Las respuestas penitenciarias que diseñan las sociedades difícilmente dejan satisfechos a todos. Para unos es poco, demasiado suave, para otros es demasiado duro y después están todos los quedan atrapados en el medio. Gestionar el pliego de demandas que componen víctimas y todos los que reconocemos su dolor, defensores de derechos humanos, familiares de los encarcelados y los propios encarcelados no es tarea sencilla para los que tienen a su cargo la administración del sistema.
Nuestras sociedades crecen, avanzan, se conservan y evolucionan sobre la premisa de que nos podemos comunicar, aprender el uno del otro, crear y compartir conocimiento. El encierro implica un ajuste en forma, tiempo y acceso a los medios disponibles para atender esa necesidad fundamental. Como es natural y con todo derecho, no se quiere que los encarcelados, abusando de sus "derechos", pisoteen los de otros.
El desafío, entonces, parece estar en regular la comunicación. Sin embargo, como se podrá imaginar, los más de 21 mil hombres y mujeres en encierro generan diariamente, la mayoría de inspiración y fines legítimos, una cantidad de información, mensajes, correspondencias, llamadas y visitas que hace del proceso regulatorio una montaña difícil de escalar. La envergadura de la tarea en combinación con las consabidas limitaciones de recursos quizás permitan juzgar mejor, que no justificar, los casos en que encarcelados hayan resultado complicados en alguna actividad criminal aun después de estar en prisión.
En materia de prisiones, como en todo en la vida, lo perfecto es enemigo de lo posible. Tengo años escuchando hablar de bloquear señales y no sé cuántas otras maravillas, todas muy costosas dicho sea de paso. Las telefónicas se oponen porque los bloqueadores pueden afectar los servicios de usuarios legítimos pues la mayoría de nuestros penales están enclavados en áreas muy pobladas. También está el tema de la salud, pues los bloqueadores operan en frecuencias potencialmente dañinas para los seres humanos expuestos a las mismas de manera regular. Finalmente esta el asunto de cómo justificar la inversión de millones de dólares en la instalación de tecnología cuando en la mayoría de los penales, sin que esto implique un desconocimiento a los esfuerzos oficiales, persisten carencias elementales.
Que no quepa duda, apoyo y valoro la buena intención del señor Procurador General y el Director de Prisiones. Quizás, en lo que se resuelven las dificultades antes expuestas pudiéramos ir implementando a nivel de sistema, haciendo los ajustes que fueran pertinentes, algunas experiencias exitosas de regulación y control en uso actualmente que aunque puntuales no dejan de ser válidas. Por ejemplo, tomo el caso porque lo conozco de primera mano, en la escuela que dirijo en Najayo Hombres (400 estudiantes en tres tandas) los teléfonos están prohibidos. Si alguno osa violar la disposición procedo a incautárselo y solo se lo devuelvo a sus parientes. No es perfecto, pero funciona. No peleo, no maltrato, simplemente junto a mi equipo de colaboradores ejecuto de forma coherente y regular.
Señores autoridades, estoy a sus órdenes.