Si esperamos tener políticas públicas más efectivas, nuestro desarrollo político debe empujarnos progresivamente hacia decisiones más racionales y fundamentadas en la evidencia. Sin embargo, la reciente aprobación del nuevo Código Penal, subsiguientemente observado por el Presidente Medina, es muestra de la persistencia de diversos sectores, con firma del Congreso, en hacer de dogmas políticas de Estado.
El debate desencadenado a partir de la observación, centrado en el proceso y el rédito político de la misma, ha hecho poco para visibilizar el drama social generado por las políticas del Estado dominicano en lo referente a la sexualidad, la maternidad y el aborto. Carentes de estrategia, sectores liberales reaccionan a titulares y pierden de vista los objetivos. El tema central del debate debe ser costo de la inacción. El costo, facturado en vidas, de una pobre política de Estado.
Con el objetivo declarado de salvar vidas, y fundamentados en preceptos religiosos, los sectores más conservadores han conseguido mantener una política restrictiva del aborto. En un intento de blindar su posición, han buscado refugio en la Constitución. Sin embargo, no parecen haberse detenido a evaluar los resultados de estos esfuerzos.
Un estudio de 2012 sobre las políticas en materia de aborto y sus indicadores asociados publicado por The Lancet, una revista especializada en ciencias médicas, provee datos de interés para el debate. Los grupos conservadores se oponen a la despenalización y legalización del aborto ya que ven en este la amenaza de un mayor uso del mismo. Contrario a dicho supuesto, el estudio muestra que la tasa de abortos en países con políticas liberales tiende a ser menor que en países con políticas restrictivas (Gráfico 1). A pesar de estar caracterizada por políticas restrictivas, la región de América Latina y el Caribe (ALC) vio un ligero aumento en su tasa de abortos en el período evaluado (1995-2008), mientras que esta se redujo en Europa, Norteamérica y Oceanía, con políticas liberales.
Fuente: Elaboración del autor basado en datos de Sedgh, G. et al. (2012) “Induced Abortion: Incidence and Trends Worldwide from 1995 to 2008” in The Lancet, Vol. 379, Issue 9816, pp. 625-632
El estudio estima que un 25% de los embarazos de la región ALC terminan en abortos. Dichos datos ponen en evidencia que la restricción legal del aborto no ha impedido ni disminuido su práctica, sino que la ha empujado a la clandestinidad, condenando a miles de mujeres a la desprotección.
El ya mencionado estudio resalta que si bien los procesos abortivos ejecutados en condiciones adecuadas son generalmente de bajo riesgo, los abortos realizados en condiciones inseguras contribuyen sustancialmente a la mortalidad materna. Dichos riesgos están desigualmente repartidos. Las mujeres de más recursos tienen acceso a soluciones seguras mientras que las de grupos económicos vulnerables están obligados a recurrir a opciones más riesgosas. Los investigadores estiman que 46% de los abortos en la región del Caribe son inseguros. Según el Ministerio de Salud Pública, hasta 10% de las muertes maternas en el país se explican por la práctica de abortos inseguros.
No obstante estos resultados, los defensores de dichas políticas han puesto menos atención a otros factores verdaderamente decisivos en la tasa de abortos del país. Han sido, por ejemplo, opositores tradicionales a los métodos más efectivos para evitar embarazos no deseados, como la educación sexual o la promoción del uso de métodos anticonceptivos (vale reconocer el reciente cambio de postura de la Iglesia Católica en cuanto a la educación sexual). Combinadas con la ausencia de una red de protección social que de soporte a nuestros grupos más vulnerables, dichas posiciones -que obvian dimensiones importantes de la naturaleza humana- han convertido a la República Dominicana en una potencia del embarazo infantil y la reproducción de la pobreza.
Fuente: World Bank (2015) World Development Indicators.
Aunque bienintencionados, muchos de los sectores auto-denominados pro-vida parecen asumir una lucha contra una supuesta promoción y práctica desenfrenada del aborto. Dicha visión desconoce la realidad y la tragedia que envuelven al mismo. No ve que el aborto en la mayoría de los casos es un dolor aceptado para evitar uno estimado mayor. No entiende que es vivido, casi siempre, como una forma de fracaso. Es no entender el calvario de seguir adelante con el producto de un estupro o un embarazo sin oportunidades de éxito. Es a veces, el mal necesario para salvar, al menos, una de las vidas. Sobre todo, no reconoce que se trata de una decisión compleja y con frecuencia traumática; una decisión sin respuestas correctas que busca encontrar un balance entre numerosos dilemas.
Contrario a lo avanzado por sectores conservadores, las políticas prohibitivas han fracasado en su intento para disminuir o eliminar la práctica del aborto. Enfocados en su penalización, no han atendido los factores económicos, sociales, educativos y psicológicos que empujan a las mujeres a tomar la decisión de abortar. Si el foco fueran los resultados, si éstos interesaran más que el dogma, volcaran esas energías a proveer a las mujeres de las herramientas necesarias para desarrollar su vida emocional, social y económica de manera que el aborto se convierta en una última y rara opción; de manera que se eviten muertes innecesarias.
Mientras tanto, la triste realidad, la dolorosa paradoja, muestra que las más tozudas e intransigentes políticas “pro-vida” y la doctrina de la sexualidad como tabú nos han dejado un legado de muerte. Más abortos, más muertes maternas. Hacer políticas basadas en dogmas nos ha privado además de riquezas. Las altas tasas de embarazo adolescente en nuestro país apartan a las jóvenes de las aulas y el desarrollo profesional, contribuyendo a crear más pobreza.
Hoy toca al legislador dominicano decidir. Decidir si insistimos en decisiones de Estado fundamentadas en dogmas. Decidir si la satisfacción del canon de la iglesia o la moral cristiana bien valen tanto dolor. Decidir si queremos, como hoy, que más de 20% de nuestras adolescentes estén embarazadas o sean ya madres. Decidir si desde el Congreso se seguirán diseñando políticas fuera de sintonía con la realidad dominicana. Decidir si hacen falta más Esperancitas para llevarnos a la racionalidad. Decidir si estamos dispuestos a dar el salto, y definir políticas sustentadas por la evidencia, o si seguiremos pagando el precio de la insensatez.
Fuente: World Bank (2015) World Development Indicators
Referencias:
Sedgh, G. et al. (2012) “Induced Abortion: Incidence and Trends Worldwide from 1995 to 2008” in The Lancet, Vol. 379, Issue 9816, pp. 625-632