Que el Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales exprese un alto grado de preocupación por el feo y lesivo espectáculo y costoso proceso en recursos, esfuerzo e imagen internacional de limpiar las aguas del malecón anegadas por cientos de toneladas de basura, que aún siguen fluyendo a través del desagüe de los ríos Isabela y Ozama, se explica con creces dada la responsabilidad del cargo que ocupa.
Que proponga, además, penalizar a todas aquellas personas que arrojan desperdicios, no solo plásticos, sino de todo tipo en las vías públicas, solares yermos, parques, campos, autopistas, ríos, cañadas y playas armoniza con las numerosas voces desde hace tiempo vienen reclamando que nos convirtamos en un país donde impere un régimen de consecuencias para todo tipo de inconductas. Un comportamiento que cae dentro de la categoría penal cuando además de atentar contra la salud y el medio ambiente, nos proyecta como un país nadando en suciedad y contaminación.
Pero…¿remedia la situación la simple idea de formar una patrulla de ciento cincuenta motoristas consumiendo esfuerzo, tiempo y combustible en el afán de detectar y someter a la justicia a los desaprensivos que sean sorprendidos arrojando basura a diestra y siniestra?
¿Acaso podemos ignorar que se trata de una práctica casi ancestral, que ha ido creciendo en el tiempo adquiriendo fuerza de costumbre y categoría de comportamiento normal para un inmensa legión de ciudadanos?
¿Son apenas unas cuantas decenas, cientos, o pocos miles los autores de este comportamiento cuasi delictivo, o por el contrario, una conducta generalizada a nivel nacional?
¿Ocurre solo en barrios marginados, entre personas de bajo nivel cultural, social y económico, o en cambio se da en todas las escalas, lo mismo el que transita en un ruidoso motor, como el que conduce una costosa yipeta, quien vive a orillas del Ozama como el que habita en una lujosa residencia, apartamento o pent-house?
Frente a un problema de tanta envergadura ¿qué pudiera realmente hacer una brigada de apenas ciento cuenta vigilantes motorizados?
No se trata de comportamientos aislados sino de profundo arraigo en la conducta de una gran cantidad de ciudadanos de todas las clases sociales y niveles culturales. Y eso, lamentablemente, no se soluciona en modo alguno con acciones represivas tan limitadas como las que plantea el Ministro de Medio Ambiente, y que mas bien da la impresión de una decisión improvisada.
Un problema cultural de larga data como es disponer de manera irresponsable y festinada de la basura, requiere antes que nada poder cambiar ese patrón de comportamiento en base a un sostenido trabajo de toma de conciencia y responsabilidad ciudadana, comenzando por advertir el perjuicio que entraña para la propia salud y la calidad de vida de quienes perpetran esas acciones. No olvidemos que nada motiva mas a la gran mayoría de la gente que su propio y directo interés.
Sanciones para los infractores, más que justificadas. De hecho se han venido reclamando de manera reiterada desde tiempo tan lejano como el que llevan pendientes en el Congreso la ley de aguas y la de partidos por citar solo dos casos.
Pero eso, como paso complementario a un proceso de intensa toma de conciencia pública y empoderamiento ciudadano, que debiera comenzar por la escuela como asignatura práctica de vida y comportamiento cívico, y de crear las normas, condiciones y facilidades para que pueda llevarse a cabo una correcta disposición de los desechos, inclusive la separación de los mismos, tal como ocurre en otros países y es lo recomendable para mediante el reciclaje hacer de ellos un aprovechamiento rentable.
Tal pudiera y debiera ser una de las tareas de amplio e inmediato abordaje del programa “Dominicana Limpia”. Porque poco hacemos si eliminamos los vertederos existentes para sustituirlos por modernos rellenos sanitarios, en tanto se mantiene la incultura e inconducta de seguir improvisando y llenando el territorio nacional de miles y miles de pequeños vertederos individuales que es lo que ocurre cuando arrojamos la basura donde primero nos acomode sin pensar en las nocivas consecuencias para el país, los demás y nosotros mismos.
Frente a esa realidad no creemos que pueda hacer mucho esa brigada de ciento cincuenta motoristas llevando a cabo un servicio de vigilancia que debiera formar parte de la agenda de responsabilidades del cuerpo policial, en tanto aquella quizás prestaría un servicio mucho más útil y efectivo fortaleciendo el patrullaje de las bastantes desguarnecidas áreas protegidas del país que con tanto frecuencia son objeto de irresponsable depredación para la quema de carbón, el conuquismo, o inclusive la misma agricultura y ganadería a mayor escala.