Pocos han hablado y escrito sobre los oscuros secretos en torno a las perversidades, crímenes y abusos de poder de la gran mayoría de nuestros gobiernos en toda la historia del Estado dominicano y hasta hace poco el temor generalizado por la población común consideraba hablar de estos un tabú, razón que entiendo ha permitido excluir el escrutinio y que no sean examinados minuciosamente la importancia e incidencia de los actores que han servido de instrumentos para el control social opresor, antidemocrático y dictatorial.
Dicho sistema tradicional corrupto y corruptor que ha subsistido protagonizado por los gobiernos irresponsables y sus cómplices socios de la oligarquía privilegiada que han administrado la cosa pública como una empresa privada monopolizando con exclusividad los beneficios del producto interno bruto y socializando los problemas, conflictos y números negativos, que se lo cargan al pueblo trabajador y honesto; lo que ha sido posible por el monopolio de la fuerza que reside en el Estado y que aportan los cuerpos castrenses y de seguridad conformados por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional con los demás organismos especializados dependientes y relacionados que incluyen los de inteligencia, investigación y espionaje o caliesaje.
Situación a la que nuestra sociedad ha vivido de espaldas y sin reconocer o aceptar que este sistema deshonesto se sostiene protegido por las instituciones de armas o de uniformes, las cuales han sido adoctrinadas para ser sumisas, dóciles, obedientes, serviles y subordinadas a los gobiernos y grupos de poder que controlan todo. Esta realidad continúa porque a la población y a los sectores pensantes no les interesa o no entienden que la represión, el autoritarismo, la fuerza bruta, los abusos e injusticias existen por la facultad y privilegio del monopolio de la fuerza que reposa en nuestras instituciones militares y policiales manejadas al antojo del presidente y los poderes corrompidos.
En estos momentos los policías y militares, de igual manera los pensionados están más desmoralizados y debilitados que nunca. Les han matado su dignidad individual e institucional, lo que los convierte en instrumentos serviles con débil institucionalidad para aplicar la ley y el orden con responsabilidad a favor de la sociedad, pero fuertes y peligrosos para usarlos en los negocios oscuros, corruptos y criminales que operan como mafias organizadas al servicio del mal.
Nuestros militares y policías han perdido su orgullo y espíritu de cuerpo: No tienen derechos ni libertades, no pueden votar, no tienen instancias de reclamo para que protejan o defiendan sus derechos, no tienen libertad de expresión ni facultad para deliberar, no tienen seguridad social mínimamente aceptable, no se les respetan ni reconocen el escalafón ni los méritos, los entrenan como animales sin la más mínima dignidad y para colmo tenemos las instituciones policiales y militares peores pagadas de América, a pesar de ser la profesión de mayor riesgo según estadísticas de víctimas en el desempeño de sus funciones.
Hoy hay un gran reto para el gobierno del cambio: la sociedad dominicana y la juventud como protagonistas se indignan en un gran despertar para reclamar institucionalidad democrática y transparencia ética en la administración pública y exigen justicia con régimen de consecuencias para los corruptos y ladrones, para así, poner fin a la impunidad.
Es digno felicitar y reconocer esa juventud de la que hoy me enorgullezco decidida al cambio y adueñarse de su futuro que ha estado secuestrado por ese sistema corrupto imperante durante nuestra historia Republicana. Sin embargo, esto será muy difícil si no involucramos a todos los sectores sociales y muy especialmente a los que conocen y han mantenido un compromiso responsable y transparente en sus acciones, en los asuntos públicos o como funcionarios.
El sector social conformado por los policías y los militares debe ser tomado en cuenta en esta coyuntura de cambio propuesta por las autoridades políticas gobernantes. Si hacemos un repaso por nuestra historia, fijando la mira en el evento considerado por algunos historiadores, como el más significativo de la historia dominicana, la guerra de abril del 1965 y sus consecuencias, nos damos cuenta de que quienes ejercieron un papel protagónico eran militares, como el coronel Rafael Fernández Domínguez y Francisco Alberto Caamaño. Por desgracia estos no contaron con el apoyo de otros sectores sociales y la oligarquía que terminó aliándose con la invasión norteamericana, oponiéndose a ellos.
Luego de la derrota del bando constitucionalista, los militares que hubieron tenido un papel protagónico en el otro bando conservador durante el desarrollo de la contienda, pasaron a ser en el gobierno dictatorial de Joaquín Balaguer el principal instrumento represivo de su régimen. Si los militares constitucionalistas hubieran contado con apoyados y tomados en cuenta durante la contienda de 1965, tal vez las instituciones militares y policiales no hubieran jugado un papel tan nefasto durante el régimen de Balaguer, y hoy su doctrina sería diferente.
Ninguna revolución en el mundo ha tenido éxito si no cuenta con apoyo de los militares y policías de pensamiento liberal y patriótico. Hemos señalado este sector castrense porque es en el que me he definido, pero no es el único a destacar para aportar en esta crisis actual que pone en riesgo la débil institucionalidad democrática que nos queda. Hay muchos rencores y resentimientos que nos obligan a cambiar las relaciones de los militares y policías con la sociedad recíprocamente.
Parecería que detrás de la determinación del Plan de Reforma Policial se están orquestado otros planes que amenazan con destruir o desintegrar la Policía Nacional, aunque reconocemos los esfuerzo del Presidente Luis Abinader, pocas cosas buenas les ha tocado vivir en las últimas dos décadas, hoy los policías están más desmoralizados y debilitados que nunca y por ende su institución. Los que están pensionados claman ¡Auxilio! por la exclusión, los maltratos y otros tantos desprecios.
Por lo antes expuesto quiero hacer un llamado de atención, a los líderes de la sociedad civil y en especial a los jóvenes destacados en el Trabucazo 2020 que hoy muchos de ellos forman parte del tren gubernamental, y como funcionarios están obligados a sumarse a buscar soluciones consensuadas a los principales problemas sociales del país, sin exclusiones ni discriminaciones de ningún tipo a las personas que quieren aportar, apoyar y participar de manera responsable y transparente.
Dios bendiga siempre al pueblo dominicano. Todo por la patria.