Debido a la naturaleza clandestina de las operaciones ilícitas, es necesario realizar complicadas operaciones de inteligencia para hacer estimaciones de los beneficios que genera este tipo de negocio y las rutas comúnmente utilizadas por las redes de traficantes, las cuales varian dependiendo del producto ilícito transportado. Se han identificado rutas distintas para el transporte de productos de naturaleza disimiles y aunque hay transporte realizado por vía aérea, la mayor cantidad de bienes de naturaleza ilícita se transporta por medio de embarcaciones y a través de fronteras terrestres. Las instituciones del Estado se encuentran comprometidas con la seguridad y la salud del pueblo dominicano, por lo cual no pueden desmayar en redoblar sus esfuerzos y fomentar la necesaria cooperación público privada, para el combate del comercio ilícito de bienes regulados.
La importancia del tema es tal que sólo en lo que se refiere al comercio de los productos ilícitos del tabaco que se transportan a la República Dominicana hay que indicar que se trata de un negocio que conforme estimaciones realizadas, introduce al país una cantidad superior a los 650 millones de unidades de cigarrillos al año; representando perdidas fiscales para el Estado dominicano de más de 3.5 millones de pesos al año, para un negocio altamente lucrativo donde sólo un furgón introducido, conteniendo unas 700 a 900 cajas de producto ilegal representa una ganancia de unos 30 millones de pesos para el traficante importador, a precio del mercado.
Con un negocio con esos niveles de rentabilidad no nos asombra que a la fecha hayan sido identificadas en el país más de 30 marcas distintas de unos productos que no observan ninguna norma de calidad en su fabricación; que son manufacturados en condiciones completamente insalubres y que en estudios realizados a los mismos se ha identificado la presencia de tierra e incluso heces de rata en la aleación del tabaco puesto a disposición de los clientes. En el territorio nacional siete de cada diez comercios venden abiertamente productos del tabaco ilícitos en franca violación a la Ley 17-19 contra el comercio ilícito; las normas fiscales; las de salud pública y en violación a la Ley 48-00, que regula la comercialización de productos del tabaco; así como de la Ley 358-05 de protección de los derechos del consumidor y usuario.
La mayor variedad de marcas de productos ilícitos identificados en el mercado local provienen de China; sin embargo, el 67% del volumen total de ilícito que entra al país proviene de Los Emiratos Arabes Unidos; seguido por Haití, cuyas marcas representan un lucrativo 16% del mercado local y son introducidos con alarmante facilidad a través de nuestros puntos fronterizos; seguidos por productos manufacturados en la India, los cuales alcanzan un 14% del mercado. Estos cigarrillos ilegales originarios de la India, China, Korea y Los Emiratos Arabes Unidos recorren un largo camino antes de llegar a los puertos locales. Comúnmente son transportados desde sus puntos de manufactura a Rotterdam, Holanda; desde donde posteriormente son embarcados en ruta a través del Canal de Panamá y del Puerto de Miami, en la Florida.
Se trata de un negocio tan lucrativo que los traficantes pueden darse el lujo de “perder” algunos contenedores, para pasar exitosamente otros. Los cigarrillos ilícitos muchas veces son transportados hasta Haití (donde ha sido imposible cerrar acuerdos con sus autoridades aduanales para el control del mercado ilícito) desde cuyos puertos los cigarrillos son transportados en lanchas rápidas, por las costas nacionales; en burros, por toda la línea fronteriza o burlando la vigilancia de las autoridades por las estaciones de aduanas en la frontera. Una vez que el producto se encuentra en el territorio nacional es trasladado a almacenes (se han identificado apartamentos completos cuyo propósito es servir tan sólo de centro de acopio de estos productos), desde donde una cadena de distribución formal los distribuye en el comercio local con una regularidad que asombra.
Las recién inauguradas autoridades aduanales y otros organismos del Estado como son la Dirección General de Impuestos Internos; Pro-Consumidor; el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Industria, Comercio y Mypimes; deben reafirmar su liderazgo en este tema redoblando sus esfuerzos para combatir este flagelo, empezando por la institucionalización inmediata del consejo referido en la Ley 17-19.
Igualmente sería de gran provecho que la recién instituida Dirección de Alianzas Público Privadas, en cuyo frente se ha nombrado al talentoso abogado Sigmund Freund Mena, promueva contactos inmediatos con la Asociación Dominicana de Industrias del Cigarrillo (ASOCIGAR) y a la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), entre otras entidades del sector privado que tienen una gran experiencia acumulada en el manejo de este importante tema, para que inicie su gestión colaborando a que el Estado Dominicano deje de perder esos más de 3.500 millones de pesos anuales en impuestos, mientras pone su grano de arena para que que estas organizaciones criminales continúen lucrándose con los negocios realizados en nuestro país, a través de los cuales subvencionan el crimen organizado internacional; ocasionan graves problemas de salud a la población, debido al consumo masivo de unos productos ilegales que se comercializan sin ningún control sanitario y en inobservancia de toda norma.