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El complejo tema de la inversión eléctrica

Por Antonio Almonte

Según informaciones confiables la instalación  de las dos plantas eléctricas a carbón actualmente en proceso de licitación significaría una inversión de poco más de dos mil doscientos (2,200) millones de dólares, equivalentes a cerca de 93 mil millones de pesos.

Ese monto no es exagerado si se trata de plantas a carbón de nuevas tecnologías capaces de producir con mínima contaminación

Además,  para instalar y operar esas dos plantas se necesitara adquirir y acondicionar grandes porciones de terreno, la construcción de costosos sistemas para el almacenamiento y transporte interno del carbón, preparación del puerto del desembarque y la instalación de las infraestructuras de transmisión para llevar la electricidad desde la planta hasta las redes de alta tensión.

Una inversión de esa magnitud tiene tres fuentes de financiamientos posibles, a saber:  solo capital privado, fondos públicos del Estado o capital  mixto publico - privado.

Considerando los requerimientos - casi urgentes -  de inversión del Estado en otras aéreas de sumo interés público, lo lógico sería que el Gobierno procurara que la instalación de  nuevas plantas eléctricas se hiciese con capital privado,

El inversionista privado en plantas eléctricas es semejante  al que  invierte en telefonía, en hoteles turísticos, en bancos privados o en cadenas de supermercados, para citar algunos casos. No es peor ni mejor que aquel. Todos están imbuidos por el espíritu de innovación, expansión y el lucro.

Lo que sucede es que las inversiones típicas en generación eléctrica son extraordinarias y que la sociedad y el Gobierno se hacen fuertemente dependientes  de quienes la producen, por lo que siempre estarán expuestos a abusos monopólicos o a la manipulación ventajista del negocio por parte de los dueños de las plantas.

Esos hechos no son exclusivos de la Republica Dominicana, suceden en cada país cuyo gobierno los permita.

Por esas razones, en las naciones que han logrado servicios eléctricos estables en calidad y  en términos de costos, sus gobiernos se han asegurado de que la venta y compra de la energía se haga con base en contratos de largo plazo y con precios razonables,  o que las transacciones de compra- venta discurran en un mercado con  regulación eficiente y sin extorsión monopólica.

En la Republica Dominicana no hemos logrado ninguna de esas dos premisas.

La culpa de esos costosísimos fracasos la hemos concentrado - casi el 100% - en las empresas privadas del sector y hemos forjado en paralelo el mito de que  si la propiedad de las plantas pasa a manos del Estado, nuestra crisis eléctrica desaparecería en cortísimo plazo.

Es la misma ruta del neoliberalismo radical de los 80s cuando se creía que con el cambio de propiedad el problema eléctrico quedaría resuelto. Historietas que todavía flotan en la mente de algunos asesores y empresarios privados locales que creen que si todo el sector se privatiza la crisis desaparecería.

Los neoprivatizadores tampoco han averiguado como sobrevivirían en un sistema con tan limitadas infraestructuras de redes de transporte y de distribución, con tan absurdo régimen de tarifas y subsidios y, sobre todo, con una regulación tan politizada como liviana. La experiencia por doquier, incluyendo California y aquí a la Unión Fenosa y Edeste-AES ha sido la quiebra o la parálisis de inversión y consecuentemente los apagones y conflictos.

Por su lado, los populistas eléctricos reclaman la estatización de todo el sistema, pero, entre otras preguntas, nunca han explicado de donde sacaría el Gobierno los miles de millones de dólares para  inversiones en nuevas plantas, nuevos activos de distribución, redes y estaciones de transmisión. Además, estas inversiones deben ser continuas en el tiempo conforme crece la demanda y se deterioran plantas, redes y transformadores.

El tema de las inversiones en el sector eléctrico es mucho más grande y complejo de como lo manejamos en nuestras declaraciones y consignas cotidianas y el Gobierno de Danilo debería tener una estrategia firme y realista al respecto.

La provisión de un servicio público es responsabilidad final del Estado, aunque los propietarios de las plantas y las redes sean privadas, y aquí los gobiernos no han cumplido su responsabilidad o por incapacidad o por haber servido más a intereses privados que al interés de la población.

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