El subdesarrollo como ya ha mencionado Furtado, no es una etapa por la que necesariamente tendrían que haber pasado los países, el subdesarrollo es un proceso histórico perpetuado, que los actores con poder político insisten en mantener para la consecución de sus propios objetivos. La realidad es que en nuestro país abundan los ambiciosos pero ninguna Gran Ambición, Faride Raful lo manifestó con mayor claridad en una entrevista realizada en el programa El Día, con relación a miembros de su partido, involucrados en actos de corrupción y denuncias por narcotráfico, al expresar que: “muchas personas llegan a la política, no porque tienen algún tipo de compromiso, quieren espacio político para tener impunidad y ganar un mayor terreno para operar según el poder que ostentan y seguir con sus negocios ilícitos”, lo curioso es lo que agrega después; “la senadora consideró que es importante poner límites tanto en el PRM como en los demás partidos y la Sociedad Civil debe encarecidamente enfocarse en ello”; lo que nos lleva a cuestionarnos seriamente, la función y utilidad de organizaciones políticas para procurar el bienestar social que prometen, entonces ¿cuál es?, si son incapaces de regular el acceso de personas de dudosa calidad moral y capacidad de acción en materia política, al grado de verse en la necesidad de considerar que es la sociedad civil la que debe intervenir para regular el comportamiento de los miembros de un partido político, que necesariamente deberían en primer lugar, hacer cumplir los estatutos internos de sus propios partidos, en cuanto al perfil que debe asumir la persona que milita dentro del mismo; entonces, si ellos mismos no están en la capacidad de regular su propia conducta como individuos ni como actores políticos en representación, ¿van a sujetarse a los requerimientos de la sociedad civil? Y de ser así, entonces, ¿para qué son útiles?, ¿para qué sirven “representantes” que deben ser regulados por los actores sociales, si se supone que son los primeros quienes “representan” a los segundos?
Responder estas preguntas sin caer en contradicciones e incoherencias es inevitable, como inevitable son los resultados en materia de políticas públicas asistencialistas y como las mismas se evidencian en la ineficiencia del gasto público. El informe Mejor gasto para mejores vidas, cómo América Latina y el Caribe puede hacer más con menos, 2018, auspiciado por el BID, parte de dar cuenta de la ineficiencia técnica asignativa del gasto. En dicho informe es recurrente la remarca de que se podrían tener acceso a más y mejor educación, servicios de salud, seguridad e infraestructura si se utilizaran con eficiencia los recursos con los que se cuentan en la actualidad, pero la realidad es que para una mente miserable ni todo el oro del mundo será suficiente, ante el empeoramiento de la condición de los socialmente excluidos, es primero una excusa, luego un problema que requiere de mayor presupuesto para crear una comisión o un gabinete que permita expandir los tentáculos del poder político.
La estructura asistencialista son las muletas del Progreso, que en vista de que la estrategia de distribución económica y dominio es fallida, ineficiente e inestable, creada y dispuesta a favor de monopolistas y negociantes de la política, lejos de corregir errores y debatir sobre los problemas estructurales, insisten en mantener todo su peso en pie a costa de los más desfavorecidos, los que se encuentran en condición de pobreza y pobreza extrema, aquellos marginados y excluidos de facto del orden social desde su nacimiento por efecto de su caos organizado, subvencionado por otro segmento de la sociedad, que configura el capital humano desaprovechado. Según el CREES, Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, la carga de dependientes del Estado con relación al 2018 ha aumentado considerablemente. Estimando los ciudadanos que reciben mensualmente algún tipo de ingreso público, como son transferencias monetarias, salarios y pensiones, y excluyendo a los que se benefician de programas de viviendas o de subsidios no focalizados, como el de electricidad o el recientemente instituido a los combustibles, cerca de 40 de 100 dominicanos, reciben mensualmente algún tipo de ingreso o transferencia de los fondos administrados por el Estado, es decir, un total de 4.2 millones de habitantes.
Según el informe del BID, en la Región de Latinoamérica y el Caribe se pierden aproximadamente 220.000 millones de dólares, básicamente en malgasto de compras públicas, ineficiencia en la remuneración a los empleados y en transferencias focalizadas. Este porcentaje representa el 4,4% de malgasto en la región, es mayor que el gasto promedio en salud en Latinoamérica, y si se ahorrara ese dinero se podrían construir 1.225 hospitales con 200 camas. Es más, corregir estas ineficiencias sería suficiente “para eliminar la brecha de la extrema pobreza” en numerosos países, así apuntala el informe.
Pero es evidente que la esencia de la ineficiencia, hecha ciencia en el “Progreso”, diagnosticó que adquirir muletas no solo es una solución conveniente a sus fines, sino también el remedio ideal ante su culpable incapacidad, ¿no?