La contribución del Estado es tan vital para los partidos políticos, sobre todo los de oposición, que, a causa de la inesperada decisión del presidente de la República, Luis Abinader, de someter su reducción en un cincuenta por ciento en el Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado para el año 2021, se convirtió en el primer punto de coincidencia entre los ex presidentes, Leonel Fernández y Danilo Medina, desde la formalización de la división del Partido de la Liberación Dominicana, después de las elecciones primarias del 6 de octubre del 2019.
El impotente grito de dolor, lanzado al unísono por los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo (FP), contra la sorpresiva iniciativa del presidente Abinader, es una viva muestra del grave efecto que podría tener esta medida en perjuicio del buen funcionamiento de los partidos políticos.
Antes de que en la mayoría de las naciones europeas se aprobara, después de la Segunda Guerra Mundial, la contribución del Estado a favor de los partidos políticos, estos se sostenían, principalmente, de los aportes que les hacían sus afiliados mediante cuotas, que era el modelo que utilizaban tradicionalmente los sindicatos.
Hasta mediados del siglo pasado, la principal justificación de la contribución del Estado a favor de los partidos políticos se basaba en evitar que dependieran de los intereses económicos de los particulares. Luego vino la crisis de los afiliados y, por vía de consecuencia, la baja estrepitosa de las recaudaciones, tal y como varias décadas después ocurrió en la República Dominicana. Pero, más adelante se le sumó un factor mucho más determinante: el encarecimiento de las campañas electorales. La principal causa fue la entrada de la televisión, altamente costosa, pero determinante para el éxito de una campaña electoral.
Respecto a lo anterior el filósofo político Ronald Dworkin, reflexiona en “La democracia posible”, de la siguiente manera: “Sabemos que el dinero es la maldición de nuestra política. Los candidatos y los partidos políticos colectan sumas enormes para financiar sus diferentes campañas electorales, y esta práctica corrompe la política y el gobierno por muchas y perfectamente identificables razones”.
Sin lugar a dudas, previendo sabiamente los efectos antes referidos, el líder del Partido Revolucionario Dominicano, José Francisco Peña Gómez, decidió impulsar el modelo mixto de financiación pública y privada que prevalece en el país.
A pesar del financiamiento público, el alto costo de la política obliga a los partidos a depender, en gran medida, de los grupos económicos, ya que no le pueden requerir a sus afiliados el pago de cuotas de contribución, como lo hacían en el pasado. Por tal razón, los que antes eran partidos de los afiliados hoy son partidos de los empresarios. Como producto de esto el poder ha sido asaltado por personajes como Berlusconi, Trump, Piñera, etc.
Finalmente, podemos afirmar que la eliminación o reducción de la contribución del Estado a los partidos políticos va en contra de la democracia representativa, tomando en consideración que las principales atribuciones de los partidos son las de presentar las propuestas de candidaturas a los cargos de elección popular, de gobernar apegado a la Constitución y las leyes, así como de hacerle una oposición efectiva al gobernante de turno, para lo cual deben disponer de los referidos fondos.