Todo el mundo habla de esto, pero no es posible eludirlo, otra opinión sobre el mismo tema, caso ODEBRECHT. En el país estamos atravesando una crisis, se inició un caso penal de gran trascendencia que involucra a un número considerable de autoridades y evidencia falencias institucionales graves. Lo que era un secreto a voces, tiene real posibilidad de que pueda ser demostrado en justicia: la corrupción permea toda la administración pública.
Como sociedad tenemos un sustrato de certeza sobre las imputaciones realizadas a la mayoría de los involucrados, adquirida principalmente sobre la base de percibir la ostentación en un grupo de políticos y algunas políticas; de enterarnos de la existencia de grandes cuentas bancarias y de la inmensidad de bienes materiales que poseen estas personas. Ningún implicado en el caso ha declarado que se sacó la Lotto. ¿Cómo se puede obtener tanto dinero en la función pública? Aun sumando las exoneraciones legales y que destinen el dinero del “barrilito” a sus propias cuentas, la suma no da. La suma no da, ni siquiera si tiene un salario muy alto, como se puede tener en algunas posiciones de la función pública, y además cobra mucho dinero por pertenecer a Consejos que son parte de su función, pero que se pagan como trabajo adicional.
Estoy consciente de que el caso en cuestión está iniciando y de que los hechos deben ser probados. La verdad es que dudo que los expedientes estén lo suficientemente sustentados para que haya condena judicial en la mayoría de los imputados. Hay que esperar el desarrollo del proceso, porque, aunque en algunas ocasiones puede resultar doloroso, no es posible subvertir el principio de presunción de inocencia. Hay reglas que deben ser cumplidas, en ocasiones es necesario proteger y creerle a las víctimas, casi siempre se deben aplicar medidas cautelares; en otras se invierte la carga de la prueba, y todo eso es está muy bien, porque el procedimiento lo explicita. Lo que no se nos puede olvidar es que el sustento de la garantía del cumplimiento del debido proceso, es la presunción de inocencia. De ahí que expreso mi deseo más ferviente deseo de que haya expedientes bien instrumentados, esa es la mejor garantía de que el caso pueda terminar como queremos que termine: Con una condena necesaria para todo el que haya cometido un acto ilícito, que fortalezca la institucionalidad democrática y establezca los controles pertinentes para que el Estado funcione bien.
Se ha dicho innúmeras veces que la corrupción es un mal endémico, esa afirmación puede tener visos de verdad, pero hay que tener mucho cuidado en cómo se expresa y afirma, porque es esa “naturalización” es lo que permite que un ingeniero se pegue un tiro en pleno palacio nacional; que unos muchachos jóvenes sean descubiertos escondiendo dinero en barriles para pasarlo por aduanas de forma fraudulenta; que veamos un video de empleados repartiéndose dinero encontrado en un equipaje; Y que todo eso nos resulte escandaloso por un día o dos y luego casi se nos olvide, y no haya ningún seguimiento que garantice que establecidas las responsabilidades se sufrirá la consecuencia y no se permitirá la impunidad. O que una persona con un salario medio, que debería quizás permitirle vivir de forma tranquila y sencilla, te invite a su “casa de campo”, tenga dinero para visitar los restaurantes más caros de la ciudad con bastante frecuencia, compre vehículos de lujo, vista con ropas que sabes que cuestan mucho dinero y tenga prendas de gran valor económico. Y que todo eso pase sin que haya un cuestionamiento sobre el origen de la “bonanza”. Debemos expresar YA BASTA y actuar en consecuencia. No podemos utilizar el argumento de “mal endémico” para justificar lo injustificable. Por muy histórica que sea la corrupción, quien roba dinero público actúa desde la depravación, el abuso, la manipulación, la falta de respeto a la dignidad, la burla a la sociedad, es alguien carente de cualquier sentimiento de limite y respeto; eso no se nos puede olvidar. No podemos seguir perdonando a quien con el dinero de toda la ciudadanía decide vivir en el derroche, la disipación, el despilfarro, la ostentación y el abuso de poder.
Dotemos de sentido nuestra Constitución y nuestras leyes. Necesitamos una actuación ética, honesta, eficiente, transparente y de calidad en el Estado. ¿Cómo es posible que se hable de tantos millones en sobornos, sobrevaluación y robo; y que no haya dinero para resolver tantos problemas sociales que implican pobreza, desatención y poca calidad en los servicios públicos? A mí me parece una burla. Es tan grosero, que lo que provoca en el alma es casi indescriptible. Aunado al hecho terrible de que la permisividad ha sido tan inmensa que se tolera que estas personas se presenten ante nuestros ojos, ante la vida de nuestros hijos y nuestras hijas, como “exitosas” y hasta sean premiadas.
La Constitución, en su artículo 147, establece que la finalidad de los servicios públicos es satisfacer las necesidades de interés colectivo. Que el Estado garantiza el acceso a servicios de calidad y que deben responder a varios principios entre los que se encuentran: universalidad, accesibilidad, eficiencia, transparencia y responsabilidad. Mi propuesta es que, identificada la crisis y sabiendo que se ha actuado por mucho tiempo desde la permisividad, a partir de este momento exijamos colectiva y enfáticamente que las personas que actúan a nombre y representación del Estado cumplan con su la obligación de actuación transparente. Que la ciudadanía no desfallezca en su posición de alerta para construir el Estado que nos merecemos.
La misma Constitución, en el artículo 138, afirma que la Administración Pública está sujeta en su actuación a los principios de eficacia, objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad y coordinación, con sometimiento pleno al ordenamiento jurídico del Estado. Y el artículo 146 establece condena para toda forma de corrupción en los órganos del Estado, incluso en este caso prevé que el fardo de la prueba se invierte y si usted ocupa una función pública, tiene la obligación de probar el origen de sus bienes.
Aprovechemos la ocasión para hacer el cambio. Como sociedad responsabilicémonos y asumamos una participación activa, obliguemos a que la transparencia sea parte de la cultura del Estado y de la sociedad. La transparencia no puede ser una Declaración en la Constitución y las leyes de la que luego nos olvidamos, es una fuerza que debe ser usada y exigida. Insisto, la transparencia en la gestión pública es una obligación y no podemos permitir que siga siendo un acto medalaganario de quien esté a cargo de la función. Tenemos que superar esta crisis de confianza, pero para superarla, tenemos que exigir que cada estamento del Estado actúe en consecuencia. Tenemos que romper el círculo de la impunidad, esto que requiere un compromiso que en este momento se demuestra con expedientes bien instrumentados.
Tenemos derecho a conocer las motivaciones, intenciones y objetivos de cualquier actuación pública. Es necesario que nos impliquemos con honestidad, confianza, solidaridad, sinceridad, eficiencia, franqueza, apertura y claridad en la actuación. Que esta crisis nos permita hacer un alto, revisarnos y cuestionarnos ¿De verdad queremos permitir la desvergüenza de la prevaricación administrativa, el enriquecimiento ilícito, la falsedad en escritura, el discurso divorciado de la actuación, la traición al bien colectivo como método admitido para la actuación pública? En mi opinión, no podemos permitir que se siga sembrando la idea de que quien está criticando la corrupción es “porque quiere quitar al grupo que está, para hacer lo mismo cuando llegue a la posición”. Si queremos seguir teniendo un país, si no queremos convertirnos en un “Estado fallido” o fracasado, tenemos que denunciar los intereses particulares y obligar a que las instituciones del Estado organicen sus actuaciones en beneficio del interés común.
¿Podemos confiar en nuestras instituciones, en este momento tan crítico para nuestra sociedad? No es fácil, los hechos siguen demostrando actuaciones sobre la base de componendas y acuerdos clandestinos, no nos queda dudas sobre el hecho de que la vida de las mujeres fue motivo de una negociación espuria hace muy pocos días. Asumo ese hecho como un indicador adicional para afirmar que tenemos que hacernos cargo, tenemos que persistir, no podemos transigir y debemos exigir. Tenemos la obligación de hacer posible que el país no pierda la oportunidad de dotar de sentido la transparencia, la confianza y la credibilidad. ¡Hagámoslo posible!