Dice el esperanzador refrán popular que “después de la tempestad viene la calma”. Por primera vez se percibe una ligera calma desde que aquel infame 16 de febrero la inesperada suspensión de las Elecciones Generales Municipales hizo sacudir peligrosamente los cimientos de la democracia dominicana.

Cada paso dado desde entonces por la Junta Central Electoral ha tenido el propósito de lograr lo que parecía inalcanzable: la normalización del proceso electoral.

Sorprendentemente el órgano lo ha logrado, al tiempo que ha mejorado sus relaciones con los partidos políticos, a quienes consulta permanentemente antes de tomar las decisiones relativas a la organización de las elecciones.

Las frustradas elecciones del pasado 16 de febrero llevaron al órgano electoral a tener una de las valoraciones más bajas de su historia. Y no era para menos, se trató de la primera suspensión de unas elecciones. Pero, es justo reconocer que ha mejorado más de lo esperado.

Recuperar la confianza de la mayoría de los ciudadanos es una tarea ciclópea de la Junta Central Electoral, para lo cual deberán asumir el buen criterio expresado por la Enciclopedia Electoral ACE, en el sentido de que “es de vital importancia para el proceso electoral de un país, que la administración de las elecciones se perciba independiente de todos los partidos y del gobierno. Si el OE no goza de esta confianza, el proceso electoral en conjunto y sus resultados pueden ser cuestionados”.

Sin embargo, el celo del árbitro por la consolidación de la percepción de independencia, bajo ninguna circunstancia debe llegar al extremo de convertirse en un elemento de discordia con los partidos políticos y la sociedad civil.

La intolerancia de los órganos electorales ante los reclamos de los partidos políticos, lo mismo que la imposición arbitraria de sus decisiones, son dos peligrosos generadores de desconfianza. Por el contrario, la relación fluida, cordial y respetuosa con los mismos, contribuye con el afianzamiento de la confianza en la institución.

Con la confianza contribuye también el grado de neutralidad e imparcialidad con que operen el administrador y el juzgador de los procesos electorales. La parcialización aniquila, irremediablemente, la confianza en el órgano y la credibilidad de todo el proceso electoral, al tiempo que provoca, por vía de consecuencia, el cuestionamiento a la integridad de las elecciones.

Para ser depositario de la confianza de los partidos políticos y de toda la sociedad, se requiere, además, que el órgano electoral actúe con transparencia.  En ese sentido, la citada Enciclopedia Electoral ACE estima que “un proceso abierto y transparente que ponga a consideración pública las decisiones y razonamientos del OE, promoverá la comprensión del proceso electoral e incrementará los márgenes de credibilidad en su administración”.

No obstante, la Junta Central Electoral tendrá la gran oportunidad de recuperar la confianza de la población y el respeto de los demás órganos electorales de la región, si logra que las elecciones municipales del domingo 15 sean exitosas.

Este es un trascendental desafió, del que confió saldrá airoso el órgano electoral, tomando en consideración que en los referidos comicios, cuyo escrutinio será manual, se escogerán 1,164 regidores y 735 vocales de distritos municipales, mediante el complejo mecanismo del voto preferencial.