Constitución del 1963 porque definía a un estado laico.
Esta es la que más ha luchado por mantener a las niñas embarazadas fuera de las aulas, para prohibir todos los anticonceptivos modernos, y para imponer la maternidad forzada, aun en casos de niñas de 10 años violadas en el seno de la familia que tanto defiende para esconder el patriarcalismo que se ejerce con violencia contra la mujer y las niñas. Esta es la misma que busca reducir a la mujer a la función de gallina ponedora, deshumanizándola y quitándole sus derechos en pleno siglo XXI. Entonces, ¿Cómo puede ser esta iglesia la encargada de enseñar la moral? ¿Acaso no fue esta la misma Iglesia que en la Isla Española nunca como institución se enfrentó a la esclavitud?
El historiador jesuita José Luis Sáez (2011, 26-7), afirma que en la Isla Española la Iglesia como institución… ni siquiera denunció sus vicios de raíz, más allá de lo que harían los Papas casi hasta fines del siglo XIX. Los eclesiásticos dominicanos de cualquier rango, incluyendo a religiosos y religiosas, serían tenedores de esclavos en mayor o menor cuantía, prácticamente hasta la desaparición del sistema a mediados del siglo XIX. En los Estados Unidos, las escuelas católicas parroquiales no admitían negros en sus escuelas. Las des-segregaron después que Martin Luther King Jr., un pastor protestante, iniciara la revolución no-violenta de los años sesenta para terminar con la discriminación racial.
Para los que citan la Carta Pastoral del 27 de febrero por denunciar la corrupción, les recuerdo, que los profetas del antiguo Testamento no predicaban desde lujosas residencias construidas por el Estado, ni demandaban lujosas y modernas catedrales, ni sueldos de generales ni túneles privados para llegar al Templo de Jerusalén. Fueron hombres de oración, pobres, de vida austera, y salían a predicarle a los poderosos entre ellos los sacerdotes aliados a los Reyes. Especialmente es temible alabar una Carta Pastoral que inicia su discurso violentando los derechos humanos de más de la mitad de la población dominicana, como aparece en su página web, y que aquí cito:
Con profundo dolor y decepción hemos asistido al intento de introducir la despenalización generalizada del aborto en el Código Penal, bajo el eufemismo de interrupción del embarazo en el caso de violación, incesto y malformaciones del feto incompatibles con la vida. Como resultado se aprobó un texto confuso que deja el tratamiento del problema a una futura ley especial. Entendemos que si se llega a elaborar, esta ley será también inconstitucional. (Numeral 58 de este documento). Nos conforta que la Fundación Matrimonio Feliz y otras instituciones hayan recurrido al Tribunal Constitucional para que se declare inconstitucional aquellos artículos del Código Penal Dominicano que apoyan o dejan abierta la posibilidad del aborto. Reiteramos, en nombre de la justicia y la paz, nuestro pleno apoyo a esta defensa de la vida. (Numeral 59 de este documento).
Esta Iglesia ha crecido y cuenta con un Plan de Pastoral Nacional lleno de comisiones, gracias a los impuestos de toda la población. No solamente extrae todo el dinero posible del Estado, sino que lo usa para debilitar y chantajear congresistas, y el sistema de justicia; razón por la cual los curas pederastas extranjeros han sido sacado del país y los dominicanos andan sueltos, no importa que hayan cometido los crímenes más horrendos contras niños y niñas indefensas. Cualquier aspirante a un cargo alto se las arregla para hacerle donaciones a la Iglesia Católica, o sacar los programas de salud sexual y reproductiva de hospitales públicos, como sucedió con la Regional del Nordeste, o con la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) dirigida por Radamés Segura, aspirante a la presidencia. En su carta pastoral mencionando el deterioro en Electricidad, se les olvidó la denuncia de Nuria: desde agosto de 2004 hasta febrero de 2009 la nómina de la CDEEE subió de RD$84 a RD$400 millones, con un total de 8,862 empleados, y estaba plagada de nepotismo con altos sueldos. Entre sus donaciones a “Iglesias fantasmas” se encontraba una a la Católica por 10 millones de pesos. Es deshonesto participar de la corrupción y simultáneamente denunciarla.
Como la Iglesia utiliza el dinero público, el pueblo tiene derecho a saber cuánto le cuesta mantenerla. Esto implica desglosar los costos por cada Ministerio, Fuerzas Armadas, Tesoro Nacional, Obras Públicas, Ministerio de Salud y Educación entre otros. El financiamiento de docentes de los Colegios privados es anticonstitucional y reproduce la segregación clasista desde el mismo Estado. ¿Sabes cuánto le cuesta al pueblo financiar a la clase media en colegios católicos? El sistema está hecho para ocultarlo. La Iglesia funciona sin transparencia y al hacerlo crea los mecanismos para esconder el dinero que recibe de los contribuyentes, convirtiéndose en la Madre Sagrada de la Corrupción.