La puesta en marcha del sistema de atención conocido como 911, que pone a disposición de la población del Gran Santo Domingo una línea telefónica de contacto con las autoridades para requerir asistencia en caso de emergencias es una de las iniciativas más importantes que se haya desplegado en el país como política pública de seguridad.
Todo parece apuntar que estamos ante el primer gran indicador de que empezamos a superar el fetichismo normativista que nos ha conducido a pensar que basta un cambio normativo para cambiar la realidad.
Hacer operativo el diseño constitucional y legal de nuestras instituciones es, en términos de impacto en la calidad de vida de la población, infinitamente más importante que el diseño mismo de esas instituciones.
A pesar de la fuerte tradición autoritaria que ha caracterizado a los países de América Latina, en la gran parte de ellos nos enfrentamos a la paradoja de una ausencia de Estado en los temas más sensibles de la vida cotidiana de las personas. Así, hemos sido buenos para enarbolar pomposos discursos de ley y orden, pero hemos sido incapaces de proveer la asistencia de las autoridades estatales cuando la población lo requiere. Al mercado, y no al Estado, le ha correspondido brindar algo de certidumbre a un segmento reducido de la población, que puede contar con la recepción de un paquete de correo en un tiempo oportuno o la entrega de una pizza en 30 minutos o menos.
Por lo general, cuando el crimen y otros conflictos han tocado las puertas de una familia dominicana, el Estado ha sido incapaz de proveer un mínimo de seguridad mediante una pronta respuesta al llamado de auxilio de las víctimas. Eso se ha debido posiblemente al enorme déficit de lo que un viejo documento publicado en su primera gestión por el actual Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, denomina “un escenario de trabajo que permita reunir y coordinar las acciones públicas”.
Me refiero a los Lineamientos de Política Criminal (2005), en el cual quedó dicho que la “interagencialidad, entendida como forma de actuación coordinada de los diversos actores gubernamentales, pretende aprovechar y optimizar los recursos públicos, evitar la superposición y neutralización de acciones en algunos casos y, en otros, reforzar la efectividad de otras”.
El 911 es una herramienta que brinda la oportunidad de oro de fomentar esa actuación coordinada de las instituciones públicas que “no puede quedar en el plano de los niveles directivos de cada organismo involucrado, sino que debe penetrar al interior de cada una de las instituciones, para que pueda incidir en el campo operativo”.
Una adecuada gestión del 911 permitirá hacer los ajustes en el desempeño de cada una de las instituciones que participan del sistema de atención de emergencias y seguridad, a partir del seguimiento de metas concretas, tales como tiempo de respuesta, despliegue territorial y calidad del servicio, aspectos estos que según se desprende de los reportes oficiales han sido tomados en cuenta.