El tiempo que me ha tocado vivir

El Código de Trabajo, el empleo y la informalidad

Por Isidoro Santana

El funcionamiento del mercado laboral es uno de los aspectos más estudiados de la economía dominicana, particularmente por los organismos internacionales. La razón es que nadie entiende que una economía considerada, en términos de crecimiento, uno de los casos más exitosos de América Latina, no mejora la desigualdad, no baja la pobreza, las tasas de  desempleo se mantienen altas, decrece el salario real promedio de los trabajadores y aumenta el porcentaje de la población que se gana la vida precariamente ocupada en el sector informal.

Como resultado de esos estudios, casi nadie se aventura a asegurar que la culpa de esos pobres resultados se atribuye al Código de Trabajo, pero virtualmente todos coinciden en que algo tiene que ver. Los resultados del funcionamiento económico en términos de empleo y salarios dependen de la competitividad de la economía. Y la economía dominicana es muy poco competitiva.

La competitividad a su vez depende de dos factores: la productividad y el tipo de cambio real efectivo. La productividad está influenciada por diversos factores del entorno, incluyendo políticas macroeconómicas, educación, infraestructura, ambiente institucional, las condiciones de competencia, etc.  Dentro de ello, la legislación laboral es una parte.

Aparentemente los temas que más afectan a las empresas dominicanas son la cesantía ilimitada en el tiempo, la rigidez de la contratación (trabajo nocturno, reposo semanal, contratos de duración determinada, a tiempo parcial, etc.), y las complicaciones para la solución de disputas, que ocasiona que aparezcan tantos intermediarios comprándoles casos a los trabajadores.

El Código de Trabajo dominicano, como los de gran parte de América Latina, fueron inspirados para un contexto en el cual, el trabajador asalariado, no sólo constituye la mayoría de la población, sino también el eslabón más débil de la cadena. Así fue como funcionó siempre el capitalismo, particularmente en los países más desarrollados. Por tanto, lo lógico es que el Estado se dedicara a proteger ese segmento demográfico.

Pero resulta que en las condiciones en que ha evolucionado el sistema económico, ahora el más débil de la cadena no es el que tiene empleo formal. Y en la República Dominicana, ni siquiera es el segmento mayoritario. El más débil es el desempleado, que ahora es un grupo grande en cualquier parte del mundo; y el segmento que es a la vez débil y grande está constituido por aquellos que se ganan la vida precariamente en un trabajo informal.

El gráfico que ilustra este artículo fue elaborado con datos de abril pasado. En el mismo se muestra que de una población en edad de trabajar ascendente a 8.4 millones de personas, de los cuales 4 millones 689 mil se consideran la parte económicamente activa (PEA), solo 2.1 millones trabajan en condición de asalariados. Los demás, o no trabajan o lo hacen por cuenta propia (hay un pequeño grupo de patronos). Pero incluso no todos los asalariados están sujetos  al Código de Trabajo, pues habría que sacar los asalariados del sector público.

Los que trabajan en base a salarios en el sector privado, que son de los que se ocupa el Código, son apenas un millón 581 mil. Y ni siquiera todos ellos se pueden considerar protegidos por la ley laboral. Considérese en este grupo a todos los que trabajan en el servicio doméstico o en unidades que escapan a la ley. Para que se tenga una idea, menos de un millón de estos, apenas 947 mil, están cotizando a los fondos de pensiones, el 11% de la población en edad activa y el 22% de la PEA fuera de los empleos públicos.

Esto quiere decir que la gran masa de población trabajadora dominicana se encuentra frente a la paradójica situación de que están muy protegidos por la ley, siempre que tengan empleo, pero la mayoría no los tiene.

Como concepción de la vida, prefiero un Estado que se oriente a brindar una protección modesta a muchos, antes que una protección ambiciosa a unos pocos. Y esto suele ocurrir cuando las condiciones de la economía no alcanzan para mucho, y el Estado se propone dar lo que han dado los países ricos. Por eso fui un acerbo crítico de que el Estado construyera viviendas antes que dar educación y salud.

A propósito de las discusiones del Código, las organizaciones laborales probablemente le harían un gran favor a su clase si se concentran en temas como la libertad sindical, procurar mecanismos más ágiles de revisión salarial, para evitar que los salarios reales sigan deteriorándose, etc. Además, se debe discutir abiertamente lo referente al seguro de desempleo, en sustitución de la acumulación de un pasivo laboral que sí se convierte en amenaza a la supervivencia de muchas empresas, particularmente pequeñas y medianas.

Y para concluir, aunque los estudios técnicos no son concluyentes en que el Código de Trabajo sea generador de desempleo, sí tiene mucho que ver con la informalidad, justamente por su impacto en las empresas de menor tamaño.

 

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