Como es bien sabido, todo el mundo lee con agrado las efemérides. Por eso quiero en esta ocasión recordar una muy especial: los 184 meses de un especial y peligroso arrebato del tiranuelo Alberto Fujimori.
El 9 de julio de 1999 el Estado peruano anunció que descartaba su aceptación de la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y anunció -con una originalidad no imitada todavía por nadie en sus cabales- que ese retiro tenía "efecto inmediato".
La Corte Interamericana -que no es nada original- rechazó el engañoso retiro declarándolo "inadmisible".
Perú anunció entonces que no participaría del procedimiento judicial ante la Corte en dos casos recientes y que no cumpliría con la sentencia en un caso ni con las reparaciones dictada por la Corte en un segundo caso.
El ex mandatario, y actual presidiario, al anunciar su decisión de desconocer la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) argumentó que tal competencia era “contraria a la soberanía” de Perú.
La oposición lo acusó de intentar beneficios electorales con el fin de favorecer sus intentos reeleccionistas y señaló que el desconocimiento de la competencia de la CIDH dejaría a los peruanos en manos de un Poder Judicial controlado por Fujimori. La Cámara de Representantes de Estados Unidos expresó su preocupación por el estado de “erosión democrática y legal” peruano y porque “el control de los asuntos judiciales por el Ejecutivo es una amenaza que erosiona la democracia y la legalidad de Perú, y preocupa a los Estados Unidos como miembro de la comunidad americana”.
“Perú no se retira del Pacto de San José, se mantiene dentro del ámbito de la Comisión de Derechos Humanos y dentro de la competencia consultiva de la CIDH, pero se retira de la competencia contenciosa de ésta” anotó textualmente la nota oficial. La medida fue en respuesta a una sentencia de la Corte que había ordenado a principios de junio de ese mismo año, “que la Justicia peruana realizara un nuevo juicio a cuatro ciudadanos chilenos acusados de terrorismo y condenados a cadena perpetua en 1994 por un tribunal militar”. La CIDH concluyó que Perú no había respetado las garantías del debido proceso.
Un documento fue entregado al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el que el gobierno peruano comunicó que la sentencia de la Corte no sería cumplida y que el Estado peruano era víctima de “una equivocada y antijurídica aplicación de las normas que rigen el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”. “El respeto que los Estados dan a los derechos humanos debe ser evaluado considerando el contexto político y social en que se presenta”.(sic).
La respuesta de Fujimori fue presentar un proyecto de ley ante el Congreso para excluir a Perú de las sentencias de la Corte.
En el Congreso, con mayoría fujimorista, varios legisladores justificaron la medida diciendo que el fallo de la CIDH atentaba contra la soberanía y ponía “en grave riesgo la seguridad del país”. El fujimorista Oscar Medelius, presidente de la Comisión de Justicia, aseguró que Perú no podía tener confianza en una corte que “actúa con criterio político” y que “se excede en sus funciones al atribuirse la potestad de pedir la modificación de la Constitución peruana y sus leyes”.
“Organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron que el gobierno intentaba mucho más que desconocer el caso de los ciudadanos chilenos y que su propósito era evitar futuros fallos adversos, como en los casos del empresario Baruch Ivcher, al que le retiraron el control de su canal de televisión, o el de los tres magistrados del Tribunal Constitucional destituidos porque habían considerado jurídicamente inviable la candidatura “re-reeleccionista” de Fujimori.”
Para saber cómo evolucionó todo esto, es bueno recordar que representantes retirados de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú anunciaron el pasado mes de septiembre de 2014 que presentarán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos un reclamo para que se deroguen dos decretos supremos que los afectan, pues consideran que la justicia peruana no quiere reconocer los derechos del personal militar y policial. Supongo que todos saben que Fujimori está preso.
En momentos como los que vivimos, viene bien recordar a la superiora de la abadía de la “Novicia Rebelde”: “Cuando el Señor nos cierra una puerta, siempre nos abre una ventana”.