Representantes de las comunidades Cotuí, Fantino, La Mata y Cevicos, de la provincia Sánchez Ramírez; Maimón y Piedra Blanca, de Monseñor Nouel, solicitaron al Poder Ejecutivo y al Congreso el 5% de los beneficios que genere la explotación de la mina de oro Pueblo Viejo Dominicana Corporation. Listín Diario, 16 de septiembre de 2009
Los municipios del área donde se hace explotación minera comenzarán a recibir parte del 5% de los beneficios acordados en los contratos mineros. Julio Espaillat, gerente de la Corporación Minera Dominicana, informó que por primera vez en el país otorgarán ese beneficio neto como manda la ley minera a la comunidad. Reveló que la entrega la harán el 23 de agosto en el hotel Jaragua al síndico electo de Maimón, William Álvarez, quien recibirá RD$24.77 millones, los cuales están depositados ya en la Cooperativa de Maimón. Diario libre, 24 de julio de 2010
El senador reformista Félix Vásquez sostuvo este martes que los fondos del 5% de la explotación minera, equivalentes a unos 600 millones de pesos, acumulados en los últimos dos años, no alcanzan para cumplir con las necesidades demandadas por la población en el Plan de Desarrollo Provincial. El Nacional, 16 de septiembre de 2014
Sin que menguara el ánimo en cerca de 10 kilómetros, cientos de ciudadanos de Cotuí, en la provincia Sánchez Ramírez, regenteados por activistas sociales, populares y comunitarios, marcharon para exigir el 5 por ciento de sus recursos mineros a la multinacional Barrick Gold que hurga en sus suelos en busca del oro que no saca de la miseria a la zona. Noticiero Teleantillas, 29 de octubre de 2014
Representantes de la provincia Sánchez Ramírez, quienes reclaman el 5% de los recursos que produce la Barrick Gold en la zona, informaron hoy que si el Gobierno dominicano y Minera no responden a su llamado, procederán a demandarlos formalmente. El alcalde de Cevicos, Presbiterio Lora, dijo que la ley 64-00 sobre Medio Ambiente establece que el 5% de las ganancias netas de la minera debe ser entregado al municipio donde opera. Telenoticias canal 11, 25 de marzo de 2015
La provincia Sánchez Ramírez está en busca de resolver sus necesidades más urgentes y encausar la población por las sendas del progreso, desarrollo y bienestar, utilizando para ello la riqueza que emana de su territorio/ Con esos propósitos tiene cada vez mayor vigencia el reclamo de la entrega del 5% de los beneficios por la extracción de diferentes metales de la mina de Pueblo Viejo. Vanguardia del Pueblo, 6 de abril de 2015
La Mancomunidad de Alcaldías de Sánchez Ramírez se apresta a emprender acciones jurídicas y de protestas para reclamar que el Gobierno entregue a la provincia el 5% de los aportes al fisco de la Barrick Pueblo Viejo, como aseguran dispone la Ley General sobre Medioambiente y Recursos Naturales (64-00). Acento.com.do, 15 de mayo de 2015
Es paradójico que fueran los campesinos de Cotuí afectados por la entonces minera Rosario Dominicana quienes desencadenaron la lucha popular que culminó en el otorgamiento por ley del 5% de los beneficios de las explotaciones mineras a las poblaciones circundantes yhoy día sean otros quienes se disputan y reciban esos recursos mientras los campesinos ni se mencionan, aunque todavía ellos existen y siguen siendo los más afectados por la minería. El más agallú de la bolita del mundo parece ser el senador Félix Vásquez,quien dice que $600 millones no alcanzan para un supuesto “desarrollo” provincial. Solo pregúntenles a los usuarios del hospital “Inmaculada Concepción” de Cotuí que harían ellos no con 600 sino con por lo menos un millón de pesos para comprar gasa, alcohol, agujas, yeso, acetaminofén, antigripales, antidiarreicos, jeringuillas, desinfectante, hilo y otros artículos esenciales en un centro de atención primaria. Tal vez lejos del “desarrollo” que propugna el senador Vásquez pero en el que no piensa nadie que llega a un hospital con una condición urgente y no encuentra atención porque el personal de salud se halla “a mano pelá”, como reportan a diario los medios de comunicación locales.
¿Por quérazón, 40 años después de iniciada aquella memorable lucha popular, los campesinos han desaparecido de la ecuación política, no solo en el epicentro del conflicto con las mineras sino en el país mismo?Todo esto tiene que ver con la conversión de Republica Dominicana, durante los últimos 30 años, de una economía importadora-exportadora que suministraba materias primas al mercado mundial a un país de entretenimiento, zonas francas-servicios y proveedor de fuerza de trabajo barata al mercado mundial. En ese esquema los campesinos quedan relegados como actores económicos y, por tanto, pierden fuerza en tanto actores sociales. En el debilitamiento social de los campesinos también tiene que ver la despoblación de las zonas rurales y el consecuente crecimiento desorbitado de cuatro o cinco polos urbanos, a lo que se agrega la entrada masiva de fuerza de trabajo haitiana con su papel de reguladora de los salarios a escala insular.
Volvamos al origen de la consecución del 5% de los beneficios de las mineras a favor de las comunidades circundantes. En 1969 se concedió la exploración de los yacimientos de oro de Pueblo Viejo, Cotui, conocidos desde principios del siglo XVI, a la extranjera Rosario Mining Company, que en 1973 pasaría a llamarse Rosario ResourcesCorporation, la mayor productora de plata del hemisferio occidental. Precisamente en ese año 1973 comienza la Rosario la explotación del oro en Pueblo Viejo englobando oro y plata en una aleación llamada doré, de un alto contenido de plata y un porcentaje menor de oro que refinaba en Suiza. Al cabo de un año, 1974, ya las comunidades circundantes no soportaban los efectos de los residuos sólidos, líquidos y gases que emanaban de la planta de tratamiento y las excavaciones a cielo abierto. Las enfermedades dérmicas y respiratorias, el olor nauseabundo y los efectos directos sobre la producción agropecuaria local motivaron a una cantidad de pequeñas comunidades a levantarse en protesta. La represión por parte del Gobierno fue contundente, con saldo de un muerto, varios heridos y numerosos detenidos.
Es en este punto cuando, a pedido de los sacerdotes de la zona, interviene el obispo de La Vega, Juan Antonio Flores Santana, quien encarga al Centro de Promoción Campesina que asista a los campesinos afectados. Las primeras gestiones estuvieron encaminadas a buscar compensación por los daños recibidos. Argelia Tejada fue testigo privilegiada de este proceso ya que de parte del centro ella estuvo a la cabeza de este proceso, junto con el licenciado Miguel Lora Reyes, un abogado de La Vega. Fue un camino largo hasta que pudo lograrse alguna compensación para las familias afectadas; no conozco todos los detalles, pero recuerdo a Argelia en su afanoso trajinar durante largas semanas en estos menesteres. Al licenciado Lora lo conocí en estas gestiones, además de que era mi vecino y amigo; yo vivía con mi familia en la calle Concepción Taveras, de La Vega, y él junto a su familia, al doblar en la calle 18 de abril, no lejos de la iglesia salesiana Domingo Savio. Yo tuve oportunidad de recorrer la zona frecuentemente, estuve en las plantaciones y crianzas de ganado menor afectadas, estuve a orillas de los arroyos y ríos contaminados, vi la laguna de colas y respiré el aire casi irrespirable por momentos. Las Lagunas, Tocoa, Puentesin, Hatillo, Los Cacaos, Zambrana, Comedero, el Limpio, Tojín, Las Caobas, Las Tres Bocas, Las Dos Palmas, en los alrededores de la mina de oro y plata. El Caribe, El Verde y Los Gengibres, en los alrededores de la mina de ferroníquel, fueron lugares que visité y en los cuales pernocté muchas veces entre 1975 y 1978, por lo que es una realidad que pude ver de muy cerca, no me lo contaron. Muchas veces acompane a periodistas, como por ejemplo Junio Lora, LuchyPlacencia y Rudy González de El Caribe, así como a estudiantes universitarios de diferentes disciplinas que realizaban sus trabajos finales.
La exitosa demanda de los campesinos afectados se extendió a las comunidades afectadas. Primero los municipios de la provincia Sánchez Ramírez, luego de La Vega en cuanto a los territorios que abarcaba la explotación de ferroníquel de Falconbridge, actualmente pertenecientes a la provincia Monseñor Nouel. Finalmente, la vigente ley de medio ambiente y recursos naturales consagró esta conquista al establecer: “Cuando se trate de recursos naturales no renovables, el o los municipios donde esté ubicada dicha explotación, recibirán el cinco por ciento (5/%) de los beneficios netos generados”.[i]
| Desde el principio los campesinos fueron marginados de la aplicación de estos fondos, amén de la brega que daba que las mineras los desembolsaran. Los fondos iban primero a los ayuntamientos, instancia en la cual los pobladores rurales históricamente carecen de representación o tienen poco acceso.En una entrevista que le hice en 1978 a Sixto (Tito) Magallanes, uno de los líderes campesinos de la zona minera, por Radio Santa María, este se quejó de que prácticamente todo el dinero del 5% desembolsado hasta el momento había sido malgastado por los ayuntamientos de la provincia Sánchez Ramírez.La situación ahora es peor porque las mineras tienen que entregarle los fondos al Poder Ejecutivo y de ahí a las comunidades locales hay un camino muy largo, según parece.
Habría que ver de qué desarrollo habla el senador Félix Vásquez, porque van muchos miles de millones de pesos erogados durante los últimos 37 años. De acuerdo al reciente reportaje de Acento.com.do citado arriba “Según los datos suministrados por la minera y autoridades municipales, a la provincia se han debido transferir $1,637.85 millones, equivalentes al 5% de lo que la empresa canadiense ha pagado al Estado en los últimos dos años, que se estima en unos RD$32 mil 757 millones (US$732 millones)”. Lo confirma el alcalde de Cotuí, Rafael Molina Lluberes: “La Barrick ha entregado todo el dinero, y el Gobierno se ha hecho el sordo, tampoco se está haciendo ninguna obra de importancia en la provincia. Estamos cansados de reuniones, entonces nos hemos asociado los alcaldes para reclamarle al Estado que pague ese dinero”, refirió. Molina Lluberes agregó que no han recibido “un solo centavo” del Gobierno Central desde que la minera inició sus operaciones auríferas en Pueblo Viejo, Cotuí, en enero del 2013, a pesar de las carencias de servicios básicos e infraestructuras que afectan a las comunidades de la provincia. “Aquí no hay acueducto, no se ha pavimentado una calle; tenemos el problema del cementerio y las aguas negras también, no hay un servicio cloacal, relleno sanitario. En fin, los servicios básicos de la población”, manifestó el dirigente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC). Consultado al respecto, el gerente de Comunicaciones de la Barrick, Jorge Esteva, afirmó que la multinacional ha pagado “de forma religiosa” los fondos que corresponden al Estado dominicano, cuya entrega a los municipios locales es una potestad del Gobierno Central. Los municipios mineros languidecen mientras de su subsuelo se extraen sin cesar minerales que valen cientos y cientos de millones de dólares. Por ejemplo, un reportaje de Odalis Mejía publicado por el diario Hoy el 18 junio de 2011y titulado acertadamente “Maimón: Comunidad pobre en tierra de abundante oro y plata”, dice: “El municipio de Maimón recibió la pasada semana $46.7 millones de pesos como participación en los beneficios de la empresa minera Cormidón lo que no impedirá que casi todas las calles sigan rotas y el mercado deteriorado. El suministro de agua es malísimo, los ríos están contaminados y las lomas deforestadas.El deterioro de casi todas sus calles, de su mercado, la ineficiencia del servicio de agua, la deforestación y la contaminación de los ríos por las actividades mineras están entre los principales problemas que afectan al municipio de Maimón, de la provincia Monseñor Nouel.Ante esta situación la población de allí considera insuficientes los aportes de la Corporación Minera Dominicana (Cormidom) que opera la mina de oro, plata y cobre de Cerro Maimón, ya que el pasivo que deja a la comunidad es alto.La Ley Ambiental (64-00) ordena que el 5% de los beneficios de las mineras deben ser entregados a los cabildos donde operan. De las ganancias del 2009 Cormidom entregó RD$24.7 millones y la pasada semana RD$46.9 millones de los beneficios del 2010.Maimón, con cerca de 30,000 habitantes, sólo tiene una mina en su territorio. Sin embargo tiene cerca dos más: laFalconbridge en Bonao y la Barrick Gold en Cotuí, de las cuales también recibe impactos”. |
[i]Ley 64-00 del 18 de julio de 2000, Artículo 117 Párrafo II