Hace unos días un amigo de intachable honestidad me comentaba, a propósito del tema del Minuto Anticorrupción, que en la entidad que trabaja había descubierto un desfalco, que el alto funcionario ladrón había sido descubierto in fraganti, y cancelado en el acto.

¿Y ustedes lo metieron preso? –pregunté con la certeza de que yo ya sabía la respuesta.

Y efectivamente, negó con la cabeza. Seguí preguntándole cosas como "si le exigieron la devolución del dinero robado", si al menos "pusieron una querella en la policía o en el departamento de lucha contra la corrupción", y respondió que "Es que a fulano (su jefe) no le conviene que se sepan ese tipo de vainas"

¡Tú te imaginas! ¡Sería un escándalo! –manifestó.

La conversación volvió al tema del cine y comentamos el filme Minority Report,  dirigido por Steven Spielberg, protagonizado por Tom Cruise, en el que era posible agarrar a los delincuentes antes de que cometieran sus crímenes. Linda manera de acabar con la delincuencia y mejor aún desterrar la impunidad.

Concordamos que no había que ir tan lejos aferrándonos a tecnologías de punta como la expuesta en el filme distópico en cuestión y que con solo una dosis de voluntad política se podía establecer controles de prevención y un protocolo inalienable para anular la impunidad; y finalmente coincidimos en que la sociedad tendrá que raciocinar con menos emoción y demandar de las autoridades acciones que cohíban la acción de los delincuentes.

Es el caso de Alemania e Inglaterra, pero no hay que ir muy lejos y basta con mirar qué hace Cuba con los corruptos donde una vez investigado y acusado más dulce sería la muerte que el escarnio de por vida que le toca fuera los años de cárcel y la vergüenza pública.

El tipo de la historia es un miembro del PLD, lo sigue siendo y antes lo fue de otros partidos. En su caso, como en el de otro caso de un ladrón de cuello blanco que ahora es que está robando con fuerza en una dependencia financiera del gobierno, una medida ejemplar es quitarle todos sus derechos políticos, aplicarle las consabidas multas sobre su patrimonio, además de la obligatoriedad de devolución del dinero público.