Si por cualquier impedimento, al prevaricador del bien público no se le procesa judicialmente, se siente en libertad para continuar la acción dolosa y su propia ambición es el único límite para detenerse. Sin quizás, la corrupción prospera en cualquier gobierno en proporción a la capacidad del sistema judicial para procesarla y sobre todo, a la voluntad política de la autoridad gubernamental para enfrentarla.

En los gobiernos peledeístas, contrario a una determinación oficial para combatirla, se creó un poderoso entramado de contubernios y permisividad que ha garantizado la impunidad de los hechos dolosos que se cometen. Organismos internacionales publicaron que se han perdido más de RD$600 mil Millones en corrupción oficial durante los últimos 8 años, sin embargo, no hay un solo corrupto de este tiempo preso ni enjuiciado.

Encubrimiento oficial

El Presidente de la República ha sido indiferente a los hechos que comprometen a los funcionariosenvueltos en corrupción administrativa. No estimula la acción judicial contra ellos y en vez de destituirles, suele promoverles a otras posiciones y se exhibe con ellos como si nada pasara.

El Procurador General de la República, no se siente obligado a emprender acciones en contra de la corrupción oficial; Las Auditorías que identifican dolo, se engavetan en la Cámara de Cuentas o en el DPCA.

El Comité Político del PLD se reúne y expresa su apoyo al corrupto y lo mismo se hace en las Cámaras Legislativas donde tienen mayoría. Es un grupo de compañeros, política y económicamente poderosos, quienes, solidaria y rabiosamente se defienden unos a otros cuando alguien señala sus perversidades.  Proclaman “su honra” y prefieren defenderse descalificando a sus denunciantes y no ante los tribunales.

Si se trata de la oposición, la corrupción  se maneja de otra manera. Si políticamente se necesita un acusado, se fabrica un expediente con cualquier pretexto. A las Auditorías de la Cámara de Cuentas y a los expedientes en el DPCA se les da curso y se sigue el proceso judicial hasta la necedad. Aunque sean descargados en primera Instancia,  prosiguen en los demás recursos para fastidiar al opositor en desgracia o se utiliza su caso como objeto de chantaje político. También aúnan esfuerzos para hundir al acusado de ocasión.

Es fácil involucrar un opositor en un expediente de corrupción o narcotráfico y es frecuente que se dejen filtrar sus nombres  en lista de extradición,  pero los del gobierno se protegen celosamente, excluyéndoles de los expedientes y solo se conocen a través de fuentes internacionales.La labor mediática de la prensa comprometida con la causa gubernamental, tiene un papel importante en esta labor.

La manipulación mediática

El tema de la corrupción, solo  es tratado por unos pocos medios y comunicadores independientes, quienes resultan invulnerables a los sobornos y jugosos beneficios que provienen del oficialismo para acallar las informaciones sobre el tema.

La manipulación de los hechos a través de los medios de comunicación es muy importante para que la corrupción peledeísta pase desapercibida. Una legión de medios y comunicadores es bien gratificada  por el gobierno para cumplir con la importante tarea de ofrecer a la opinión pública la versión conveniente sobre cada caso de corrupción. Miles de millones de pesos se invierten cada año con esta finalidad. Se compra el silencio de un importante sector de la prensa ante las denuncias que afectan al oficialismo o para que asuman su defensa a través de los distintos medios de comunicación, quienes vehementes y con el mismo discurso, justifican a cada corrupto, no importan las pruebas en su contra.

Si un funcionario se identifica en hechos de corrupción, este periodismo asalariado, cuando le ofrece la oportunidad para defenderse, es convertido en víctima y se acepta su versión como mentís, mientras el denunciante se presenta como“un calumniador al servicio de la oposición”.

Beneficiándose con esta inmoralidad, un grupo de periodistasse ha consolidado como nuevos millonarios.De simples reporteros, pasaron en pocos años a nuevos empresarios de las comunicaciones o tienen importantes cargos en el gobierno, especialmente en el área diplomática. El gobierno ha logrado insertar estos voceros en medios escritos, radiales y televisivos donde saturan a la población con sus análisis y comentarios complacientes, justificándole  todo al sector oficial que le paga para eso.

A los comunicadores responsables, que hacen denuncias fundamentadas enbuenostrabajos de investigación, se les descalifica con cualquier pretexto. Por ejemplo, es una necedad que a una Periodista como Nuria Piera, se le acuse de trabajar en contubernio con la oposición, si ahora hace lo mismo que hizo frente a la corrupción de otros gobiernos.

A diferencia de algunos simples opinantes, quienes utilizamos los medios para emitir criterios personales o hacer nuestras propias conjeturas sobre situaciones puntuales, periodistas como Alicia Ortega y Nuria Piera, investigan desapasionadamente y ofrecen documentos incuestionables que merecen absoluta credibilidad. Sin embargo, sus continuos informes son ignorados por el Ministerio Público, quien se mantiene inmutable a la espera de “pruebas” para actuar.

El mecanismo judicial de la impunidad

La gran estructura para proteger la corrupción del gobierno, comenzó desde el mismo discurso del Presidente Fernández ante la Asamblea Nacional el 16 de agosto del 2004, cuando se comprometió a realizar un gobierno en el marco de la más absoluta transparencia. Al principio del gobierno, se desató una tenaz persecución contra supuestos corruptos del gobierno saliente. Aparentemente se trataba de crear conciencia de un cambio serio y radical en la lucha contra la corrupción.

El dominicano confió. No podían ser corruptos quienes tan fieramente “perseguían” ese flagelo. Sin embargo, los propósitos eran otros; descalificar políticamente y para siempre a Hipólito Mejía y a su partido. Mientras la población se distraía con el circo de una cacería de brujas a los ex funcionarios, los nuevos gobernantes se comprometían en acciones que desviaban cuantiosos recursos del Estado a sus bolsillos y al mismo tiempo, creaban un blindaje judicial para protegerse.

El Presidente de la República creó la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción (CNECC), pero esta resultó absolutamente inoperante. Su promoción era parte del discurso sobre un supuesto empeño oficial en combatir el problema. Ni este organismo ni el DPCA sirvieron para nada que no fuera contribuir a la demagogia sobre una determinación oficial que nunca existió.Contrario a ninguna acción efectiva, la depravación oficial era protegida por un  mecanismo que garantizaba la impunidad de sus actores, mientras que ningún organismo oficial enfrentaba seriamente el problema.

La Constitución política que se puso en vigencia en enero del 2010,  fue inspiración del mismo Presidente de la República y se trata de un documento sustantivo con indiscutibles logros en materia institucional, pero el mandatario, hábilmente ampliaba las atribuciones que le permitían asegurar el blindaje judicial que ha estado protegiendo el delito en su gobierno. Su voto de decisión en caso de empate, le dio más poder en el CNM. Esto permitió que en las Altas Cortes (TC, TSE y la SCJ) fueran colocados los dirigentes peledeístas que hoy controlan sus decisiones. El dominio del PLD en el Senado, también le permitía designar uno de sus cuadros en la JCE. El sentido más común indica las razones por las cuales, en estos tribunales, en vez de jueces imparciales, se colocaron reconocidos dirigentes peledeístas, fieles al Presidente de la República.

Esta preocupante realidad, plantea que las leyes dominicanas sobre transparencia y narcotráfico contienenletras muertas sin ningún valor como sostén judicial, cuando es posible retorcer su interpretación en tribunales dominados por un interés político empeñado en encubrir el delito de Estado.

La eficacia del Ministerio Público y desgracia de la SCJ

En los últimos años, el Ministerio Público, a los fines de este despropósito judicial, ha cumplido sus objetivos. Mientras ha servido para manipular o engavetar expedientes y acosar opositores, a los corruptos peledeístas se les ha dejado actuar sin atender ninguna demanda en su contra. La “falta de pruebas” y la desatención a las denuncias comprometedores, estuvieron al día. Sin embargo, no sucedió exactamente lo mismo con el papel que debieron jugar otras instanciasen este entramado de protección y encubrimiento.

Algunos veredictos de la SCJ provocaron desagrado en el área oficial. La sentencia contra Ramón Báez Figueroa, banquero estafador, amigo personal del Presidente de la República y la condena a Vincho Castillo, aliado político, funcionario y hombre admirado por el Presidente de la República, determinaría la decisión de depurar la SCJ que tuvo la última decisión en cada expediente en la instancia de Casación. Era necesario colocar en ese alto tribunal a jueces más confiables para los fines del sistema de protección implantado. Aunque favorable, el caso SunLand en el 2008, dejó secuelas.

No todoslos jueces de la SCJ eran incondicionales. No se permitiría un solo desliz. Era inconcebible una sola sentencia contra el agrado del Presidente de la Republica, del PLD y del CNM. Este hombre tiene demasiado poder para no complacerle siempre.Se necesitaba obediencia absoluta. Se aspiraba al control total de todo el sistema judicial dominicano. Los resultados electorales del 2010, favorecían ese propósito.

El probo Magistrado Julio Aníbal Suárez Duvernay, pareció un objetivo. Fue de los votos disidentes en el caso SunLand. No había espacio para un Juez con historial irreductible. Otros jueces que emitieron votos disidentes en aquel caso, también fueronsustituidos junto al Presidente del Tribunal. Este último no provenía del PLD y a veces demostraba una independencia que no encajaba en el sistema. El CNM, designó en su lugar a Mariano Germán, alto dirigente peledeístas y amigo personal del Presidente.

Tanto la SCj, el TC y el TSE, son organismos colegiados en los cuales las decisiones se toman por la mayoría simple que dominan los cuadros peledeístas en cada uno de estos tribunales.Ahora no hay dudas, el sistema está armado para que funcione como se desea.Últimamente, el Consejo Superior del Ministerio Público, con el nombramiento de 15 nuevos Procuradores de Cortes Fiscales con etiqueta peledeísta,dio un puntillazo al andamiaje de la coraza judicial creada. Ellos están destinados a mantenerse en sus posiciones más allá de los cambios del próximo 16 de agosto

La situación anterior consolida el estado judicial que ha permitido que prevalezca la impunidad a pesar de tantos casos de corrupción en estos últimos tiempos. Félix Bautista puede ser el más sobresaliente en los escándalos denunciados, pero no es él único. Los millonarios peledeístas están por doquier. Ellos no disimulan sus riquezas, por el contrario, la exhiben con desfachatez. Sus mansiones en Jarabacoa, en El Mogote, en el Metro, en Casa de Campo, Miami y otros lugares de veraneo, identifican su portentoso patrimonio, cuyo origen nadie duda está en las arcas del Estado. También se distinguen por sus helicópteros, aviones, lujosos vehículos, viajes privados y vacaciones pagadas por el Estado, etc.

Ante la amenaza de que este estado de perversión permanezca en el gobierno después de las próximas elecciones, valiéndose del otro despropósito de emplear los recursos públicos promoviendo la candidatura de Danilo Medina, preocupa el destino de una sociedad con la suerte de estar en manos de un grupo gobernante que ha manipulado todas las instancias del poder para garantizarse impunidad. Además de la descalificación de sus instituciones y el desprestigio internacional que ya tenemos. ¿Puede esperarse otra cosa que no sea el completo descalabro del Estado dominicano?