La democracia española inició su proceso democrático con las elecciones del año 1977 y una nueva Constitución en el año 1978. Los actores de la transición apostaron por un modelo de democracia que se ajustara lo más posible a los países de su entorno, esto es, una democracia que fuera más allá que recuperar los derechos políticos y civiles que la dictadura de Francisco Franco había suprimido, una democracia que pudiera ser medida en función de los beneficios materiales que los ciudadanos recibieran de ella. Por esto, España pudo instaurar uno de los mejores sistemas de salud y transporte público de Europa, un sistema educativo público, una seguridad ciudadana excelente -aún se puede caminar a cualquier hora sin temor de que te maten para quitarte la cartera, el carro o el celular, y la policía no ejecuta a los ciudadanos que infringen la ley. El Estado busca que las personas se sientan seguras a través de la prevención, la investigación y el desarrollo de políticas públicas dirigidas a los enclaves donde podría encontrar asidero el germen de la violencia.

El proceso democrático dominicano inició prácticamente a la par que el español, y si bien se han logrado importantes avances referidos a los derechos civiles y políticos, la élite política no ha podido, o querido, desarrollar políticas que engrandezcan la calidad de vida de la gente.  Así, la inversión y la calidad de la educación son de las peores de los países del entorno, estamos dentro de los países mas violentos de América Latina y la policía ejecuta cientos de ciudadanos al año, la salud sigue siendo un negocio para lucrar las apetencias empresariales, y el marco constitucional elaborado durante los doce años de gobierno autoritario de Balaguer nos ha acompañado hasta el año 2010. Además, después de 33 años de proceso democrático, cada vez que hay elecciones aún nos asalta el temor del fraude electoral.

¿Cómo pudo España realizar estos y otros cambios? Hubo una clase política que apostó por la democracia por encima de los intereses personales, y entendió que la única forma de medir el éxito de ésta era calibrándola en función de la calidad de vida de la gente, así como que, independientemente del partido que gobierne, las instituciones deben seguir funcionando y ser garantes de los derechos de los ciudadanos. Se dio cuenta de que no hacen falta iluminados sino voluntad para que la democracia dependa de las instituciones. Por esto se llevó a cabo el conocido Pacto de la Moncloa, que contemplaba acuerdos sobre inversión en áreas clave para el desarrollo de las personas, la institucionalidad y el estado de derecho. En este contexto los partidos se constituyeron en genuinos representantes de las aspiraciones de los ciudadanos.

El día 15 del presente mes de mayo apareció en España un inesperado movimiento de protesta denominado "Democracia Real Ya". El de Madrid es el que más ha concitado el apoyo popular y las reacciones de diferentes sectores. Desde entonces miles de personas permanecen concentrados en la Puerta del Sol. Tres de los cuatro temas aprobados en la Asamblea realizada el miércoles 25 del presente mes hacen referencia a la exigencia de una mayor participación de los ciudadanos en el control de los políticos a través de canales institucionales de participación democrática. Llama la atención que, a pesar de la crisis económica que vive España, ninguna de las exigencias hace referencia a la salud, la educación, el transporte, la seguridad ciudadana, el agua potable, la alimentación, la energía eléctrica, la construcción de carreteras o el control del cólera, precisamente las políticas que exigen los movimientos sociales en la República Dominicana.

Las exigencias tan dispares entre los movimientos sociales de dos democracias que nacieron juntas nos indican que una creció, pero debe renovarse con nuevas políticas de participación ciudadana, y que la otra quedó raquítica y debe apostar por la institucionalidad, teniendo como centro articulador el bienestar de los ciudadanos.