El pasado jueves 10 de diciembre, el Ministro Carlos Amarante Baret, en representación del Ministerio de Educación (MINERD) y Monseñor Gregorio Nicanor Peña Rodríguez, presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED), firmaron un Convenio Marco, que solamente puede entenderse si aceptamos que el Concordato Trujillista de 1954 está por encima de la Constitución y que para el PLD es más importante mantener al Cardenal contento que defender la educación de calidad de los pobres y el futuro de la sociedad dominicana.
El nuevo convenio lo justifican el CED y el MINERD, “bajo la premisa de que la educación es pública y gratuita, con el valor agregado de la mística de la fe católica, en los centros escolares propiedad o administrados por la Iglesia”. De acuerdo al convenio, los centros gestionados por la Iglesia Católica “pasarán a funcionar igual que las escuelas públicas en los aspectos administrativos y pedagógicos, y donde unos 130 mil niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, provenientes principalmente de sectores vulnerables del país, recibirán docencia en forma gratuita”.
Pero el valor agregado de la mística católica fue el que combatió la primera revolución moderna de la ciencia en los siglos XVI y XVII, y la que exportó la filosofía escolástica obsoleta a nuestro territorio, prohibiendo la libertad de conciencia y religiosa e imponiendo la esclavitud. La Educación de calidad es científica, como la categorizó Juan Bosch en la Constitución de 1963; libre de todo tipo de fundamentalismos, como lo explicó Eugenio María de Hostos en su “Moral Social” e instituyó con la fundación de la Escuela Normal en 1880; y con perspectiva de género, como estableció Salomé Ureña de Henríquez en 1881 con la fundación de la primera escuela para señoritas en la Republica Dominicana y el legado de discípulas que sembraron la semilla del conocimiento en todo el territorio nacional.
En su página Web, el MINERD resalta “que a partir del Convenio habrá dos tipos de centros educativos que se podrán acoger al acuerdo, divididos en instituciones educativas católicas con establecimientos propiedad de las Diócesis, Parroquias, de Institutos de Vida Consagrada y otros organismos eclesiásticos gestionados totalmente en sus costos por Educación, e instituciones educativas públicas propiedad del Estado dominicanos cedidos a la Iglesia Católica para su gestión”.
Esto significa que en el primer tipo pueden ser incluidos TODOS los colegios católicos del país. Lo cual implica compartir el presupuesto del 4% del PIB destinados a los estudiantes de las escuelas públicas, con familias de estudiantes de clases altas, medias, y menos pobres. Estas pudieron elegir y pagar cuotas para enviar a sus hijos a colegios católicos, por naturaleza privados. Incluye además, a colegios católicos que han estado funcionando con el subsidio estatal de su cuerpo de docentes, bajo el programa denominado “semi-oficial”. En el 2013 el Cardenal López Rodríguez estimó la población estudiantil de colegios católicos “semi-oficiales” en 170,000 estudiantes. Con el convenio, estos no tendrán que pagar cuotas, dado que la Iglesia Católica puede traspasarla al Estado.
Supuestamente, con la firma de Monseñor Nicanor Gregorio Peña Rodríguez y del ministro del MINERD, el convenio hará desaparecer los colegios católicos privados. Pero aquí lo que ha ocurrido es lo inverso. Se afirma lo que en los hechos se niega. El dinero del 4% se utilizará para subsidiar a las clases altas, medias y las menos pobres, restándole recursos a las escuelas públicas. La tajada del 4% que se apropiará la Iglesia es inmensa, y no esperemos transparencia ni rendición de cuenta. El 4 % también cubrirá el entrenamiento de todos los docentes de los colegios privados, que son muchos.
Semejante alianza es la solución que ha ideado el CED para enfrentar la competencia de las escuelas públicas renovadas por los ingresos del 4% para educación. La clase media que participa en sus colegios católicos ha visto disminuir sus ingresos y calidad de vida. No puede aumentar los sueldos de sus docentes y evitar que estos emigren al sector público, ni puede aumentar la tarifa para ofertar refrigerios y almuerzo con una tanda extendida. La competencia es obvia, y en poco tiempo los colegios privados disminuirán y solo serán accesibles a la clase alta. La iglesia no da nada gratis, solo pasa la cuenta a terceros. Es esta la causa de este convenio inmoral: evitar el éxodo de sus alumnos hacia las escuelas públicas.
Este éxodo no es el problema, es la solución a casi un siglo de segregación de la población estudiantil que asigna las escuelas públicas destartaladas a los pobres, y los colegios católicos privados a las clases media y alta. La segregación clasista fue creada por Trujillo y la Iglesia Católica con la construcción de planteles escolares para crear colegios privados con recursos del Estado. El convenio marco es un mecanismo malvado para evitar la desegregación de las clase sociales en las escuelas públicas. Los colegios católicos continuarán siendo privados, el declararlos públicos es un juego de palabras para engañar a los incautos. Lo que la Iglesia Católica quiere es que el Estado cargue con los gastos de los colegios católicos privados, donde tienen a la población cautiva para adoctrinarlos en dogmas irracionales y obedecer a ciegas su autoridad. Esperemos la demanda del CODUE para también declarar públicos sus colegios y pasarle la cuenta al Estado.
El convenio marco atenta contra la educación de calidad de los pobres, secuestrando sus recursos para compartirlos con los que todo lo tienen y con los menos pobres. Cementa el status quo etiquetado por la UNESCO como el factor perverso en la educación: la combinación de la desigualdad y la marginalidad. Factor que el éxodo de niños de familias de clase media y media baja hacia las escuelas públicas hubiese podido disminuir y con el tiempo erradicar. Propósito que debe ser el fin de un estado laicista, que históricamente se fundamenta en la justicia social para lograr condiciones de igualdad y libertad.
Con este pacto, el sistema público será robado de recursos para dotar a cada estudiante con un laptop; medida necesaria para romper la división digital y entrar en la revolución Informática del siglo XXI. Con este pacto, la Iglesia muestra su cara, que no puede esconder con juegos de palabras que significan lo contrario de lo que dice.
El rechazo del MINERD a no invertir en laptops confeccionadas para las condiciones del Tercer mundo, y de amplio uso en otros países de África, Asia y America Latina, deja una sospecha en la población. La negativa pudo surgir del PLD y/o de la Iglesia Católica, no tengo idea. Pero la corrupción y la autoridad son amigas del secreto, y prefieren poblaciones acríticas y desinformadas. Lo que llevo a1años planteando es que ningún/a estudiante sin acceso al Internet puede esperar tener los conocimientos y las habilidades digitales que requiere en el presente el mercado de trabajo. Es inconcebible que se hable de “revolución educativa” sin acceso al Internet. Lo que sí es cierto, es que este convenio constituye un zarpazo inmoral y agresivo contra los pobres de Republica Dominicana, que limitará la posibilidad de extender el dinero del 4% para comprarles laptops.
La función de una auténtica revolución educativa es crear las condiciones para que las personas que nacen en la pobreza puedan ejercer sus derechos y educarse de acuerdo a sus talentos en igualdad de condiciones de las que nacen en la abundancia. El convenio entre el MINERD y la CED hace todo lo contrario, transfiriéndole los recursos destinados a la educación de los pobres a los que nacen con la posibilidad de elegir una educación elitista y privada. Al cardenal y sus obispos les debería de dar vergüenza salir a las calles y predicar contra la corrupción y la injusticia que el mismo CED promueve.
Finalizo con un llamado a los sectores de la Iglesia que creen en la justicia social para que no permanezcan enmudecidos. Invito a las Asociaciones de Padres, Madres, Tutores y Amigos de la Escuela, a la ADP, y a la Coalición Educación Digna para que protesten ante esta injusticia. El 4 % del PIB para Educación fue posible protestando en las calles. Ahora es necesario defenderla con el mismo ideal y perseverancia que lo inició.
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