El burrócrata es un mamífero con bastante proliferación a lo largo de la gran sabana administrativa de nuestro país. Esta especie, apática por naturaleza, exhibe un fenotipo similar al de un verdadero servidor público, incluso tiene la habilidad de mimetizar sus vestimentas y ademanes, con la finalidad de engañar y atrapar a sus principales presas, los ciudadanos y así alimentarse del desconocimiento de sus derechos.
Esta variación deformada de servidor público, tiene rasgos muy pronunciados que vulneran constantemente los derechos de las personas, sus características principales son la de ignorar o negarse a recibir solicitudes, rehusarse a tomar los teléfonos en las instituciones públicas, aferrarse a posiciones manifiestamente ilegales, incumplir decisiones judiciales, incluso agredir a los ciudadanos.
Fenómenos como la selección natural, materializada en la meritocracia y la profesionalización, principios cardinales de la función pública, han obligado a los burrócratas a acudir a sus conexiones políticas para permanecer en los cargos que inmerecidamente ocupan y crear agrupaciones para defender su típico comportamiento indiferente y justificar la continuidad de nocivas e irracionales prácticas administrativas creadas con el solo propósito de quebrantar la voluntad del ciudadano indefenso.
De manera habitual, el burrócrata descansa en despachos y escritorios alejados e inaccesibles para el ciudadano e inusualmente, esta familiar raza empleada por la Administración Pública concede citas y reuniones, sin embargo, lo hace con el objetivo de disuadir al administrado de proseguir sus solicitudes, a través de trabas innecesarias.
Todo administrado ha sido sujeto de alguna vejación proveniente de un burrócrata y, se ha visto obligado a renunciar a su derecho fundamental de ser tratado con cortesía y cordialidad, tal y como lo consagra el artículo 4 de la Ley No. 107-13, solo para ser atendido y lograr que el servicio público que requiere sea brindado, aunque sea de manera deficiente.
Hoy en día existen mecanismos jurídicos que disponen todas las obligaciones requeridas para que los funcionarios del Estado asistan eficazmente a los ciudadanos y ejecuten sus labores diligentes, considerada, honesta e íntegramente en provecho del público que acude a sus servicios. A pesar de lo anterior, la verdad es que esto aún parece ser un proyecto distante de ser materializado, pues cultural y políticamente se han creado las condiciones propicias para que el burrócrata y sus costumbres permanezcan inmutables.
Sin embargo, no todo está perdido para el administrado. El ciudadano, pese a ser la presa preferida del burrócrata, cuenta con las herramientas necesarias para producir los cambios que paulatinamente modificarán las condiciones hereditarias de la indeseable especie. Sin embargo, esta variación correlativa solo será generada a través del conocimiento de los derechos deliberadamente ignorados y mancillados para posteriormente exigir su respeto, a través de acciones judiciales y administrativas.
Indudablemente que los burrócratas son un grupo taxonómico que hace peligrar el Estado de Derecho, por lo que su extinción es deseable. La desaparición de la descalificada especie será una victoria para el administrado y, también para la Administración Pública que los emplea, pues dará lugar a la producción de servidores capaces y dispuestos a entregar sus mejores esfuerzos a la carrera civil, lo que evidentemente redundará en un mayor bienestar para las personas que, en definitiva, son la razón fundamental de la existencia misma del aparato administrativo del Estado.