Como se ha podido apreciar, en el artículo anterior, el lavado de activos a través de sus fases genera distorsiones negativas en el área financiera como en la economía real, por lo que lógicamente afecta al mercado laboral, afectando los ingresos familiares.
Pero, veamos como esas “Fallas del Mercado” ocasionan efectos que deben ser atendidos por los gobiernos para mitigar sus consecuencias nocivas y costos asociados derivándose de manera impositiva y regresiva para las familias, al encarecer los ingresos.
En el excelente análisis “La Dimensión Económica del Lavado de Activos”, de Luís Eduardo Suarez Soto, de la UIAF de Colombia, en el cual basamos parte de este artículo, indica que por “Fallas del Mercado” se entiende la asignación errónea e ineficiente de recursos, producto de las señales falsas que emite el mercado. Esto hace que se apliquen políticas fiscales inadecuadas que generan erradas focalizaciones de fondos públicos limitando un gasto social de calidad. Estas señales no sólo afectaran al sector público, pues las mismas también son asumidas por los elementos económicos, los cuales pueden tender a asumir posiciones en inversiones inadecuadas, que luego les resultaran costosas o puede que hasta terminales.
Es innegable que el impacto de cualquier inyección de dinero en una economía genera un aumento en la actividad comercial y esto repercute en el crecimiento del PIB. Pero si ese dinero no produce riquezas de forma sostenible, entonces sobrevendrán problemas que afectaran el flujo circular de la economía.
Para ser más específicos, el lavado afecta las reglas de la libre competencia y el mercado, al alterar nocivamente el sistema de precios vía la inyección de capitales ilícitos en sectores de la economía cuyos precios se verán afectados por ese golpe artificial no sostenible.
En definitiva causaran que los elementos económicos que se manejan con fondos lícitos se vean expuestos a pérdidas que tendrán que compensar con capitalizaciones o un mayor nivel de apalancamiento, lo que aumentará el costo operativo y por tanto los precios, resultando no competitivos. De aquí las quiebras y el consecuente aumento del desempleo, lo cual afectará de forma directa y negativa la economía.
En función de lo antes detallado es que se afirma que el lavado se deriva en un impuesto regresivo para todos los elementos económicos de una sociedad. Un impuesto regresivo, es el que se cobra a todos por igual, la tarifa pagada no guarda relación con la capacidad económica de una persona y disminuye en función de del aumento de su base imponible, en tal sentido un pobre pagará más de su limitado ingreso, encareciendo este último. La Inflación es un impuesto regresivo por excelencia.
El costo del lavado se traslada a toda la sociedad, por la competencia desleal, el desvío de fondos públicos que afecta al gasto social y las posibles mayores cargas fiscales para reorientar el gasto y/o mitigar el déficit fiscal generado por las ya citadas fallas del mercado.
Los productores de bienes necesitan materias primas, maquinarias, capital, mano de obra y demás insumos para operar. Para poder ofertar bienes incurren en costos directos e indirectos que deben ser cubiertos por los precios acordados por las fuerzas del mercado. Las empresas cuyos capitales son de origen ilícito o que reciben apalancamiento con dinero ilegal sólo les interesará legitimar el origen de esos fondos en vez de crear riqueza sostenible y diversificada que garantice el crecimiento y con este coadyuvar al proceso del desarrollo de la economía.
En síntesis, las empresas que operan con flujos lícitos se verán obligadas a competir en condiciones desfavorables, lo que implicara una mayor inversión a fin de mantener los precios y con esto su mercado. Es como una suerte de tributo que se debe asumir para poder mantenerse. Este escenario genera desajustes significativos, aunque el proceso competitivo sea coyuntural, pues de ser así al equilibrarse los precios, estos serán inducidos a fijarse en un nivel superior a lo que en realidad deberían establecerse, generando presión inflacionaria.
Si el proceso rebasa lo coyuntural y se estaciona, entonces sobrevendrán las reducciones del personal, reducción de costos afectando la calidad y la posible salida del mercado. En definitiva esto será pagado por los consumidores y por el gobierno cuando se vea obligado a proteger ciertos tipos de productos o sectores.
Para finalizar, si el dinero ilícito es ingresado a la economía por consumidores, se notará una mayor capacidad de consumo. Por lo que el incremento de las cantidades demandadas influirá sobre los precios por un aumento en las preferencias de los consumidores que participan en el flujo circular de la economía con recursos ilícitos. Aquellos consumidores que deseen satisfacer sus necesidades con dinero bien habido deberán pagar un valor superior a los que sería el precio real. Es el mismo impuesto regresivo al que nos referimos antes.
En cambio, si el dinero ilícito es colocado en la economía por empresas, estas podrán ofrecer sus productos a menores precios, por una aparente mejoría de la productividad a través de la disminución de los costos. En función de este escenario, las cantidades demandadas podrán ser obtenidas a precios inferiores generando desequilibrios en el mercado, influyendo en las preferencias de los consumidores y hasta creando barreras a nuevos participantes.
La consecuencia de ingresar dinero ilícito en la economía se refleja como un impuesto regresivo para los consumidores, producto de cómo afecta el costo de producción, los precios y los ingresos.