Agenda insular

El carnet para el habitante fronterizo

Por Edwin Paraison

La previsión en la ley de migración de la Republica Dominicana 285-04 relativa al “habitante fronterizo” es uno de los tantos resultados de las consultas que se dieron con la sociedad civil en el proceso de elaboración del instrumento legal hace más de una década. Se lamenta que  la versión final de la ley no haya tomado en cuenta significativas consideraciones que resultan hoy en limitaciones al alcance de tan importante aspecto de la vida fronteriza.

La adopción de una fórmula legal, como se practica en otros países fronterizos, era necesaria para regularizar el cruce más bien peatonal entre los habitantes  de esa región  afectados por un alto grado de pobreza lo cual  dificulta a la gran mayoría el cumplir con los requisitos de un pasaporte, una visa y el pago de los impuestos de salida o entrada para ingresar en uno u el otro territorio.

El costo legal de un primer  viaje entre los dos países asciende a alrededor de los US$ 200 o RD$ 8,400. El pasaporte haitiano, con 16 páginas menos que el dominicano, tiene 28 páginas hábiles para visas y sellos de entrada y salida. Usándolo a diario el portador debería cambiar de libreta cada mes y medio.  La figura del “habitante fronterizo”  al proveer un carnet especial con datos  biométricos elimina esas obligaciones. Sin embargo, debe ser para estancias de menos de 12 horas. Es decir en el horario de apertura y cierre del puesto fronterizo correspondiente.

Lugareños  de unas 16 comunidades haitianas de los 388 km de frontera limítrofes con el territorio dominicano, desde Ouanaminthe  hasta Anses a Pitre,  podrán ser beneficiados por esta facilidad,  restringida su movilidad toda vez, a las provincias de Dajabon, Montecristi, Independencia,  Elías Pina y Pedernales. Siempre y cuando los beneficiarios tengan un documento válido de su país y viajen en por motivos no laborales.  El reglamento indica que deben ser actividades “licitas y productivas”.

Los intercambios entre las comunidades fronterizas no se restringen al comercio ni a las faenas agrícolas. Hay un constante “va et vient” para actividades religiosas, sociales, familiares, académicas, culturales, deportivas y de salud. Pero no tan solo el movimiento frecuente de pacientes haitianos hacia hospitales o centro de salud dominicanos sino también dominicanos que aprovechan de la presencia de especialistas cubanos trabajando en Haití cuando éstos se encuentran en la región.

De lo anterior se desprenden varias  limitaciones. La prohibición que afecta a los pequeños productores dominicanos de usar la mano de obra haitiana transfronteriza en  campos que han sufrido fuertes migraciones internas donde la producción depende del trabajo de los jornaleros haitianos; la supresión   de hecho de viaje a Haití  en las mismas condiciones para  los dominicanos de la misma región al no realizarse una coordinación o acuerdo con el gobierno haitiano; la exclusión de dichas facilidades de haitianos asentados en la parte dominicana de la frontera o la situacion particular de estudiantes que se quedan la semana para evitar los gastos de viaje diarios.

Fuera de los canales oficiales, hasta ahora el cruce  transfronterizo  se resuelve de dos formas. Por un lado, el peaje cobrado mayormente por militares dominicanos y policías haitianos, lo cual alimenta el tráfico de personas. Por otro lado, sin la documentación legal,  en un marco informal, pero de reciprocidad  acordado entre  los responsables locales de las dependencias oficiales.

Ese  último mecanismo es visto como  práctica de buena vecindad y cooperación.  Por lo que cuando  ésta se rompe se dan malestares, a veces debido a las instrucciones desde una de las capitales de la isla o por el exceso de celo de algún nuevo funcionario. Para ilustrarlo, en ese espíritu, es “anormal” que un síndico fronterizo dominicano tenga que buscar una visa o un pasaporte para viajar a Haití y viceversa. Igual tratándose de otros notables de las comunidades fronterizas.

Ciertamente lo del “habitante fronterizo” es un buen paso. Empero, su entrada en vigencia -extrañamente más diligente que las múltiples solicitudes de residencia de ciudadanos haitianos que esperan en la Dirección General de Migración desde el 2010- debe ser tomada como un ensayo a ser profundamente analizado  por la comisión mixta bilateral afín de lograr un convenio bilateral sobre cruce fronterizo  que amplié su alcance y que beneficie  tanto a haitianos como a dominicanos.

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