Educación y Democracia

El complot contra Yeni Berenice Reynoso

Por Francisco Alvarez Valdez

En la tarde del lunes cuando me trasladaba en mi vehículo y escuchaba la radio me llené de sorpresa (por no decir de espanto) cuando de buenas a primeras escuché a una persona abogar con toda crudeza por la remoción de Yeni Berenice Reynoso de su posición al frente de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional.

La persona que comentaba, sin ser abogado, estaba muy empapado del mecanismo que debía seguirse para tales fines. Señalaba que el Procurador General de la República no convocaba al Consejo Superior del Ministerio Público y que debía hacerlo para dar paso al “ascenso” de la fiscal  a una posición superior como “juez de corte de apelación”. Me imagino que le habían dicho que dijera que el “ascenso” era a  la Procuraduría de la Corte de Apelación, pero como no es abogado se confundió y dijo a juez de corte.

Otras personas intervinieron en el debate indicándole si estaba defendiendo a Víctor Díaz Rúa, quien está siendo investigado en estos momentos por la fiscal  y el comentarista solo reiteró que había que sacar a Yeny  Berenice de la fiscalía del Distrito Nacional.

Este comentarista se ha caracterizado por defender abiertamente las posiciones del partido oficial, sin cuidar formas, sin pretender imparcialidad y su comentario me convenció de que el rumor que corre desde hacer semanas de los intentos de cierto sector del PLD de remover a Yeni Berenice Reynoso, tienen fundamento.

Esos rumores dan cuenta de que el sector de Leonel Fernández controla el Consejo Superior del Ministerio Público, por encima de la voluntad del Procurador General de la República y por lo tanto tiene la fuerza para alcanzar el propósito que el comentarista exponía por la radio.

Recientemente un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS),  con sede en Washington, denunciaba los avances de la corrupción en la República Dominicana y las dificultades que estaba creando a la democracia el control que ejerce el partido oficial sobre las distintas instituciones públicas, incluyendo el poder judicial. De concretarse esta remoción o “ascenso”  de la fiscal del Distrito Nacional, se estaría confirmando el informe de la CSIS.

El principal perjudicado de que ocurra lo anunciado sería en estos momentos el propio Víctor Díaz Rúa, pues la acción se percibiría como una forma de colocar en esa posición a una persona más complaciente con su caso.  Lo que debe hacer este investigado es muy sencillo: cumplir con el artículo 146, ordinal 3 de la Constitución, que obliga a los funcionarios públicos a probar el origen de sus bienes.

También resultaría perjudicado el país pues se consolidará la percepción nacional e internacional de que todos los cabos están amarrados para que la corrupción administrativa no sea perseguida y se mantenga la regla que hemos tenido desde largo tiempo atrás, la de la impunidad en esta materia.

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