Algunos economistas han comentado la operación financiera realizada entre el Gobierno Central (GC)-Hacienda, el Banco Central (BCRD) y cuatro administradoras de fondos de pensiones (AFPs) por RD$40 mil millones. Sus preocupaciones giran en torno al efecto inflacionario y la devaluación que produciría dicha operación financiera, pero existen otras consecuencias que valen pena incluir en el análisis.
Los efectos inflacionarios que esperan esos economistas no provendrían del aumento de la emisión monetaria porque sencillamente la economía no se encuentra en una posición de pleno empleo, lo que corresponde a la explicación clásica de la inflación de los teóricos del monetarismo; la cual no aplica en este caso. Sin embargo, la inflación, podría producirse por presiones de demanda de divisas en el mercado cambiario, si la demanda interna de bienes se desplaza hacia bienes importados; las importaciones aumentarían frente la contracción de la oferta interna de bienes y servicios y aumentaría la demanda por divisas en un contexto caracterizado por una reducción de la oferta de divisas (debido a reducción de la inversión extranjera, las remesas y el turismo). A lo que habría que agregar que, durante el próximo cuatrenio el servicio de la deuda pública será el más elevado de los últimos quince años, lo que incluye al gobierno en competencia con los actores privados para conseguir divisas lo que, presionaría el mercado cambiario, terminando en una devaluación ante la imposibilidad del BCRD de mantener la estabilidad cambiaria por la insuficiencia de sus reservas internacionales.
La devaluación aumentaría los costos de las firmas importadoras, cuyo efecto se trasladaría a los precios de venta finales. Sin embargo, el incremento de la emisión monetaria del BCRD por la compra anticipada de los bonos de esa institución y que forma parte de la cartera de inversión de las AFPs, vuelve a manos del GC-Hacienda mediante la colocación de nuevos bonos de deuda. Estos recursos, a su vez, han sido depositados en una cuenta remunerada en el BCRD, es decir estos fondos se esterilizaron temporalmente; por lo que el temor inflacionario de los economistas pierde sentido. Habría que ver cómo lo gasta el gobierno, si intenta beneficiar a los negocios de los funcionarios públicos, a la compra de voluntades, o efectivamente a incentivar al sector privado que produce bienes necesarios para atender la pandemia del coronavirus.
Existen otros aspectos interesantes de la operación financiera objeto de este análisis. Por ejemplo, el BCRD por primera vez durante dieciséis años de la presente administración, toma la decisión de reducir su stock de deuda, aunque vale decir que no fue por motivación propia sino por necesidades políticas del Poder Ejecutivo, mostrando así su falta de independencia frente al poder político. Esto significa mejoría en su situación financiera, en dos aspectos: a) reduce el pasivo constituido por emisión de certificados (reduce su stock de deuda) y b) reduce el déficit cuasi-fiscal por cuanto al reducir el stock de su deuda, se reduce el pago de los intereses que representa alrededor del 80% de su gasto corriente.
Sin embargo, esta operación empeora la situación financiera del GC; aunque habrá quienes se refieran a este hecho considerando que la deuda del sector público consolidado no aumentó y al mismo tiempo le dio liquidez al gobierno. Si bien esto es cierto, habría que hacer algunas puntualizaciones. Primero, esta operación del GC aumenta el stock de su deuda con el sector privado (nacional y extranjero), lo que coincide con una revisión a la baja de la calificación de riesgo de la RD, antes calificada como altamente especulativa pero estable y hoy calificada igualmente como altamente especulativa pero inestable (BB-). En estas circunstancias, los tenedores de bonos dominicanos saben, a partir de esta calificación, que el gobierno podría tener dificultades para pagar. Lo que se confirma observando la estructura del gasto público dominicano, en la que predomina la atención privilegiada a la clientela política, los subsidios al sector eléctrico (1.7% del PIB entre 2014-2018) y el pago del servicio de la deuda pública (28.5% de los impuestos). Esta situación revela una política fiscal que produce un espacio fiscal limitado para enfrentar nuevos incrementos del stock de deuda pública y de su servicio, así como los retos de la reanudación del crecimiento económico. De manera que el nuevo gobierno tendrá que plantearse el aumento de los tributos que tocan a la mayoría de la gente, asumiendo que, como ha sido la norma de los gobiernos peledeístas, no tocará los privilegios fiscales del sector empresarial (5.1% del PIB).
Cabe destacar, en este escenario, que casi el 70% de los impuestos recaen sobre los consumidores (impuestos indirectos) y que el 80% del PIB se dedica al consumo. Si aumentan estos impuestos cabría esperar una contracción del consumo y de la producción, reforzando el aumento del desempleo generado por las medidas para enfrentar la pandemia, lo que significa una disminución adicional de la demanda, cuya duración se presume sería relativamente larga y el proceso de recuperación del nivel de empleo previo a la crisis sanitaria sería más largo, con el agravante de que contribuiría a que la recuperación del nivel de empleo previo a la crisis sea muy lento debido a la dependencia del actual nivel del empleo al nivel del período anterior (histéresis), característica que generalmente aparece en el mercado de trabajo de los países emergentes. Por consiguiente, la tarea de la recuperación de la actividad económica será un proceso lento y de consecuencias negativas para los ciudadanos.
Ante esta situación, la necesidad de financiar el déficit fiscal aumentará (estimada en 9.3% del PIB por el FMI para el período 2019-2023) para enfrentar el reto de la recuperación económica, el del servicio de la deuda pública y los subsidios. Pero los esfuerzos de recuperación tropiezan con la efectividad del gasto público para impulsar el crecimiento de la economía. Las estimaciones del impulso fiscal sobre la economía serán débiles si no se corrigen las debilidades financieras del gobierno. El impulso fiscal se estima que convergiría a cero a partir del 2018, según el FMI, con lo cual el aporte al crecimiento de la política fiscal sería neutro de no llevarse a cabo las reformas fiscales pendientes (Ver FMI, Artículo IV, 2019, página 55).
Por consiguiente, si los RD$40 mil millones provenientes de la colocación de bonos en el sector privado dominicano, se destinan al gasto clientelar (elecciones) o a negocios de los socios políticos del gobierno, seguramente que la recuperación de la economía tendrá que esperar un largo período de crisis económica. ¡Cuánta falta hacen los verdaderos líderes políticos con visión del desarrollo de largo plazo!