La forma en que se percibe la democracia afecta profundamente el proceder de los ciudadanos, pero sobre todo de los políticos. Cuando la democracia se percibe como un valor y una forma de convivencia llamada a beneficiar al colectivo entonces lo que impera es el respeto a la ley y la sujeción a la voluntad popular. Por el contrario, cuando la democracia se percibe únicamente como un procedimiento para la satisfacción de las ambiciones personales, lo que prima es el desconocimiento de las reglas del juego y el uso avasallante del poder.
En la vida política dominicana estamos viendo un ejemplo claro de esto. El mismo grupo político que -preso de su dependencia de un liderazgo personalista y agotado- tiene semanas insistiendo en que la ley electoral no le aplica a su líder, ahora ha intentado ir un paso más allá y pretende apropiarse de un partido político como si fuera una franquicia o negocio cualquiera.
Dispuestos a cualquier cosa con tal de darle continuidad a una aventura electoral que ya los votos truncaron, los seguidores del Dr. Leonel Fernández han abierto dos frentes: uno contra la sociedad dominicana al insistir en que su líder, maestro y guía está por encima de la ley; el otro, contra la militancia del Partido de los Trabajadores Dominicanos (PTD), a la que han despojado ilícitamente del partido político que ella misma conforma.
A sabiendas de que esta militancia petedeísta se mantendría fiel a sus principios y rechazaría convertirse en un vehículo para las ambiciones personales del exprecandidato, los seguidores de Fernández y el grupo de dirigentes del partido que les hacen el juego actuaron al margen de la Constitución, la ley, los estatutos y reglamentos internos y la militancia del partido.
Las violaciones a la ley y los estatutos son pasmosas. La más grave y flagrante de ellas es que pretenden fusionar al PTD con una llamada “Fuerza del Pueblo”, que no es partido, ni asociación ni nada; son sólo un grupo de amigos y seguidores aglutinados bajo un nombre comercial registrado en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI). Este nombre comercial aparece en dicho registro con un propósito típico de una sociedad comercial, como es “dar servicios de asesoría integral para el fortalecimiento institucional y de la democracia”. Es decir, que en esta “fusión”, los petedeístas ponen el partido y los seguidores del Dr. Leonel Fernández sólo ponen el nombre.
No existe ninguna disposición legal ni reglamentaria que permita la fusión entre un partido y un nombre comercial sin personalidad jurídica propia. La simple pretensión de esto demuestra la firme convicción que tienen los dueños del nombre comercial “La Fuerza del Pueblo LFP” de que la ley no les aplica.
Pero esto no es lo único: la reunión del Congreso Nacional Partidario que conoció de la propuesta de fusión aprobada por el Comité Central, la modificación de varios artículos de los estatutos, así como el contrato-asalto al PTD suscrito con el Dr. Leonel Fernandez Reyna, se hizo violando los estatutos. Esto así porque ninguna propuesta fue conocida previamente por el Pleno Nacional de Dirigentes, órgano partidario al cual le compete con carácter de exclusividad, entre Congreso y Congreso, definir la política de alianzas y coaliciones con otros partidos, así como establecer la línea táctica y electoral a seguir en un momento determinado de la vida del país.
Tampoco se informó oportunamente a los delegados que deliberarían en el Congreso Nacional Partidario Extraordinario, del contenido del plan político que se pretendía aprobar, ni se permitió a los órganos de bases conocerlo y deliberarlo con carácter previo, como mandan los estatutos del PTD. Recordemos que, conforme a la jurisprudencia constante del Tribunal Superior Electoral, existen requisitos mínimos que deben ser observados en términos de convocatoria, publicidad y transparencia sobre los temas a deliberar en órganos colegiados partidarios.
Algo aún más grave, es que el reglamento de organización del Congreso, que determina la manera en que se integra el Congreso Nacional Partidario, fue conocido y aprobado el mismo día y en la misma sesión en la que se modificaron varios artículos de los Estatutos y que se aprobó el contrato-asalto al PTD. De esto resulta una inválida conformación legal del Congreso, ya que el hecho de que se hiciera todo el mismo día hizo imposible la escogencia y asistencia de los delegados de los Comités Municipales esparcidos por todo el país. Este comportamiento atropellado arrastra la nulidad radical y absoluta de todas las decisiones adoptadas.
Debe tomarse en cuenta de que no se trata solamente de una fusión, sino que según el contrato firmado entre los altos dirigentes del PTD que coordinaron el asalto al partido y el Dr. Leonel Fernández, el PTD pasará a llamarse “La Fuerza del Pueblo”, y los recién llegados quedarían en mayoría en los órganos de dirección.
Un asalto en toda regla en el que la militancia petedeísta pierde todo y unos cuántos ganan algo, aunque todavía no queda claro qué.
Es resumen, siguiendo las peores prácticas de la política dominicana, un pequeño grupo de dirigentes han actuado de espaldas a su militancia y los estatutos partidarios para favorecer a un tercero que tiene poco que ver con la tradición partidaria y solo puede ofrecer beneficios a corto plazo que no están relacionados con los principios del partido del cual se apropia.
Afortunadamente, como decía el molinero prusiano, aún quedan los tribunales. A pesar de la deslealtad de un puñado de dirigentes, el PTD sí tiene quien le escriba y le defienda. Ni su militancia se quedará pasiva, ni todos sus líderes se prestan a estos acuerdos de aposento. La ley, los estatutos y la Constitución protegen a la militancia del partido y, por vía de consecuencia, a un sistema democrático ahíto de que sus actores más importantes sean tratados como simples mercancías.
Cuando se pierden procesos electorales hay que aceptarlo y enfrentar las consecuencias de ello. Las aventuras pueden ser entretenidas, pero no se pueden pretender desarrollar pisoteando los derechos ajenos. Se equivocó quien haya escogido al Partido de los Trabajadores Dominicanos (PTD) como remedio para evitar encajar la derrota, porque su camino no será tan fácil como había pensado. Los verdaderos líderes no se plegarán a la impostura y han decidido echar el buen pleito en defensa de sus derechos y la legalidad. Los jueces esperan.