Hay consenso en la sociedad dominicana sobre la importancia de haber asignado el 4% del PIB a la educación. Esta decisión del gobierno del Presidente Danilo Medina, ha contribuido en mucho a gran parte de la aceptación que tiene en el pueblo, conforme lo reporta la Encuestadora Gallup en su reciente encuesta.
Con gran acierto, el gobierno ha iniciado el proceso para construir 10 mil aulas en su primera fase. Estas han sido asignadas a profesionales de la ingeniería mediante concursos, eliminando así los vicios y falta de transparencia que rodeaban la asignación de dichas obras en el pasado reciente.
Sin embargo, como distracción a la dinámica del proceso de mejorar la educación, se ha comenzado por el componente más artesanal del conjunto de acciones necesarias para lograr tan importante objetivo: el aumento salarial para los profesores. Dicho aumento no debe distraer a las autoridades del rumbo hacia dónde nos dirigen, para lograr mejorar la calidad de la enseñanza. El punto principal debe ser revertir los índices negativos de nuestra educación, especialmente en los niveles iniciales. Por lo tanto el aumento a los profesores y personal de administración, debe ser en base a la capacidad, tiempo en el servicio, entrenamiento, evaluaciones, niveles de la calidad mínima de vida que debe tener un maestro. Quien no califique, que sea descartado por los mismos procedimientos establecidos, de manera que ser profesor se haga atractivo a otros profesionales que tengan vocación y que deseen incursionar en este campo. Asimismo se deben hacer ingentes esfuerzos para que se cumpla estrictamente con los horarios de clases y que se comprometa a los profesores con este requisito, so pena de ser cancelado del servicio.
De manera que al cabo de 10 ó 20 años, no tengamos “arrepentimientos” previsibles desde ahora. Se requiere que las autoridades educativas conozcan, manejen, comparen y dominen los índices educativos negativos que se desean superar, aplicando las metodologías correspondientes en el mediano y largo plazo al tiempo que sus resultados puedan ser evaluados y medidos cada tres o cinco años.