Opinión

El desamparo de los policías

Por Nassef Perdomo Cordero

De todos es sabido que la sociedad dominicana tiene todavía por delante muchos retos que superar si verdaderamente aspira al título de Estado Social y Democrático de Derecho.  Uno de esos retos es la cultura profundamente autoritaria que permea la mayor parte de nuestras instituciones. Muchos son todavía los que creen que con “mano dura” o “pantalones” se resuelven los problemas que nos aquejan. Sin darse cuenta de que esa forma de ver las cosas y de actuar es, precisamente, una de nuestras retrancas.

No podemos seguir supliendo nuestras deficiencias mediante la aplicación de una firmeza mal entendida. Esto es incompatible con la institucionalidad a la que tanto decimos aspirar.  Esta sólo se puede alcanzar mediante la aplicación racional de reglas claras y, sobre todo, justas.  Para los temas públicos esto debe ser entendido en el contexto de las disposiciones constitucionales, pues son estas y no otras las que señalan lo que es aceptable y justo en el ordenamiento jurídico dominicano.

Las arbitrariedades fruto de nuestra pasión por la “mano dura” suele tener consecuencias nefastas para los fines que procuramos alcanzar a través de ella. Por ejemplo, la seguridad ciudadana. Mucho se ha hablado –con razón- de lo dañino que es para los ciudadanos y su seguridad, así como para su relación con el Estado, la forma abusiva en la que muchas veces se conducen los agentes de la Policía Nacional en el ejercicio de sus funciones. Lamentablemente, no se le da la importancia que tiene al problema de las arbitrariedades que se producen en el seno mismo de la Policía. Deberían señalarse y corregirse también, quizás con la misma urgencia que las que se producen de cara a la ciudadanía.

La razón es simple: los policías, acostumbrados a que un uniforme y un rango son licencia para el abuso, suelen reproducir con los ciudadanos lo que sufren a manos de sus superiores.

Para muestra un botón: Hace unos años me detuvo un policía en uno de esos retenes en la oscuridad a los que se apela en este país cada cierto tiempo. Molesto por la improcedencia de lo que ocurría y preocupado por el desamparo en el que nos vemos los dominicanos en estas situaciones, le pregunté al policía que por qué me detenía. Inquirí sobre las razones por las que me había detenido, con qué fundamento legal lo hacía y la razón de la medida. Su respuesta, cándida como pocas, me desarmó. Me miró fijamente y me dijo “Ay, amigo. Ni yo mismo sé. Me dieron órdenes y aquí estoy hasta el amanezca”.

Luego de decirme esto me devolvió mis documentos y, para mérito suyo, ni siquiera insinuó que lo sobornara.  Pero el mérito –reitero- fue suyo y no de la institución que representaba. Los policías dominicanos no tienen sueldos decentes, ni condiciones de trabajo decentes o justas, pero tampoco tienen seguridad laboral ni de su propia libertad. Y no se trata sólo de los alistados, aunque ellos en particular sufren más las inclemencias de la injusticia institucional.

A principios de semana se hizo público que el Consejo Superior Policial había recomendado que se sancionara con “arresto” de 10 días al antiguo vocero de la Policía Nacional, el general Máximo Báez Aybar.  La sanción fue justificada por la supuesta negligencia con la que actuó el general  en relación al caso del allanamiento realizado en octubre al Residencial Mulata II en Sosúa, Puerto Plata.  Aunque Báez Aybar no participó en el allanamiento, sino que en ese momento era Director de Investigaciones de la Policía, fue objeto de sanción junto a otros dos generales.

Pero lo preocupante del caso no es esto, sino que, como evidenció el mismo general en su cuenta de Twitter, no tenía conocimiento de la sanción en su contra.  Habría que preguntarse si conocía de la posibilidad de que fuera objeto de ella, si conocía el proceso. Pero lo cierto es que fue de los últimos en enterarse de que esta sanción había sido recomendada en su caso.

No sólo esto, sino que también esta decisión viola directamente el artículo 40.1 constitucional, que ordena que “Nadie podrá ser reducido a prisión o cohibido de su libertad sin orden motivada y escrita de juez competente, salvo el caso de flagrante delito”. También viola el artículo 40.17 constitucional que impide a los órganos administrativos imponer sanciones penales. ¿Cómo se justifica entonces que un órgano administrativo “recomiende” esta sanción? En todo caso, y por tratarse de una supuesta negligencia en el servicio, los competentes eran los tribunales policiales. Pero aún en ese caso, la sanción de “arresto” es de una constitucionalidad más que dudosa. Toda vez que la Constitución prohíbe que se sancione a nadie por el hecho de otro.

Cabe preguntarse entonces, ¿cómo se administra la disciplina en el seno de la Policía Nacional? Si esto es a un general, lo que ocurre con los alistados debe ser verdaderamente espantoso.  Ningún policía debe sentirse vejado por la institución de la que forma parte. Ese debe ser un objetivo esencial de la necesaria reforma policial y es imprescindible para que la Policía pueda ejercer su función de garantizar la seguridad ciudadana.

Finalmente, debo reconocer que este no es un tema abstracto o académico para mí. Es personal. Y lo es porque, como la mayoría de los dominicanos, estoy sujeto a la buena voluntad de los militares y policías que me detienen en las noches siguiendo órdenes inconstitucionales de instituciones que los maltratan.

Me ocurre con cierta frecuencia, como el sábado en la noche cuando, en un tramo de un kilómetro me detuvieron dos veces. La segunda de ellas, a las 12:30 de la noche, uno de los policías se montó en mi automóvil conmigo y me ordenó que nos dirigiéramos a un “operativo de AMET” para ponerme una multa. Pocas cuadras después –y después de pedirme mi carnet de abogado para asegurarse de que ciertamente lo soy- me pidió que me detuviera.  Luego de intercambiar unas palabras amables conmigo –no estoy siendo irónico- se montó con su compañero en un motor y se marchó.

Yo no sé sus nombres, no sé a qué destacamento pertenecían. Sólo sé que dos veces en media hora mi libertad y mi seguridad física dependieron de agentes policiales. Por suerte para mí supieron respetarme como ciudadano.  Pero yo preferiría tener la seguridad de que estos agentes no formen parte de una institución que normaliza la arbitrariedad, que sabrán valorar mis derechos porque los suyos son también valorados. Es justo y necesario.

 

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