El Banco Interamericano de Desarrollo, del cual el país es miembro y accionista, ha cumplido un rol protagónico en América Latina financiando importantes proyectos de desarrollo y facilitando recursos en los programas de ajuste estructural, generalmente junto al FMI y el BM.
Inclusive, fue de gran ayuda en la crisis financiera del 2003, ofreciendo asistencia técnica y recursos para paliar dicha crisis.
Pero si hay un sector en el país al que ha estado estrechamente vinculado es al eléctrico. En sus archivos de su oficina principal en Santo Domingo y en su sede en Washington, el BID debe tener miles de documentos y estudios sobre el tema eléctrico dominicano, algunos con mas de 30 años de antigüedad.
Por eso sorprende que este organismo haya aprobado un préstamo para el sector eléctrico dominicano dizque para apoyar la ejecución de un programa de reforma de políticas consistente en la adopción e implementación de las reformas y políticas sectoriales necesarias para impulsar la sostenibilidad financiera y la eficiencia operativa del sector eléctrico.
Esos US$400 millones de desembolso rápido se irán de inmediato a un zafacón para terminar enterrado en un basurero llamado CDEEE.
Los organismos multilaterales de financiamiento deberían ponerle una veda al financiamiento del sector eléctrico dominicano hasta que no se aclaren los sobornos de Punta Catalina, el uso abusivo de recursos para fines proselitistas y nominas excesivas.
Es la forma de como dichas entidades pueden ayudar al país a combatir la corrupción, porque ese nuevo financiamiento de US$400 millones, prácticamente sin condiciones previas, es abrirle las puertas a la CDEEE para que siga cometiendo desmanes con los fondos públicos.
Así de simple. El BID debió revisar mejor sus archivos, la historia del sector eléctrico dominicano y los antecedentes de Punta Catalina antes de aprobar ese préstamo. O contratar a alguien para que le escribiera un paper sobre el tema.
¿Cuánto ha prestado el BID y el BM al sector eléctrico dominicano? Un total US$1,347 millones solamente entre el 2004 y 2018, porque para atrás hay mucho más. Y de ese monto un 34% has sido para realizar estudios y diagnósticos.
¿Y para qué? Reproducimos un párrafo de un artículo de Bernardo Castellano sobre este tema, citamos
“Según el Informe de Desempeño del Sector Eléctrico, publicado por la CDEEE, en septiembre 2018, las distribuidoras poseían un total de 8,392 empleados, lo que representa 6,558 empleados de más, con relación a la recomendación de la firma chilena INECON, contratada por la Superintendencia de Electricidad (SIE), para la realización del estudio de Actualización de la Tarifa Técnica, de fecha Julio 2016. En dicho estudio, INECON recomienda que para las distribuidoras poder realizar de manera eficiente su trabajo, solo era necesario un total de 1,834 empleados para las tres distribuidoras. Con un total de 8,392 empleados, las distribuidoras están operando con 3.6 veces más empleados que la cantidad recomendada por INECON en su estudio.
¿Tiene sentido que un país sobre endeudado pida dinero prestado para financiar ese adefesio institucional?
Ojalá en el congreso este préstamo sea rechazado de plano o reformarlo para invertir esos US$400 millones en algo más productivo y recuperables en el mediano plazo.
Realmente nos estamos volviendo locos.