Pensando en el regreso a la normalidad, valdría la pena preguntarnos a qué normalidad regresamos. La crisis no comenzó a mediados de marzo. Tampoco comenzó el 16 de febrero con la suspensión de las elecciones municipales. La crisis está latente en nuestra cultura política, en nuestros liderazgos políticos y empresariales, en las reglas del juego. Preguntémonos: ¿brindaban nuestros hospitales servicios de salud dignos previo al COVID-19? ¿Acaso alguien se sentía particularmente orgulloso de nuestras escuelas públicas o de nuestras universidades previo al COVID-19?
Hoy quiero referirme a una de esas fallas estructurales: la normativa que rige nuestro sistema universitario. En el caso de la educación, mucha de la discusión gira en torno a los desafíos de la virtualidad, y si bien es un tema que amerita toda nuestra atención, el sistema educativo y el nivel universitario en particular, sufre deficiencias sistémicas que tienen menos que ver con la forma en que se imparte la docencia que con el contenido y la gestión de nuestras instituciones educativas.
La regulación vigente obliga a nuestras universidades a ofrecer una carga académica mínima de 140 créditos para otorgar títulos de licenciatura. Unas cuantas, entre ellas las ingenierías, la arquitectura y el derecho, tienen una carga mínima aún mayor, equivalente a 200 créditos. He ahí un primer gran problema que debemos corregir y que quiero que analicemos juntos.
Pensemos en un estudiante que cursa la carrera de derecho. Su pensum le exige aprobar 240 créditos en el transcurso de sus cuatros años de estudios. Eso significa que para graduarse, el estudiante debe aprobar un mínimo aproximado de 5 asignaturas por período académico hasta finalizar la carrera. ¿No les parece mucho? Veamos.
Si un estudiante con cinco asignaturas en el periodo académico tiene que realizar una tarea semanal para cada asignatura, estaría realizando una tarea diaria entre lunes y viernes. Esa tarea podría ser leer un ensayo de 30 o 40 páginas, podría ser preparar una presentación, revisar un caso de estudio, preparar un análisis de texto. Son muchas las posibles asignaciones; cada una con su respectivo nivel de dificultad y no todas se resuelven el mismo día. Las cosas bien hechas se toman su tiempo. Ahora imaginemos que no sólo existe la carga diaria de tareas. El día repentinamente perdió 8 horas porque los estudiantes se insertan en el mercado laboral. Entre 8:00 AM a 4:00 PM los estudiantes trabajan; el resto del tiempo están en las aulas universitarias. ¿Cuándo realmente se es estudiante?
Un estudiante que estudia y trabaja no puede ser estudiante porque no estudia, ni antes ni después del tiempo en el aula; sencillamente no puede serlo porque no tiene tiempo ni energías. Cada hora que pasa en el aula debería equivaler a dos o tres veces esa cantidad de horas fuera del aula. La matrícula universitaria en la República Dominicana es muy costosa. Se hace aún más costosa si lo único que nos brinda son esas horas de presencialidad en las aulas, pero no nos conduce a un pensamiento crítico y analítico.
Por otro lado, el excesivo número de créditos académicos acarrea dificultades adicionales. Una de esas dificultades es la excesiva cantidad de materias, lo que a su vez conduce a dos posibles escenarios. El primer escenario es que muchas asignaturas podrían significar egresados con altos niveles de especialización. El segundo escenario, en cambio, resulta en materias que no tienen razón de ser. Relleno. ¿Cuál de estos, creen ustedes, que describe la realidad?
Lamentablemente, el bajo nivel de las asignaturas no permite la especialización. El estudiante que aprobó las asignaturas fundamentales al vapor porque no tenía tiempo para estudiar no contará con los conocimientos necesarios para poder especializarse. Tampoco la licenciatura tiene como propósito la especialización. Para eso están los posgrados. Descartado el primer escenario, nos quedamos con programas de estudios cargados de asignaturas, algunas repetidas, otras sin foco. Y mientras tanto, el estudiante pierde tiempo y dinero. No sólo lastima su formación, también hiere su potencial contribución al mundo.
De igual manera, el número elevado de asignaturas genera una alta necesidad de profesores. El alto número de asignaturas conlleva, en primer lugar, un desincentivo a la contratación de profesores a tiempo completo. Las universidades dominicanas muchas veces rehúyen a los compromisos laborales que genera el empleado fijo en el tiempo. A diferencia de las mejores universidades del mundo en la que los departamentos contratan sobre todo académicos de tiempo completo, las universidades dominicanas contratan a centenares de profesores “taxi.” Esto no es una crítica a los profesores. Este escrito es para ellos. Celebro y reconozco su invaluable labor. Escribo porque la academia tiene que pasar a ser una ocupación merecedora de nuestro respeto. Esto es una crítica al sistema y las pobres políticas que desde el ente regulador se impulsan.
Regresando al hilo de problemas, el alto número de asignaturas conduce también a tener que contratar a personas que en ocasiones no tienen ni disposición para la enseñanza universitaria ni conocimientos especializados como para impartir asignaturas particulares. Impartir una clase en la universidad no es fácil y requiere de mucha preparación. Así como ser estudiante requiere más horas fuera del aula que dentro de ella, el profesor pasa más tiempo preparando sus clases que impartiéndolas.
Finalmente, el excesivo número de materias impartidas obliga a incluir el verano como un periodo académico regular. Al hacer esto, las universidades pierden la posibilidad de homologar el sistema académico dominicano con los sistemas académicos del mundo desarrollado con quienes deberíamos querer promover acuerdos de intercambio.
¿Cómo resolver estos problemas?
- Comencemos reevaluando el número de créditos que desde el MESCYT se exige para la entrega de títulos de licenciatura. Mientras, las revisiones de planes de estudios pierden sentido. Mi intención no es sugerir un número particular de créditos, pero no me cabe duda de que debe ser uno inferior al que actualmente exige el MESCYT.
- Las universidades que pretenden formar profesionales de calidad deberán moverse en la dirección de la contratación de profesores de tiempo completo. Como en cualquier área del ejercicio profesional, la enseñanza universitaria debe definir los incentivos que atraigan talentos al aula; incentivos que le demuestren que el crecimiento profesional dentro del aula es posible; que es posible crecer sin la necesidad de ocupar cargos administrativos; incentivos que le demuestren que siendo profesor universitario se puede vivir más que dignamente. Nueva vez: calidad sobre cantidad.
- Debemos pensar en modelos de estudiantes de tiempo completo. El proceso de adaptación de las universidades a la realidad socioeconómica de la República Dominicana no puede llegar al punto de sacrificar la esencia del servicio que ofrecen. En ese sentido, liberar el verano puede ser una solución viable. Por un lado, liberar el verano de carga académica permitiría al estudiante conseguir pasantías. Las universidades tendrían el incentivo y la tarea de generar buenas relaciones con los sectores empleadores como para crear programas de pasantías que acojan a sus estudiantes durante los meses de verano.
- Al liberar el verano, las universidades estarían brindándoles a sus académicos un tiempo precioso para ellos poder impulsar sus agendas de investigación; agendas que en ocasiones requieren trabajo de campo y por tanto tiempo fuera de las universidades. El verano libre permitiría a su vez un mayor nivel de movilidad de estudiantes y profesores hacia mejores universidades en el exterior, con quienes deberían querer promover proyectos de investigación y aprendizaje cruzado.
Queda sobre entendido que la principal finalidad de esta propuesta es generar el mayor valor posible del tiempo que destinan tantos los profesores como los estudiantes a la vida universitaria. Reducir el número de créditos es uno de muchos pasos necesarios, pero la esencia de la propuesta gira en torno a repensar la calidad del crédito.
Por último, el MESCYT tiene que revisar sus reglamentos. Sus políticas hunden innecesariamente a nuestras universidades, afectando la calidad de los aprendizajes y lacerando definitivamente el potencial de la República Dominicana. Asimismo, las universidades tienen una cuota importante de responsabilidad. A ellas corresponde presionar al MESCYT para que el cambio suceda. ¡Que la vida pos-COVID nos agarre en pie de lucha!