La Procuraduría General de la República ha llegado a un acuerdo con Odebrecht cuyo texto completo no se conoce aún debido a estar resguardado por el deber de confidencialidad que acompaña la parte preparatoria del proceso, pero ha sido la autoridad que ha venido informado de algunos elementos del acuerdo que han desatado de inmediato la controversia que acompaña todo el caso de esta empresa brasileña.
Por lo que se conoce del acuerdo, no se trata de asegurar el resarcimiento del daño producido por los sobornos realizados por la constructora brasileña, sino que tiene la finalidad de asegurar el pago de la multa que establece la Ley 448/06 sobre Sobornos en el Comercio y la Inversión, que la fija en el duplo de las sumas utilizadas para sobornar. Por lo menos eso es lo que se desprende de las declaraciones de la propia Procuraduría General de la República, aunque habrá que esperar la divulgación del acuerdo completo para poder hacer un juicio más preciso.
Una cosa es pagar una multa y otra cosa muy diferente es resarcir los daños ocasionados a la víctima, que en este caso es el Estado dominicano (el pueblo dominicano). La suma indemnizatoria debe incluir (a) los beneficios que la propia Odebrecht ha confesado que ha obtenido de los contratos corruptos y que ascienden a 163 millones de dólares, (b) las sobrevaluaciones en las obras que aún se encuentran sin cuantificar, y (c) el costo financiero del dinero público que estuvo manejando Odebrecht por largo tiempo.
Reclamar los beneficios generados por los contratos corruptos es algo que se cae de la mata, pues permitir que Odebrecht se quede con ellos, además de constituir enriquecimiento ilícito, sería permitirle pagar la multa con los beneficios obtenidos ilegalmente y salir ganando, pues mientras la multa la pagará en ocho años, los beneficios ya los tiene en sus bolsillos, tal vez invertidos y generando riquezas.
El daño económico mayor generado por los sobornos son las sobrevaluaciones en los contratos corruptos, pues para comenzar debieron inflar los precios para recuperar los 92 millones de dólares que utilizaron para los sobornos. Pretender recuperar los valores utilizados para los sobornos y escondidos en partidas sobrevaluadas, no se trata de cobrar dos veces por el mismo concepto, pues los 184 millones de dólares que pagará Odebrecht según el acuerdo sería por concepto de multa, mientras que a lo que me refiero es a los daños generados por la sobrevaluación que implica inflar los precios para recuperar las sumas utilizadas en el soborno y muy probablemente llevar sus ganancias muy por encima de lo usual. Multa e indemnización de la víctima son dos conceptos totalmente diferentes.
De los daños recibidos por el Estado dominicano ya se tienen cuantificados los beneficios ilegales obtenidos por Odebrecht, pues figuran en el acuerdo con la justicia norteamericana, y han sido admitidos por la propia empresa. Por lo tanto esa suma debería estar desde ya en el acuerdo con la Procuraduría.
Los otros conceptos pendiente de cuantificación, como las sobrevaluaciones y el costo del dinero, dependen de investigaciones técnicas que debe ordenar el ministerio público, y que le obligan a que cualquier acuerdo que se firme en estos momentos sea provisional, a la espera de que concluya la investigación, como se ha hecho en otros países, como Panamá, Perú, Colombia y el propio Estados Unidos.
La validez de cualquier acuerdo debe estar condicionada a fijar las sumas indemnizatorias definitivas una vez concluyan las experticias correspondientes, además y como elemento más importante, al complimiento de la obligación de Odebrecht de entregar al ministerio público toda la información relacionada a las formas y las vías utilizadas para distribuir los sobornos, estableciendo los montos entregados, identificando los nombres de sobornados e intermediarios, individualizados para cada uno de los contratos contaminados. Parece que esta última parte ha quedado expresada en el acuerdo firmado, pero habrá que confirmarlo cuando se divulgue el contrato completo.
El acuerdo ha generado mucho ruido y ha despertado mucho temor de que la impunidad vuelva a prevalecer, lo que ha quedado reflejado en la reciente encuesta Gallup-Hoy, por lo que la Procuraduría General de la República haría bien si entrega el contrato completo a los medios de comunicación y lo puede hacer perfectamente amparado en el párrafo final del artículo 290 del CPP, que dispone lo siguiente:
“Cuando el imputado sea un funcionario público a quien se le atribuye la comisión de una infracción en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de él, o se trate de una infracción que afecta el patrimonio público, los medios de comunicación pueden tener acceso a aquellas actuaciones que, a juicio del ministerio público, no perjudiquen la investigación ni vulneren los derechos del imputado.”
No se requiere la autorización de un juez pues el texto lo deja a la apreciación del ministerio público. Los requisitos para su divulgación están reunidos, pues no cabe duda de que se trata de un caso que afecta el patrimonio público. Su divulgación en nada perjudica la investigación ni los derechos de Odebrecht, pues parten de las confesiones de esta empresa realizadas fuera y dentro del país y que ya todo el mundo conoce. El acuerdo no contiene nombres de sobornados ni otras informaciones relevantes para la investigación sino el compromiso de entregarla.
Divulgar el contenido completo del contrato podría traer la tranquilidad de comprobar que el acuerdo es provisional, que no se ha renunciado a reclamar las indemnizaciones por los daños causados por los sobornos, y que el contrato está condicionado al suministro completo y detallado de toda la información relacionada a los sobornos.
Mientras la investigación sigue su curso, el Poder Ejecutivo debería estar trabajando en los pasos necesarios para sustituir a Odebrecht en los contratos que aún ejecuta, incluyendo las plantas de Punta Catalina. El riesgo de que la empresa quiebre y no pueda continuar es muy alto y habría cierta dificultad para colocar bonos en el mercado internacional para una obra construida por el símbolo mundial de la corrupción, como es Odebrecht en estos momentos. Debería ser el gobierno, en forma planificada, que decida el momento más propicio – para la obra- de sacar a Odebrecht.
El presidente Medina aún no ha hablado al país, pero tengo la confianza de que lo hará el 27 de Febrero, y que en su discurso el caso Odebrecht, y los temas de impunidad y corrupción, serán centrales. Ya salió de ese mismo foro como un héroe con su valiente discurso en torno a la Barrick, o luego con el caso de Bahía de Las Águilas, y ahora se le presenta una excelente oportunidad para convertir esta crisis en capital político aunque deba sacrificar personeros de todos los partidos y tendencias.
Por su lado, el Procurador General de la República, también tiene una buena oportunidad para hacer lo que nunca se ha hecho en materia de corrupción. Llegar a un acuerdo provisional que implique aceptación de pagar la multa por soborno es definitivamente un logro, e incluso el avance de los 30 millones de dólares por igual, pues pueden ayudar a financiar la investigación contratando firmas de auditores forenses que examinen los precios finales de cada uno de los 17 contratos y determinen los montos de las sobrevaluaciones. Pero debe trabajar para eliminar la percepción ciudadana de que el país solo recibirá esos 30 millones porque son el precio de la impunidad.