El Concordato entre la Santa Sede y la República Dominicana data de 67 años de vigencia, firmado el 16 de junio de 1954 entre monseñor Domenico Tardini y el dictador Rafael L. Trujillo, el mismo por razón del fin que pretende es un acuerdo de amistad y alianza, que busca la colaboración fecunda entre la Iglesia y el Estado para el mayor bien de la vida religiosa y civil de la Nación como explícitamente cita el acuerdo.
La realidad es que cuando en una sociedad no prima un Estado de Derecho, es porque prima un Estado de Privilegios, es decir, una sociedad que crea una serie de instituciones cuya estructura organizacional y fines están destinadas a privilegiar con excepciones y prerrogativas la suerte de un segmento determinado en el entramado social, con ella se genera una cultura, una serie de costumbres, normas y creencias que todos naturalizan y asumen como dadas e inmutables. Las diversas concesiones de las que disfruta la iglesia católica producto de este acuerdo de amistad y alianza, ideada como estrategia política por el dictador Rafael L. Trujillo, lo hace ante los ojos del grueso de los dominicanos que no estamos cobijados bajo la misma sombra de la sombrilla moral de sus privilegiados, ver desde afuera este acuerdo como lo que realmente es, un remanente trujillista que se ha enquistado en el universo moral y en el imaginario social como única verdad, dictatorial, inmutable e indiscutible que divide por diferencias insalvables a la sociedad dominicana en dos bandos diametralmente opuestos entre sí.
Durante la dictadura trujillista, la iglesia católica puede afirmarse que siempre gozó de una relación de amistad y colaboración mutua desde que la máxima autoridad era el monseñor Francisco A. Nouel, y se consolidó con la firma del Concordato, para generar formalmente vínculos que el dictador aprovechó para afianzar su imagen y de su gobierno bajo la sombrilla moral de la iglesia católica, con la cual comulgaba y a la que reverenciaba con su puntual presencia en las actividades religiosas y en el Tedéum que se oficiaba, dicha relación sólo empezó a cambiar a partir de 1959 cuando ya los crímenes, torturas y vejámenes del dictador deterioraron su imagen y las relaciones con la iglesia, que se vio obligada a fijar posición de rechazo por parte de sacerdotes y prelados ante los abusos de poder cometidos.
Tras la muerte del dictador, la iglesia católica se erige con la superioridad moral que se adjudicaba este sobre todo el orden social, pero actualmente en especial sobre dos segmentos de importancia en la sociedad; la iglesia cristiana, que denuncia el privilegio económico y de relevancia social del que goza la iglesia católica, y la sociedad civil auspiciada por ONGs internacionales, 56 en total, que favorecen un Estado Laico en todas su acepciones y que defiende luchas sociales afines con los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
En un informe internacional sobre libertad religiosa llevado a cabo en el país en 2015 por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la evidencia es clara al demostrar que pese a que la Constitución Dominicana garantiza la libertad de religión y cultos, declarándose así Estado aconfesional y afirmando con ello que ninguna confesión de fe tendrá carácter estatal; el Concordato con la Santa Sede designa el catolicismo como religión oficial, extendiéndole con ello una serie de privilegios especiales a la iglesia católica que no se le otorga a ningún grupo religioso.
Estos privilegios incluyen el reconocimiento legal de la ley de la iglesia, el uso de fondos públicos para financiar algunos gastos de la iglesia, la exención de derechos aduanales y reservarse la autoridad de revisar todos los libros de texto utilizados en las escuelas públicas a nivel nacional, como también la libertad de establecer y mantener bajo su autoridad eclesiástica, escuelas de cualquier orden y grado con plena autonomía y potestad en dicho orden educativo.
Sin embargo, los grupos no católicos deben inscribirse como organizaciones no gubernamentales en la Procuraduría General de la República y después en el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Aduanas y tras este registro es que podrían solicitar la exención de los derechos aduanales en el Ministerio de Hacienda, pero a su vez denuncian dificultades al momento de solicitar y recibir el reembolso de los derechos aduanales pagados, por parte del Ministerio de Hacienda, también sucede que los misioneros no católicos no pueden obtener visados bajo la misma categoría que los líderes religiosos católicos, haciendo que el proceso de traer misioneros al país les sea más costoso y difícil.
La realidad es que mientras los grupos religiosos no católicos están sujetos a estas limitaciones, propias de un Estado que dice garantizar la libertad de religión y cultos, por otro lado provee un trato privilegiado a una religión exclusiva, la católica, que continúa disfrutando aún, más de 60 años después, de una serie de privilegios que incluyen exenciones tributarias adquiridas, no bajo un Estado de derecho sino bajo una dictadura, haciéndola prevalecer como el último remanente trujillista de carácter moral que mantiene polarizada la sociedad dominicana sobre temas que afectan directamente la dignidad humana de la mujer, que no cuenta con los privilegios de otro sector que comparte la superioridad moral de la iglesia católica en lo concerniente a la educación sexual y reproductiva, el derecho de autonomía, integridad y seguridad sexuales del cuerpo de la mujer y en lo referente al tema del aborto condicionado a las tres causales.
El tema sobre el aborto llegó a poner en relieve esta dictadura moral por sobre quienes defienden un tratamiento moral y ético que pone en el centro la vida de la mujer dominicana en estado de embarazo y bajo condiciones que atentan contra su dignidad humana. La iglesia católica le niega a la juventud dominicana el acceso a una educación sexual y reproductiva de carácter científico, porque dentro de su marco moral sexual considera pecado la actividad sexual extramatrimonial porque viola el propósito de la sexualidad humana que solo debe servir con fines reproductivos dentro del vínculo matrimonial aprobado por Dios a través de ellos como signo del amor de Dios y la humanidad.
Para ambas religiones abrahamicas el papel de la mujer señalando su situación jurídica en el derecho canónico y las iglesias protestantes es de perpetua subordinada, asumida como un receptáculo que contiene la vida, vida que debe ser valorada por encima de su dignidad humana, su autonomía, sus derechos y deseos. Como ente social está relegada a un plano de segunda categoría, sujeta al hombre, ambas en distintos grados expresan su misoginia al negarle a la mujer el acceso a su estructura jerárquica como en el caso de la iglesia católica, o subordinándola a una autoridad superior en las ramas protestantes, así como en la promoción de un arquetipo de mujer ideal, la mujer angélica, la Mariana y su influencia arquetipal de que la mujer virtuosa es la que obedece, es sumisa y está sujeta a su marido, generando un ideal sobre el matrimonio y la familia que no se corresponde con la realidad de la sociedad moderna, pero condicionando las relaciones al punto del fracaso por no ajustarse a roles tradicionales desfasados actualmente.
Con esta encrucijada que le ha creado la iglesia católica a la mujer dominicana al no permitirle el acceso a una educación sexual y reproductiva integral y adecuada que le permita conocer su cuerpo, cómo funciona la sexualidad humana y los métodos anticonceptivos, a fin de evitar embarazos no deseados y reducir la práctica del aborto de manera clandestina para posteriormente culpabilizarla y estigmatizarla como asesina por ello, sin serlo; lo que generará es el incremento paulatino del repudio a su credo, por representar la postura más recalcitrante, impositiva y necia que se ha fijado sobre la dignidad humana de la mujer dominicana.
La realidad es que mientras las sociedades Occidentales buscan avanzar en materia de igualdad ante la ley y defender el rol autónomo que la mujer es capaz de librar en la autoría de su propia vida, las religiones monoteístas insisten en sostener un discurso moral que tensa las relaciones entre los sexos, haciendo del amor al prójimo una dictadura moral que se limite a sus dictámenes y caprichos de ‘jefe' para reducirla en el entorno social a ser valorada solo si es virgen y de su casa, o madre -siempre y cuando no sea soltera-, fuera de esos roles su vida luce sin propósitos, incompleta y sin un fin digno de admiración, en tanto mantenga la nulidad de su ser y la sujeción de su cuerpo a disposición del verdugo de turno o del Estado todo estará bien, para la satisfacción de quienes preservan los privilegios que en contubernio acuerdan imponer y santificar bajo el título de Concordato de amistad y alianza.