Patriotismo constitucional

El (des) amparo de los jueces

Por Cristóbal Rodríguez

La judicatura nacional ha vuelto a ser noticia recurrente. Y no me refiero a las crónicas periodísticas servidas por los medios sobre casos de especial trascendencia ventilados en nuestros tribunales.

Hablo de una lamentable forma de ser noticia: la que se expresa en las renuncias de algunos de nuestros ex-magistrados emblemáticos.Jueces  de una recia formación como juristas y de una acrisolada solvencia moral evidenciada en el desempeño sus respectivos cargos. Juan Manuel Guerrero y Pedro Balbuena, entre otros, son una muestra cabal de lo que acabo de afirmar.

¿Por qué renuncian algunos de nuestros mejores jueces? La razón, -más allá del consabido formalismo de la carta de despedida- es de una simplicidad desconcertante: renuncian porque las condiciones en que venían ejerciendo sus funciones,hace mucho tiempo que habían dejado de ser mínimamente satisfactorias.

Hablo de otra forma lamentable de ser noticia, de esos titulares que a mediados de octubre daban cuenta de que representantes de tres asociaciones de jueces, en ejercicio de su derecho de asociación, se congregaron en la explanada del edificio de la Corte Suprema de Justicia para solicitar un mejor presupuesto para su institución. Digámoslo más claro: reclamaban el simple cumplimiento de la ley.

Una noticia más lamentable todavía: el reclamo por mejoría en el presupuesto del Poder Judicial no encontró oídos receptivos en las instancias que agotan el denominado “ciclo presupuestario”, y el Presupuesto General del Estado para el 2014 fue aprobado por el Congreso en inobservancia de la Ley 194-04 y de las disposiciones constitucionales que le prestan fundamento. Esta leymanda a asignar un 4.10% delPresupuestoGeneral del Estado para el Poder Judicial y la Procuraduría General de la República, distribuido en un 2.66% al Poder Judicial y1.44% a la Procuraduría.

En virtud de lo anterior,hace unos días que más de 40 magistrados, -que con frecuencia tienen que conocer y fallar acciones de amparo para proteger los derechos de los usuarios de sus tribunales-se vieron obligados a convertirse, a su vez, en actores activos del proceso. Interpusieron una acción amparistacon la pretensión manifiesta de evitar la promulgación de la ley del Presupuesto General del Estado por parte del Poder Ejecutivo. Como se sabe, antes de que el tribunal se pronunciara, el Ejecutivo promulgó la Ley y, también para el 2014 el Judicial se queda en una lamentable estrechez de recursos.

Desde el año 2006, el Poder Judicial de la República Dominicana ha observado una drástica disminución presupuestaria que va, de  2.04% a un 1.07% en el 2012.En relación con Producto Interno Bruto la reducción equivalente es de 0.27 a 0.16. Tenemos así que para el año 2006 el presupuesto fue de un 2.04%; para el 2007 de un 1.73; para el 2008 de 1.69; en 2009 de 1.67; siendo de 1.55 en 2010; de 1.28 en 2011 y 1.19 en 2012.

Se estima que el Poder Judicial estará imposibilitado de poner en funcionamiento al menos 100 tribunales creados por ley en diferentes Departamentos Judiciales, cuyo  costo de operación se sitúa en RD$516.13 millones al año, así como la construcción y remodelación programadas para alrededor de 30 tribunales.

Conviene recordar que poco tiempo después de haber asumido como Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Doctor Mariano Germán Mejía anunció al país, como un hallazgo descorazonador, que la reforma de la jurisdicción inmobiliaria había fracasado y que encaminaría los esfuerzos de lugar para retomar ese proceso por su singular importancia. Recuerdo que compartía la mesa en el almuerzo con Ana Virginia Calzada, Presidenta de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica y, por una casi teatral coincidencia, mientras el Dr. Mejía anunciaba el fracaso de la reforma inmobiliaria, un sismo de magnitudes importantes estremecía San José.

No hay posibilidad de revertir el proceso de reforma de la jurisdicción inmobiliaria con recursos escasos y en merma. La sistemática disminución del presupuesto del Poder Judicial es una de las amenazas que se ciernen sobre la independencia de este poder del Estado y la imparcialidad de sus jueces.

Nuestros jueces están en una preocupante situación de desamparo que debe llamar la atención de toda la sociedad (léase en mayúsculas). Y es que más que las renuncias de jueces ejemplares (que se seguirán produciendo sin dudas) preocupa la permanencia de aquellos que pudieran quedarse porque no tengan otra alternativa. El peor escenario al que se puede enfrentar la institucionalidad de un país  consiste en la combinación de la asfixia económica a su Poder judicial con la pérdida creciente de expectativas, por parte de los jueces, en las posibilidades de promoción y progreso en su sistema de carrera, tal como ha venido sucediendo entre nosotros.

Con este cuadro delante, he vuelto a leer el impecable Discurso Preliminar de la Constitución de Cádizpronunciado por Don Agustín de Argüelles. Allí se puede leer:“La meditación más profunda apenas es bastante a explicar el origen de la sublime institución de los jueces; y acaso el mayor sacrificio que pueden hacer los hombres está en someterse a lo que decidan sus iguales en las cosas que pueden ser más caras y esenciales a su existencia y conservación. Esta reflexión hace ver cuánto importa que los jueces no puedan ser distraídos en ningún caso de las augustas funciones de su ministerio.”

“Como la integridad de los jueces es el requisito más esencial para el buen desempeño de su cargo, es preciso asegurar en ellos esta virtud por cuantos medios sean imaginables. Su ánimo debe estar protegido de las impresiones que pueda producir hasta el remoto recelo de una separación violenta”

Nuestros jueces, que a diario imparte justicia amparista, precisan ser amparados. Corresponde a la política y a la sociedad tomar cartas en el asunto. Todavía estamos a tiempo.

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