La combinación de desigualdad y segregación de las escuelas públicas es caracterizada en la literatura sociológica con el adjetivo de “combinación perversa”. Lo de perversa por la dificultad que existe de romper el círculo vicioso de pobreza y exclusión social. Éste no solamente constituye el obstáculo principal al acceso de niños, niñas y adolescentes a una educación de calidad, pero al mismo tiempo previene que la educación pública se convierta en un medio de movilidad social por su incapacidad para producir conocimientos y crear una clase trabajadora competitiva en el mercado internacional.
Afecta pues, no solamente a las familias empobrecidas que aportan la mano de obra más barata del continente—dado que el valor social de la fuerza de trabajo en el país está determinado por la mano de obra haitiana, dominante en las principales ramas de producción de la economía nacional—pero también tiene impacto en el país, por estar incapacitado para producir bienes rentables generados por la innovación y el conocimiento.
La condición subhumana en que se reproduce la fuerza de trabajo impone formas modernas de esclavitud, dada la ausencia de oportunidades y opciones, las constricciones que el bajo ingreso impone al consumo y bienestar de los trabajadores, y la baja calidad de los servicios públicos. La tendencia en la sociedad es al aumento de la brecha entre los que tienen y los que no tienen nada, que conduce a una sociedad de corte apartheid y al suicidio como nación.
En el presente, la educación pública no cumple su rol de ofrecer a las familias de escasos recursos la oportunidad de salir de la pobreza por medio institucionales y de capacitar a la clase trabajadora para alcanzar los conocimientos tecnológicos que demanda la industria del Siglo XXI. Por esa razón, se crea una ruptura entre las metas que la sociedad propone (el sueño americano es el sueño global del capitalismo) y los medios para lograrlo. Esta disfunción genera acciones individuales y colectivas en sentidos opuestos. A continuación me refiero a las más significativas.
Por una parte hemos observado la irrupción positiva de jóvenes organizados por restaurar el rol que debe cumplir la educación pública en el país bajo el lema del 4% por ciento del PBI para educación, así como sus acciones para proteger el medio ambiente de la minería depredadora y de la industria irresponsable. Estos reclamos han encontrado oídos sordos en la partidocracia Peledeísta, cuyos intereses no obedecen al interés nacional.
Pero también se observan síntomas de ruptura entre fines y medios para lograrlos que se manifiestan en el caos social que no respeta normas establecidas. Los encontramos en los espacios públicos a través de violencia callejera, desorden vehicular, ruidos ensordecedores, apropiación de calzadas y otros espacios que arriesgan la integridad física y mental de las personas transeúntes forzándolas a permanecer en el hogar. Tienen el efecto de despojar a la ciudadanía de libertades y derechos y de convertir tareas rutinarias en pesadillas.
Al secuestro de los espacios públicos por el crimen callejero y las violaciones a las regulaciones del tránsito se añade el sentimiento de impotencia e inseguridad frente al crimen organizado que corrompe con impunidad los medios legítimos de regulación de la economía y el orden social.
Los representantes políticos del pueblo en vez de ser modelos del comportamiento a seguir, actúan como corruptores al convertir los medios de seguridad social en medios de compra de votos o de impedimento para que los opositores accedan al voto presidencial. El sociólogo Robert Merton categorizaría nuestra sociedad como la de un conglomerado disfuncional, donde las creencias culturales y prácticas sociales normativas han dejado de ser funcionales para ambos, la sociedad y los individuos.
De aquí la urgencia de transformar el sistema educativo público por ser el medio idóneo para integrar la sociedad, dignificar el nivel de vida de la clase trabajadora, y modernizar la manufactura, la cual demanda un incremento exponencial en la aplicación de tecnologías basadas en el conocimiento científico.
Causa histórica de la segregación clasista de la educación pública
Para des-segregar las escuelas públicas es necesario conocer los factores determinantes de su segregación, iniciada durante el período Trujillista (1930-1961) con la aplicación de políticas educativas que fueron formalizadas en el Concordato del 16 de junio de 1954 y que aún continúan vigentes.
El acuerdo binacional entre El Vaticano y la República Dominicana, determina en su prólogo su intención de “asegurar una fecunda colaboración para el mayor bien de la vida religiosa y civil de la Nación Dominicana”. Y expresa en su artículo XXI que “el Estado Dominicano garantiza a la Iglesia Católica la plena libertad de establecer y mantener, bajo la dependencia de la Autoridad eclesiástica, escuelas de cualquier orden y grado. En consideración de la utilidad social que de ellas deriva a la Nación, el Estado las amparará y procurará ayudarlas también mediante congruas subvenciones” [subrayados míos].
Además, el Artículo XXVIII especifica en su inciso 2, que “con la entrada en vigor de este Concordato, se entienden derogadas todas las disposiciones contenidas en Leyes, Decretos, Órdenes y Reglamentos que, en cualquier forma, se opongan a lo que en él se establece”. El tratado internacional anula el sistema de educación pública y secular que le precedió.
La alianza de la iglesia con el régimen Trujillista impactó el contenido y la estructura del sistema de educación pública debido a la utilización del dinero del pueblo para construir colegios católicos y otras entidades administradas por la iglesia, mientras los edificios públicos y las subvenciones necesarias para la modernización continua de la educación pública fueron suspendidos o reducidos. En otras palabras, la iglesia Católica le hizo competencia al sistema de educación pública minimizando su presupuesto por voluntad del Vaticano y de Trujillo. No es necesario que éste haya sido su objetivo primordial, pero fue una consecuencia que pudo ser esperada o no por diferentes actores.
Además, la Iglesia no necesitaba crear tienda aparte con colegios privados para sustituir la enseñanza basada en conocimientos, por la enseñanza basada en creencias. En otros artículos del Concordato, Rafael Trujillo le concede el monopolio del adoctrinamiento religioso no solamente en las escuelas públicas, pero en todas las instituciones con poblaciones confinadas y a través de todos los medios de comunicación estatales, temática que abordaré en otros artículos.
Para ilustrar la segregación del sistema de educación pública voy a exponer mi experiencia como estudiante de primaria en el pueblo de San Francisco de Macorís durante la década de los cincuenta. Las nuevas generaciones pueden inquirir los orígenes de la segregación de las escuelas públicas urbanas cuestionando a sus padres, abuelos, o conocidos. En comunidades rurales pequeñas no puede hablarse de segregación dado que éstas carecen de escuelas privadas alternativas; más bien los campesinos han emigrado en búsqueda de mejores oportunidades para sus hijos a través de escuelas que les permitan finalizar la secundaria.
Yo estudié en la escuela pública de San Francisco de Macorís los grados de 1ro a 5to de la educación básica, era la única opción que teníamos en el pueblo. Conservo el recuerdo de algunas de mis profesoras, particularmente Doña Lulú Germán, mi maestra de primer grado y Doña Hilda Camilo de segundo grado. Mi padre, el Dr. Antonio Tejada Guzmán, oriundo de la sección de Conuco de la provincia Hermanas Mirabal, logró por su propio esfuerzo especializarse en cirugía en Alemania con anterioridad a la toma del poder de Hitler y ser uno de los primeros 13 cirujanos del país. Mis primas, algunas amigas y yo íbamos a la escuela pública en carro con chofer. Compartíamos clases con niñas cuyos padres eran en algunos casos analfabetos y dependían del ingreso de una madre que dignamente se ganaba el sustento como trabajadora doméstica de un hogar que no era el suyo. En mi hogar y los de familiares y amistades la integración en las escuelas no fue tema de conversación o preocupación.
Las maestras eran puntuales, y se dedicaban al proceso de enseñanza en tanda matutina de 8:00 am a 1:00 pm. Aunque formalmente no existían asociaciones de Padres, las docentes y directora conocían nuestros padres y se inhibían de utilizar medidas disciplinarias abusivas, anular días de clases por motivos espurios y enviar al alumnado a sus hogares sin aviso previo. Nuestros padres hubieran protestado con energía y sacado a la directora como ocurre en el presente. La entonces provincia de Salcedo era conocida por tener la mayor proporción de profesionales graduados en el país, que atribuían a la excelencia del profesorado bajo la dirección de la Srta. Gómez. Esta situación cambió al iniciar el sexto grado.
La situación cambió en SFM cuando yo iniciaba el sexto grado. Fui sorpresivamente sacada de la escuela pública junto a mis primas y amigas e inscritas en un nuevo colegio que funcionaba en el local del Asilo La Milagrosa que administraba la Congregación del Cardenal Sancha. No volví a encontrarme con las viejas amigas. ¡De golpe y porrazo la clase media abandonó la escuela pública por un colegio católico!
En el Colegio Altagracia completé los grados de 6to a 8vo en dos años sin informar a mis padres que pensaba se opondrían por mi corta edad. Pero este Colegio no logró atraerme. Durante esos dos años el local y el internado del asilo se mantuvieron intactos así como la población de niñas asiladas. El único cambio fuimos las estudiantes que llegamos de la escuela pública y el nombre de “Colegio La Altagracia”. Nos enseñaban maestras laicas que no superaran a las de la escuela pública. Solamente recuerdo una profesora que nos asignó escribir una carta de agradecimiento a Trujillo por otorgar el dinero para el nuevo local. Le agradecí a Trujillo sus “fechorías” y conservo en la memoria el miedo por la seguridad de mi familia que su reproche me provocó.
En el transcurso de dos alas religiosas lograron clientes, tierras, y financiamiento para iniciar la construcción del plantel del Colegio ubicado en la entrada de la ciudad y no en la tumultuosa calle comercial de San Francisco de Macorís donde estaba localizada la escuela pública. Las religiosas lograron sin invertir un centavo una propiedad inmobiliaria de mucho terreno donado y con una infraestructura suntuosa en comparación con el local de la escuela pública de madera destartalada y patio de cemento agrietado. El nuevo local posibilitó ampliar el alumnado con niñas procedentes de comunidades vecinas y la obtención de ganancias mayores con el nuevo negocio de la educación privada.
Pero la segregación se produjo porque los colegios católicos no se limitaron a las subvenciones del estado. El estudiantado debía aportar una cuota mensual que impidió a las clases sociales de bajos ingresos inscribirse en los colegios. La cuota constituyó la muralla discriminatoria que segregó a la población pobre y marginada en escuelas públicas en ciudades donde el mercado de la educación abrió la competencia de colegios católicos con financiamiento estatal. En la actualidad la brecha de la desigualdad ha aumentado con la llegada de escuelas privadas laicas que ofertan métodos educativos más eficientes que los católicos incluyendo en muchos casos la enseñanza en inglés o francés.
Siempre supe que Dios no era la razón por la cual nos llevaban a colegios católicos. En esos días no se conocía la palabra segregación, solamente se implementaba y se vivía. La mercadotecnia tampoco se estudiaba, pero fue eficiente debido a la alianza legitimadora de la iglesia con el régimen de terror Trujillista.
En conclusión, en ningún artículo de nuestra Constitución se plantea como meta del estado dominicano mejorar la vida religiosa ni tampoco mejorar la vida civil en alianza con una iglesia en particular como expresa el Concordato. De aquí que la Constitución no incluya metas que justifiquen incluir una institución religiosa en su presupuesto nacional. Lo correcto es eliminar este tratado anacrónico como lo han hecho otras naciones y transferir el presupuesto usado en actividades educativas y proselitistas de las iglesias Católica y Evangélica al presupuesto del Ministerio de Educación.
El tema de la desigualdad y segregación de las escuelas públicas, así como del vergonzoso acuerdo internacional con el Vaticano, no fue tratado por ninguno de los candidatos presidenciales que fueron convocados a principios de mes por la Coalición Educación Digna. Si a los políticos se les exigiese que enviaran sus hijos a escuelas públicas, otra sería la historia. Por suerte tenemos alternativas viables con el uso de tecnologías modernas y voluntad política. De éstas hablaré en mi próximo artículo.