Aunque no es muy conocido en República Dominicana, Rodolfo Apreda es una de las autoridades mundiales en gobernabilidad. Licenciado en matemáticas, con estudios de maestría en ciencias políticas y doctor en economía por la Universidad de Buenos Aires, Apreda es un verdadero hombre del Renacimiento, con una formación humanista que le ha permitido contribuir a cerrar la brecha entre dos campos del conocimiento estrechamente vinculados pero históricamente separados: la gobernabilidad pública y la gobernabilidad privada. Hace algunos años los dominicanos pudimos beber directamente de la fuente del conocimiento del autor de diversos libros y artículos sobre el tema y quien se ha desempeñado como director del Centro para el Estudio de la Gobernancia del Sector Público y del Sector Privado en la Universidad del Cema en Argentina y como consultor del Corporate Governance Group que dirige el autor de esta columna.
El esfuerzo intelectual de Apreda en los últimos años ha consistido en aclarar la semántica de la gobernabilidad y en iluminar la íntima conexión entre el nivel de gobernancia del Estado y el de gobernabilidad en las corporaciones privadas. Y nos alertó tempranamente de que allí donde impera la corrupción, el clientelismo partidario, el dispendio presupuestario, la dependencia judicial, la politización de la regulación económica y la confiscación fiscal no puede haber buen gobierno corporativo. Es más: todo esto contribuye a que el Estado sea capturado aún más por los partidos y el sector privado.
El fundamento teórico de las tesis de Apreda es el resultado de un esfuerzo interdisciplinario que mezcla los resultados de investigaciones provenientes de las finanzas, la economía, el derecho, la politología, la filosofía y la sociología. Siguiendo su pensamiento podemos ver cómo las asociaciones sin fines de lucro se convierten en asociaciones de lucro sin fin, cómo la persecución de la renta es visible en entidades públicas pero también privadas y cómo mediante el “tuneleo” los recursos del Estado y de las empresas van a parar a manos de funcionarios del Estado y de las corporaciones. El trasfondo de este cuadro perverso es una “democracia fraudulenta” que se define como aquella “al servicio de un partido político, de un gobierno, o de un grupo de poder mafioso, para su propio beneficio”.
Leer a Apreda conduce al entendimiento de que en la República Dominicana no podremos acometer las tareas del buen gobierno en el sector privado si simultáneamente no emprendemos la reforma del Estado, vale decir, el sometimiento del Estado a la legalidad vía la judicialización del control de la Administración y la protección efectiva de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por eso, la importancia de una ley de procedimiento administrativo como la recientemente perimida en la Cámara de Diputados y el fortalecimiento de la jurisdicción contencioso-administrativa. Más aún, se requiere la adopción de buenas prácticas fiscales, tendentes a fomentar la transparencia fiscal y a disminuir la evasión y la arbitrariedad del fisco; la regulación legal de los mecanismos de participación ciudadana y de control social de los fondos públicos; la aprobación de una Ley de Partidos y de Garantías Electorales que sirva para garantizar la democracia interna de estas organizaciones y la igualdad de oportunidades en las competencias electorales como ha reclamado el PRD y su presidente Miguel Vargas Maldonado; la adopción de regímenes de gobierno corporativo al interior de las empresas estatales y de los organismos públicos de regulación económica; y, lo que no es menos importante, el fortalecimiento de los organismos reguladores de la economía para evitar su captura por el gobierno y el sector privado.
Esta reforma para la gobernabilidad pública, base para el buen gobierno privado y para mantener la confianza de los inversionistas nacionales y foráneos, sólo puede emprenderse “reconociendo los disensos, la oposición, y el derecho a rechazar políticas en el marco de la discusión responsable”. Esto requiere voluntad política y evitar “la demonización de los adversarios” y “un discurso peligrosamente autoritario”. Por ello la deliberación en el Congreso Nacional, la opinión pública y la discusión en el Consejo Económico y Social son claves.
El tiempo se acorta para una reforma para la gobernabilidad en República Dominicana. Los dos principales partidos, PLD y PRD, están en perfectas condiciones de pactar esta reforma entre sí, con las demás organizaciones políticas y con la sociedad. Esperar más tiempo solo hará realidad la profecía de las voces agoreras que predicen la decadencia de los partidos tradicionales solo para dar paso al líder carismático que nos engañe con sus soluciones mágicas, populistas y autoritarias. Hay que fortalecer el sistema partidario, seguir llevando el Estado a su propia legalidad como quería Juan Bosch y consolidar las bases de nuestro desarrollo social y económico, sin renunciar a la democracia y a los derechos y sin caer embrujados por las hipnosis colectivas de siempre.