El domingo pasado la oposición encabezada por Luis Abinader obtuvo una victoria contundente en primera vuelta frente al candidato oficialista, terminando con 16 años de gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Muchos son los factores que explican el voto decidido de la mayoría de la ciudadanía de apostar por un nuevo partido de gobierno en plena crisis sanitaria y económica.
Uno de ellos va ligado al eslogan general de campaña de Luis Abinader: “el cambio va”. El discurso de Abinader, y con ello la promesa del cambio, se resume en la profundización de programas sociales, disminución de gastos superfluos y soporte a las MIPYMES, altiempo que promete garantizar mayores niveles de transparencia en la gestión pública, actualización del marco jurídico de la contratación pública, rechazo a las prácticas corruptas, independencia del órgano investigador, y el sometimiento de funcionarios que en el ejercicio de sus funciones hayan hecho un manejo fraudulento de los fondos públicos.
Esto último fue lo que más marcó el tramo final de la campaña y apuesta por Abinader, considerando que desde 2017 el movimiento anticorrupción en el país ha tenido gran influencia en el debate público, al punto que la corrupción e impunidad son de los principales problemas que preocupan a la población. Eso explica, a mi juicio, por qué desde la noche del 5 de julio algunos seguidores de Luis Abinader le interrumpieron varias veces su discurso para corear “los queremos presos”.
Desde entonces en las redes sociales, los principales activistas se han unido a este coro de “los queremos presos” e incluso han puesto fechas límites para los sometimientos de quienes estos consideran corruptos. Se trata, pues, de una presión innecesaria a un gobierno que todavía no ha asumido el mando y que, porlas actuales circunstancias, deberá priorizar sus esfuerzos en palear la crisis sanitaria y económica durante sus primeros meses de gobierno.
Pero, además, la exigencia de sometimientos sumarios deja clara la falta de visión y el desconocimiento de los procesos penales por parte de quienes piden la guillotina express, sin tomar en cuenta las garantías procesales que necesariamente deben ser observadas para asegurar el derecho de defensa que tiene toda persona en un Estado de Derecho.
Demasiadas son las quejas respecto de la instrumentación de expedientes de supuesta corrupción administrativa con decisiones jurisdiccionales donde se deja claro que el Ministerio Público no hizo una labor de investigación correcta o que se voló las garantías procesales previstas.
El caso Odebrecht en el país es la muestra más palpable de la arbitrariedad y el abuso de poder de parte de la Procuraduría General de la República. Todos sabemos que se trata de un caso utilizado más para el pan y el circo que para verificar realmente lo sucedido respecto a los supuestos sobornos que dicha empresa declaró pagar.
Pienso que debemos enfocarnos más en que se cumpla la promesa de que la persona a dirigir la Procuraduría General de la República tenga un verdadero nivel de independencia en su accionar, para que pueda cumplir con el principio de objetividad en el marco de todas las investigaciones que impulse.
La sed de justicia no nos puede hacer perder el enfoque ni entrar en el desagradable espectáculo del populismo penal. Los casos de corrupción administrativa suelen ser complejos y, por tanto, un expediente bien instrumentado, con una investigación objetiva y observando los requerimientos del debido proceso, conlleva tiempo. Es preferible esperarse un poco, empujar por más transparencia y mejores prácticas en la Administración Pública, que tener persecuciones infundadas que solo intentan saciar el morbo y no hacer justicia.