Nos cuesta reconocernos en la sociedad en que habitamos, la del cibermundo; no nos damos cuenta que cuando un paradigma cambia todo vuelve a cero. Al contemplar los indicadores sociales y las riquezas creadas, nos da pavor al tomar conciencia de la realidad del espejo verdadero. Es como si nos encontráramos arrastrándonos a un proceso autocatalítico, donde la riqueza se engendra y no se encuentra. Stricto sensu, crecemos, en una perspectiva truncada de desarrollo.
Nos encontramos, entonces, como en la civilización de las costumbres, donde el principio regulador de todo Estado no funciona sino en la fragilidad del poder personalizado y no institucional. Es el drama institucional que nos abate y acogota al mismo tiempo, puesto que construye ciudadanos diferentes en un mismo territorio. Las leyes se validan en el concierto de la conveniencia del poder.
Si no, qué explica que tengamos la Ley 311-14 de agosto del 2014 sobre Declaración Jurada de Patrimonio, que en su Artículo 14 expresa “Sanciones por omisión de declaración. El servidor público en funciones que esté obligado a presentar declaración de su patrimonio y no obtempere dentro del plazo establecido en esta ley u omitiere declarar algún bien, incurriría en faltas graves o de tercer grado, según su caso, previstas en la Ley 41-08. Esta última Ley contempla en su Artículo 81, numeral 3, que la falta grave o de tercer grado conlleva la destitución del funcionario y no podrá ejercer función pública en los próximos 5–10 años.
Esa ausencia del respeto al imperio de la ley, al poder institucional, se degrada en la esquizofrenia institucional a la “bipolaridad” de los actores políticos, para airear, amagar, simular, en un cinismo expreso que conduzca a la desmovilización y a la marginación de la visibilidad mediática y/o la construcción de la percepción que lo reditúe en el espacio que deseen.
De allí la elaboración del Código de Pautas Éticas que en su Artículo 6, letras a y b, demandaban la declaración de bienes y la obligatoriedad de realizarla anualmente. Lo mismo acontece con el Decreto 486-12, en la creación de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental en sus artículos 30 y 31; establecen la obligación de los funcionarios y las sanciones y consecuencias.
La vulnerabilidad en el cumplimiento de las leyes es sencillamente desgarradora. Nada se cumple sino es para reivindicar el poder. El poder de quien soy yo y en consecuencia de la pertinencia de mi “importancia” en la sociedad. El drama social apadrina a la pésima debilidad institucional, a la calidad de las instituciones.
Ese drama social se resalta cuando vemos un potencial proyecto de Ley sobre la Salud Sexual y Reproductiva, la manera como la ideología religiosa, con su secuela de su sociedad religiosa, cuya caracterización máxima es el dogma, queriéndose imponer a la sociedad secular. Dos visiones diametralmente opuestas, donde el Estado ha de colocar, a través de leyes, a cada quien su lugar.
De los ocho Objetivos del Milenio no se cumplió ninguno. Todavía mueren alrededor de 176 mujeres de mortalidad materna, cuando el promedio en la Región es de 58. El 90% de esas muertes son prevenibles. Mueren 26 niños por cada 1000 nacidos, cuando el promedio es 11 en el hemisferio. 30% de la población no tiene acceso a agua potable. De cada 100 mujeres embarazadas, 22.5% son niñas y adolescentes; el mayor promedio de los 34 países de América Latina, con todo lo que esto conlleva, implica en el panorama social: más pobreza y exclusión y marginalidad. La inversión en el sector salud es dantesco: 8.5%; en cambio, el promedio de la Región es 17%. Solo en Salud, la inversión es de RD58,000 mil millones, igual a 1.9% del PIB; cuasi lo que tendremos que pagar de INTERESES por los certificados financieros del Banco Central (RD54,000 mil millones).
Es ese el drama social-institucional que ha venido a desvelar la Encuesta Gallup/Hoy de la semana recién pasada. Veamos:
- El 28.5% cree que hay más corrupción que antes. El 31.3% cree que hay la misma corrupción que antes. Para un total de 59.8%.
- El 87.8% de los consultados, en promedio, ve la corrupción como un problema muy grave. En realidad es una pandemia que nos destruye como sociedad, tanto en lo económico, como en lo social, como en lo ético-moral.
- De los 15 problemas del país, los entrevistados destacaron: la delincuencia en general; el costo de la vida; desempleo; apagones; falta de agua; corrupción administrativa; sector salud. Son problemas atávicos, seculares, propios de una sociedad premoderna, que se relievan en un país donde la economía ha crecido en los últimos 54 años. La delincuencia es ominosa, siniestra; constituye una pandemia, que nos destroza económicamente, socialmente, la salud y humanamente. Todavía, no alcanzamos a ver el Programa de Seguridad “Vivir tranquilo” del programa de gobierno del Presidente Medina.
- De los 17 sectores ponderados por la Encuesta, solo 5 lograron alcanzar nota por encima de 50.
- En las instituciones peor valoradas el drama es desolador: a) La Policía (79.1); b) Los Políticos (realizamos un promedio de los tres partidos–66%); c) Los funcionarios públicos (74); Los militares (62.9); d) Los funcionarios medios y bajos (59.1); e) Los sindicalistas (56.2).
- En las condiciones de la economía, el promedio entre va por mal camino y ni por buen camino ni por mal camino es de: 60.3
- La situación económica personal de los ciudadanos: 11.8 lo ve muy mala; 40.2 mala, sería igual a 52. %.
- La situación económica del país al final de este periodo: a) Estará peor: 28.2; b) Estará igual: 24.3; equivalente a un 52.5. No vamos a poner los que no respondieron que fueron 7.3.
- La República Dominicana progresa: 57.1 dice está progresando.
- El 52.% cree que se entregó dinero para hacer el cambio a la Constitución; y, el 66% se expresó en desacuerdo con el pacto entre Danilo y Leonel.
¿Qué explica ese vaivén, ese péndulo, de la ciudadanía, que tiene expectativas positivas acerca del futuro y que progresa, pero dice que su economía personal y la economía del país andan mal? ¿Y la valoración de 17 sectores, solo 4 son bien valorados y expresan que la corrupción es grave y en la forma constitucional validan que hubo dinero en el proceso?
Es que somos una sociedad caracterizada por el inmediatismo, por la ausencia de compromisos societales; un país donde el peso trepidante del Estado es significativo. Somos una sociedad que, en los últimos 7 años mayormente, la cultura del miedo y el silencio se han ido anidando como parte de la dinámica del poder y la captura. Una sociedad donde te lo dicen todo, pero que nadie lo sepa. Una sociedad, en fin, con el maniqueísmo de la complicidad, de la indiferencia del cansancio a golpe de no ver los cambios. Esa ausencia de cambios, los llevan a la hipocresía, al doblez y a la mutación, que devienen en trastornos existenciales, en la esquizofrenia social y la paranoia colectiva ¡Ese es el drama social-institucional de hoy que nos convoca!