Grande fue el alboroto que unos años atrás se originó en muchos feudos informativos del continente, y hasta de algún gobierno de la región, a raíz de los debates escenificados en el parlamento de la República Bolivariana de Venezuela durante las discusiones en torno a la ley de responsabilidad social de radio y televisión. Desde la acera donde se sitúan quienes que buenamente creen que el rol de los medios de comunicación es exclusivamente el de informar exponiendo la realidad de los hechos acaecidos, resultaba difícil entender el malestar derivado de una pieza legal cuyo único interés era el de asegurarle a la sociedad que no se le trastocara la realidad para escamotearle la verdad. Pero es que existen aquellos, no pocos, convencidos de que tener el privilegio de poseer o controlar un medio de comunicación, o simplemente poder expresarse a través del mismo, les da patente de corso para cambiar la esencia de la realidad en beneficio de intereses, casi nunca al servicio de los grandes colectivos.
Confiados en el poder de manejar la información como instrumento a través del cual se puede y se quiere condicionar la percepción de la población acerca de los hechos, algunos medios llegan a subestimar por completo la inteligencia y capacidad de raciocinio inherente a muchos seres humanos. La decantación de los contenidos subyacentes en una amplia gama de materias noticiosas servidas en días recientes por algunos medios de comunicación, constituyen una muestra fehaciente de esta afirmación.
Para ejemplificar la aseveración precedente basta con citar dos noticias datadas de días recientes. Un cable de la AFP con fecha 26 de febrero del 2011 da cuenta de que, para dispersar a manifestantes que protestaban en la ciudad de Mosul, 350 kilómetros al norte de Bagdad, las fuerzas de seguridad dispararon tiros de advertencia pero las balas al caer hirieron a los manifestantes, matando a cinco de ellos e hiriendo a otros 20 frente a las oficinas del gobierno provincial de Mosul, a 350 km. al norte de Bagdad.
Existen antecedentes en relación a balas que al caer han herido e inclusive les han causado la muerte a personas. No obstante, resulta difícil aceptar que ese elevado número de bajas pudiera ser producido, en un solo lugar y momento, por balas al momento de caer.
Aun ante lo insólito de ese evento, en un ejercicio de pretendida precisión, para certificar la veracidad de la información, la empresa de noticias mencionada cita como fuente a un oficial de policía, de quien proporciona rango, nombre y apellido. Con esto se evidencia, que la agencia de inmediato dio como buena y válida la información, pues ante el menor espacio de dudas, los comunicadores diligentes suelen no dudar un segundo en recurrir a la confirmación de la veracidad de la misma, para lo cual pueden llegar a hacer ingentes esfuerzos.
El segundo ejemplo se deriva de la oferta noticiosa del periódico digital de la BBC del día 28 de febrero del 2011. Mientras otros medios de comunicación, aunque no necesariamente de forma proporcional, informan acerca de los acontecimientos más recientes en algunos de los países árabes, de las diez materias noticiosas anunciadas en su primera lista de titulares del día, cinco estaban dedicadas a la situación en Libia, y particularmente a su gobernante. Obviamente no se trata de se oculte la realidad imperante en ese país del Magreb, pero tampoco se debe llegar al extremo de querer convencer a quienes reciben las noticias de que la mitad de lo que hoy ocurre en esa región del mundo se verifica en un solo país, en un contexto donde en Túnez, Bahrein, Jordania, Egipto, Irak, Yemen y Marruecos no cesan las manifestaciones. La diferencia obviamente radica en que, mientras los gobiernos de estos países han sido tradicionales defensores de los intereses a los cuales sirven esas empresas de noticias, el gobierno libio no ha sido lo suficientemente dócil como para merecer el trato que se da a los primeros.
La cruda y lacerante realidad es que, entre las empresas comercializadoras de noticias, no escasean aquellas que en forma descarada utilizan los hechos apenas como materia prima para la elaboración de productos ideológicos con la forma y color de los intereses económicos y políticos a los cuales sirven, sin el menor respecto a la inteligencia ni al derecho a la información que asiste a las personas.