Viento Sur

Dos patadas al Estado de Derecho

Por Felipe Ciprián

Dos instituciones que debían ser fieles guardianes de la protección de los ciudadanos acaban de dar sendas patadas al Estado de derecho en República Dominicana.

La primera la dio el Tribunal Constitucional con la sentencia 0168-13 que despoja de sus derechos elementales a miles de dominicanos de ascendencia haitiana, por un lado; y la otra es la decisión de la Cámara de Diputados de aprobar un proyecto de ley que  declararía a Loma Miranda Parque Nacional.

Tengo el temor, para no ser tan categórico, de que estas patadas de esos dos órganos de poderes independientes del Ejecutivo se tornarán en un nuevo fardo de desprestigio, condenas, daños económicos, políticos y diplomáticos contra el país. En fin, serán coces contra el aguijón.

A los dominicanos que ahora se les quiere negar su condición, la mayoría son hijos de jornaleros haitianos que fueron traídos al territorio nacional bajo contratos entre el gobierno dominicano (dueño del CEA) y propietarios privados de ingenios, de una parte; y el Estado dictatorial haitiano de la otra.

Esos trabajadores no vinieron en forma ilegal por poros fronterizos ni por su propia cuenta, sino en camiones “Catarey” del CEApara vivir con sus mujeres en barracones de bateyes en condiciones de simiesclavitud, pero pese a esa realidad, fue su mano de obra la que sustentó por décadas el negocio más floreciente que había en este país cuando el dinero se obtenía con el trabajo: la industria azucarera.

En los campos de caña y en las zonas cafetaleras de las montañas, los haitianos soportaron las tareas más duras y peor pagadas para crear las riquezas de los padres de los que ahora, con el dominio de las Altas Cortes, el control financiero y político del país y jueces que se consideran lores ingleses, los arrojan como parias sin derecho a una nacionalidad, a un nombre, a un documento de identidad y al libre tránsito.

Se invoca que Haití no provee documento de identidad a sus ciudadanos y que por tanto sus hijos aquí no se pueden identificar ni siquiera como extranjeros. Se trata de un argumento de conveniencia porque para reclutarlos allá y traerlos al país a crearles riqueza a los ricos no se tomó en cuenta que no tenían papeles.

Como el Tribunal Constitucional sabe perfectamente que los hijos de extranjeros nacidos en el país hasta el 25 de enero de 2010 son dominicanos (por el iussoli) con la sola excepción de los hijos de diplomáticos y pasajeros en tránsito, ha querido convertir en “pasajeros en tránsito” a trabajadores que fueron traídos por el gobierno y la oligarquía cañera dominicana para el peonato azucarero. Era imposible declararlos diplomáticos, supongo yo.

Pero resulta que en cualquier parte del mundo solo se puede estar en tránsito en los aeropuertos, puertos y pasos fronterizos, lo que es equivalente a que la persona en esa condición no se le permite entrary mucho menos desplazarse en el territorio nacional.

Los picadores haitianos, durante más de sesenta años, fueron traídos por funcionarios civiles y militares dominicanos, bajo contrato de Estado a Estado, por lo que su condición jamás puede ser la de “tránsito”. En todo caso serían personas que carecían de residencia legal, con la contradicción de que el Estado los empleaba y los emplea aun hoy 3 de octubre de 2013 no en los campos sino en las principales obras públicas al igual que los constructores privados sin que para hacerlo nadie exija un permiso de residencia.

Otro elemento a tomar en cuenta es que si los picadores de caña son “ilegales”, quienes los trajeron al país son traficantes de personas y por tanto pasibles de persecución judicial dentro y fuera del país y los acusados no serían otros que funcionarios a todos los niveles dominicanos para lo que sobran documentos oficiales que comprueba ese tipo de crimen.

Carecer de documentos como acta de nacimiento desde 1929 hasta 1970 no constituía ninguna dificultad para obtener una cédula porque todo el mundo sabe que ese no era un Registro Civil como debió ser, sino un medio de cobrar impuesto. Y lo fue desde 1971 hasta 1991 porque durante ese período cada ciudadano tenía dos documentos: Cédula de Identidad Personal y Registro Electoral. El primero pagaba un impuesto y el segundo era libre de impuesto y era necesario presentar ambos para votar.

Solo de 1991 en adelante con el advenimiento de la actual Cédula de Identidad y Electoral (que la JCE ha sido incapaz de actualizar y dotar a los ciudadanos de un documento confiable), la cédula ha dejado de ser un impuesto y se encamina, con todos los tropiezos del mundo, a ser un registro civil.

Estoy seguro que los padres de la mayoría de los miembros de la Junta Central Electoral obtuvieron su Cédula Personal de Identidad sin llevar un acta de nacimiento y esa Junta ni el Tribunal Constitucional le ha anulado su documento.

Se afirma que el fallo del Tribunal Constitucional es de única instancia. Yo sostengo que ellos están ahí para aplicar correctamente la ley y garantizar los derechos constitucionales, por lo que si no hacen su trabajo, el pueblo tiene el derecho de reclamar su salida. Aquí soberano solo es el pueblo, como lo ha probado la historia.

Loma Miranda

Los diputados, en lugar de ocuparse de buscar fuentes de financiamiento para mejorar el sueldo de militares, policías, médicos, enfermeras, profesores, agrónomos y otros servidores públicos que ganan salarios de miseria, aprueban el proyecto que convertiría a Loma Miranda en Parque Nacional solo para impedir que Falcondo extraiga ferroníquel de ese promontorio.

Con la sola aprobación de ese proyecto en una Cámara, ya Falcondo anunció el cese de sus operaciones y el despido de 900 trabajadores directos, 700 contratados, lo que equivale a decir que 1,600 familias se quedan sin un salario decente, seguridad social y paquetes que hacían su vida relativamente próspera. El gobierno cesa inmediatamente de cobrar impuestos y utilidades en un negocio en el que solo tiene que aportar garantía y seguridad jurídica. ¡Increíble!

Los diputados invocan falsamente la protección del medio ambiente para tomar su decisión, pero yo les pregunto: ¿Por qué ustedes objetan la extracción de ferroníquel en Miranda y no les importa que rompan tres parques nacionales para construir la carretera Cibao-Sur?

¿Los diputados conocen algún estudio de impacto ambiental para la instalación de dos plantas a carbón, de 300 megavatios cada una, licitadas por la CDEEE y que sin duda van a afectar los parques nacionales Padre Luis Quinn ( http://theocmag.blogspot.com/2011/01/parque-nacional-luis-quinn.html )

Y Francisco Alberto Caamaño (http://www.ambiente.gob.do/IA/AreasProtegidas/Documentos%20Aps/pn%20francisco%20alberto%20caamao%20deo.pdf )?

Los diputados no se interesan por la conservación de los parques existentes, pero se lanzan como lobos a crear nuevos para poner obstáculos a la inversión extranjera.

Avanzamos, en loca carrera, hacia una caricatura de país en pleno siglo veintiuno.

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