Ilustraciones del Dr. Odalís G. Pérez

En mi calidad de simple mortal, dominicano, mayor de edad, con derechos y deberes, asumo mi responsabilidad ciudadana, para fijar de manera pública, responsable y transparente, mi posición, ante la selección del defensor del pueblo en este país.

El defensor del pueblo debe ser una persona ética e institucional, con experiencia en la vida y el transcurrir administrativo, jurídico y social de nuestro pueblo. La elección del Defensor del pueblo, no puede, ni debe seguir siendo, resultado de “acuerdos o amarres” de aposentos, entre los partidos políticos nacionales.

¿Qué es el defensor del pueblo en República Dominicana?

"El Defensor del Pueblo es una autoridad independiente, un ejecutor que no se encuentra sujeto a ninguna limitante más que la del apego a la ley. Su característica es la neutralidad. El Defensor del Pueblo tendrá autonomía funcional, administrativa y presupuestaria" (Ver: Defensor del Pueblo ).

Sé que no es necesario ser abogado para competir y ser elegido para esa posición, pero si se trata un competidor o competidora, con amplia y profunda formación jurídica, estaríamos seleccionando, de manera atinada y con racionalidad, a un o una profesional, para bien del desarrollo y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática de nuestra nación.

"El Defensor del Pueblo de la República Dominicana, es una entidad pública autónoma de rango constitucional, creada mediante la Ley No. 19-01 que crea el Defensor del Pueblo, de fecha 1ro. de febrero de 2001 y reconocida por los artículos 80.5, 83.3 y 190-192 de la Carta Magna.

Dr. Ramón Martínez Portorreal
Dr. Ramón Martínez Portorreal

El Defensor del Pueblo es una autoridad independiente, un ejecutor que no se encuentra sujeto a ninguna limitante más que la del apego a la ley. Su característica es la neutralidad. El Defensor del Pueblo tendrá autonomía funcional, administrativa y presupuestaria.

El objetivo esencial del Defensor del Pueblo es salvaguardar las prerrogativas personales y colectivas de los ciudadanos, plasmadas en nuestra Constitución, en caso de que sean violadas por funcionarios de la administración pública. Asimismo, deberá velar por el correcto funcionamiento de la administración pública, a fin de que ésta se ajuste a la moral, a las leyes, convenios, tratados, pactos y principios generales del derecho". Ver (Ver Ley 19-01 y sus modificaciones).

En el ejercicio de su ministerio, el Defensor del Pueblo estará investido de plenos poderes y facultades, a fin de iniciar, de oficio o a petición de parte, cualquier investigación que conduzca al esclarecimiento de actos u omisiones del sector público y de las entidades no públicas que prestan servicios públicos.

El Defensor del Pueblo o sus adjuntos podrán inspeccionar las oficinas públicas y aquellas entidades prestadoras de servicios públicos, sin previo aviso, y requerir de ellas todos los documentos e informaciones necesarias, para materializar su labor, los cuales les serán suministrados de forma gratuita.

Misión:

Salvaguardar los derechos fundamentales de las personas, frente a las acciones u omisiones ilegales o arbitrarias del sector público, de los prestadores privados de servicios públicos y de los intereses colectivos y difusos.

Visión:

Ser una institución reconocida y respetada por su efectividad en la protección y difusión de los derechos fundamentales.

Valores:

Responsabilidad

Equidad

Integridad

Solidaridad

Objetividad

Transparencia"

(Ver:Defensor del Pueblo)

Cada sujeto va templando su historia de vida, día a día, y, por más que querramos ocultar nuestras falencias humanas, siempre salen a relucir ante la historia de nuestro pueblo y nos sacan las facturas. Alguien pone de relieve nuestro posible perfil funesto o nuestra imagen de buen ciudadano, hombre de Estado y de servicio ante la sociedad.

Todavía, y, a su edad de ciudadano en servicios docentes, jurídicos, sociales y administrativos, el Dr. RAMÓN MARTÍNEZ PORTORREAL, no ha sido tildado de ser un sujeto antisocial, al contrario, se trata de un sobresaliente académico e investigador del derecho, catedrático de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y con sobrada experiencia en los tribunales de la República, como destacado jurisconsulto, reconocido a nivel nacional e internacional. Ahí está su hoja de vida y ahí están sus obras sobre asuntos jurídicos, las que, más que yo, son las que, de manera irrefutable, hablan por él.

El Dr. Ramón Martínez Portorreal, si bien es cierto que ha plasmado imborrables páginas como profesional de la toga, como abogado, no menos cierto es que, como diplomático en el servicio exterior, también supo plasmar la imagen de ser un internacionalista que asumió, como primer compromiso nacional, defender y promover el desarrollo de la República Dominicana.

Un profesional dueño de un perfil así, es el que necesita nuestra nación, para que nos represente como Defensor del Pueblo, para bien de nuestro pueblo y el fortalecimiento del sistema jurídico y democrático de la República Dominicana.

Yo no acostumbro promover personas, de manera particular, Esa conducta no es parte de mi accionar profesional, pero en este tramo del contexto sociopolítico, educativo, cultural y económico, en que hoy se encuentra nuestro país, debo asumir mi responsabilidad ciudadana de manera transparente y fijar mi posición.

En mi condición de ser un sujeto político que no ha dejado colgando su cabeza en los anaqueles de ningún partido político en este país, y, como sujeto pensante y crítico, me la juego, asumiendo la defensa pública de un profesional de esa dimensión moral, como la que tiene el Dr. Ramón Martínez Portorreal y su historial de vida en este país, para que sea tenido muy en cuenta en la evaluación que se está realizando para seleccionar al Defensor del Pueblo.

Él sostiene que "ser independiente no es una postura cosmética, sino que es una posición ética".Además, el doctor Martínez Portorreal considera que “El Defensor del Pueblo debe ser escogido por mérito, capacidad e independencia partidaria; el cambio que la ciudadanía espera y por el cual se ha levantado en marchas hacia la Plaza de la Bandera. De no ser así, sería más de lo mismo, asegura el doctor Ramón Martínez Portorreal, aspirante y candidato a la Defensoría del Pueblo”.

Así piensa el doctor Martínez Portorreal:

“En el seno del pueblo existe el interés de que las cosas sean mejores, y muestra de ello fue la decisión que tomó en las pasadas elecciones, desafiando la pandemia, para votar por un cambio que repercuta en la decencia y la transparencia de las instituciones públicas, y la única vía para lograrlo es institucionalizando la función pública y que los compromisos partidarios no intervengan en decisiones tan trascendentales como la escogencia del Defensor del Pueblo, ya que el llamado de esta figura está en representar y defender a la gente, precisamente, ante la administración pública y privada, atendiendo el debido proceso de la Ley”.

En lo concerniente a su candidatura, el doctor Ramón Martínez, enfatiza, que no ha tocado las puertas de ningún sector político partidista, ni de ningún sector vinculado a los poderes del Estado, ya que, esto crearía compromisos que limitarían su función como Defensor del Pueblo, en caso de ser escogido.

Ahí les dejo breves datos sobre la templada hoja de vida del Dr. Ramón Martínez Portorreal:

Ramón Martínez Portorreal es Doctor en Ciencias Jurídicas (Universidad Autónoma de Santo Domingo- UASD-, 1978) y Magíster en Defensa y Seguridad Nacional (Instituto de Altos Estudios para la Defensa y Seguridad Nacional –IAEDESEN, Secretaria de Estado de las Fuerzas Armadas, 2003). Ha ejercido sin interrupción la carrera profesional de abogado de estrados, en materia penal y Derecho Internacional, principalmente.

En la actualidad es Director Ejecutivo del Instituto de Investigación, Documentación de los Derechos Humanos de la República Dominicana (IDH-RD). Es Miembro de la Comisión de elaboración y discusión del Libro Dominicano sobre la Defensa y la Seguridad Nacional.

Se desempeña como profesor en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y ha sido profesor invitado en otros centros universitarios nacionales e internacionales.

En 1985, trabajó como encargado de asuntos del Caribe de WOLA (Washington Office On Latín America) en Washington D.C. Ha sido Juez de Paz, Director de Asuntos Legales de la Cámara de Cuenta de la República Dominicana. En 1995 fue designado Director General de Prisiones, organismo rector del Sistema Carcelario Dominicano, renunciando cuatro (4) meses después.

En 1983, junto a un grupo de ex-presos políticos, religiosos, periodistas, familiares de desaparecidos, funda el Comité Dominicano de los Derechos Humanos, CDH, y en 1986 el Instituto de Investigación Documentación y Derechos Humanos de la República Dominicana.- IDH-RD. En el 1990, integra un Grupo de Abogados y Estudiantes de término de la carrera de Derecho, para conformar: Abogados por los Derechos Humanos, una Red de defensores públicos para la asistencia a Presos Preventivos.

En 1999 es designado Embajador Adscrito y Profesor de la Escuela Diplomática y Consular de la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores, donde continúa impartiendo docencia en el área del Derecho Internacional Privado. En el año 2000, es llamado a formar parte del equipo de Militares y Civiles, que integraría el Instituto Militar de los Derechos Humanos-IMDH- siendo designado Asesor y Miembro del Consejo de Dirección de dicha institución especializada de los Derechos Humanos, constituyendo la primera de su género en el seno de las Fuerzas Armadas.

Ha sido instructor invitado del Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica (WHINSEC), en Fort Benning, Georgia, EEUU. donde fue como Profesor Invitado del Departamento de Defensa de los Estados Unidos

Si en la última evaluación que se realizó para seleccionar al Defensor del Pueblo, el doctor Martínez Portorreal, fue quien quedó en el segundo lugar, ahora merece ser evaluado con objetividad y sin politiquerías, para obtener el primer lugar, como Defensor del Pueblo, para seguir fortaleciendo los fundamentos institucionales del estado de derechos, social, económico, cultural, y democrático de la República Dominicana.