El origen:
“He intentado escuchar lo que todo el mundo tenía que decir antes de aventurar mi propia opinión”. Nelson Mandela.
Para muchos, la crisis eléctrica en el país se deriva indefectiblemente de los efectos nocivos de una capitalización mostrenca, establecida en franco detrimento de los intereses del pueblo. Su existencia data de una ley especial marcada con el número 141-97, agenciada y promulgada en la primera administración morada. Esta norma, creada con el fin de descentralizar los servicios energéticos a través de empresas de generación y distribución de electricidad, en donde el Estado pasaría a ser socio mayoritario con participación no menor al cincuenta por ciento de las acciones, fue el inicio de todo.
De tiempo en tiempo se fue readaptando, según el interés de turno, el esquema sobre el que regirían los procesos de electrificación estatal, coexistían a la llegada del nuevo gobierno, las empresas precitadas más la CDEEE, cuya finalidad era liderar y coordinar las empresas eléctricas y llevar a cabo programas del Estado en materia de electrificación rural y suburbana. Tenía además la encomienda de generar las condiciones adecuadas para la prestación y mejoría de los servicios públicos en materia de energía eléctrica, así como gestionar arreglos de pagos entre las EDES.
Hasta ahí, obviando la herencia criolla cimentada por Cristóbal de Santa Clara en pleno auge del colonialismo imperial. Los incesantes apagones, la mala calidad de la distribución, la inestabilidad de la generación, la falta de un plan estratégico de mejora sustancial. Ningún acto. Nada había provocado el daño que le ha ocasionado al sistema la llegada de un clan con características de mafia, que vulneró todo precepto con el único fin de enriquecerse alterando las reglas elaboradas para el manejo de compras y contrataciones públicas.
La actual crisis y sobre la que pesa un extenso expediente de corrupción, a la luz de las nuevas autoridades, nace en el mismo instante en que el dictadorzuelo nacido en una montaña del Granero del Sur, decidiese nombrar como funcionarios de la CDEEE y las empresas destinadas a la distribución a los señores Luis Ernesto De León Núñez, Hipólito Núñez y Julio César Correa, designados mediante el Decreto 462-12, emitido un día después de la canonización del ungido sureño.
Los acólitos de Medina, cuenta la leyenda, iniciaron de inmediato un plan estratégico de corrupción administrativa con el que acumularían innúmeras fortunas a partir de las contrataciones públicas amañadas, fraudulentas y sobrevaloradas. Realizadas en violación de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado y creando una estructura corrupta circular casi perfecta, que dejaba en manos del grupo familiar del expresidente y su esposa, un alto porcentaje de las contrataciones del sector eléctrico.
Los hoy imputados, hermanos, cuñados, concuñados y allegados del expresidente y su cohorte, según los informes vertidos posterior a la experticia legal encaminada en la procuraduría por los incumbentes actuales, eran partícipes en un sinnúmero de procesos de compras fraudulentos, suscribiendo contratos leoninos que transgredían, los numerales 1 y 5 del artículo 14 de la Ley 340-06 que abordan la imposibilidad de que los familiares directos de los funcionarios participen en procesos de compras en las entidades donde estos ejercen sus funciones.
Bajo esa premisa sustentaron la celebración de un sistema de proveedor único, con modalidades de compras directas, manipulando las fichas técnicas y provocando alteraciones al sistema con información complaciente. El acto consistía en indicar la obligatoriedad de adquirir los productos y servicios con especificidades de las empresas de los encartados. Dejando a las nuevas autoridades un desafío inquebrantable y es que, para citar a Renato Miguel de Carmo y André Barata: “A la luz de este escenario, un nuevo ciclo debe significar la continuidad del robustecimiento de la democracia”.