Para un presidente con vocación democrática debe ser inexorablemente incómodo tener que recurrir a la restricción del derecho a la libertad de tránsito de la ciudadanía, aún se implemente con un toque de queda constitucionalmente fundamentado y se inspire en la necesidad de contrarrestar urgencias excepcionales.
Debe ser motivo que zahiere su espíritu la contemplación del desplome de la normalidad cotidiana de su pueblo y el ocultamiento obligatorio de esa sonrisa reflejante de la felicidad humana, que ahora subyace atrapada por una mascarilla que creemos se levanta como pared infranqueable para protegernos del coronavirus.
Quienes nos gobiernan están en el ineludible deber de prohijar cuantas medidas sean necesarias para la preservación del bien más preciado, la vida, que, huelga decir, fue la gran fuente de inspiración del pacto social a que arribamos, y por el cual sacrificamos aquella libertad absoluta, a cambio de la seguridad de nuestra existencia y nuestros bienes.
"Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones”
Por ello, las autoridades nos han forzado a usar estas mascarillas, que aunque en ocasiones se tornan sumamente odiosas y nos aturden de cansancio, finalmente nos han hecho comprender que hay sacrificios que se vuelven impostergables al momento de enfrentar un virus que además de su alta letalidad, arrastra la agravante de que la ciencia aún no ha podido descifrar el secreto de su código genético.
Revertir lo ordinario para garantizar la salud no es tarea fácil para un gobierno que se ha visto compelido a conjugar innúmeras dificultades, incluyendo gastos no previstos que retrancan las posibilidades del Estado de cumplir con sus fines, y se traducen en un gran sacrificio tributario para la población.
Pero la solución no es sentarnos a derramar lágrimas a los pies del Muro de las Lamentaciones; sabiamente las autoridades han echado mano de las alternativas disponibles y han recurrido a los avances tecnológicos para garantizar el derecho fundamental a la educación, evitando así poner en riesgo el derecho a la vida, eje principal de la razón de ser de los humanos.
Todos aplaudimos que se apele a la enseñanza virtual como mecanismo alterno en aras de que el Estado cumpla con la finalidad constitucional del “artículo 63.- Derecho a la educación. Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones”.
Igual debemos aplaudir que el Poder Judicial, para contrarrestar estas circunstancias imprevistas, también recurra a la virtualidad como mecanismo alterno para impartir justicia y así evitar la exposición de la ciudadanía al riesgo que entraña el coronavirus, porque a fin de cuenta, procurar justicia poniendo en peligro la propia vida, podría calificarse como una verdadera injusticia.