Primer avance. El Gobierno dominicano tomó la decisión de afiliar a las trabajadoras domésticas al Régimen Subsidiado, iniciado con 50,000 incluyendo a sus familiares. A su vez, el SENASA informó haber iniciado el proceso de recepción de solicitudes, análisis y depuración, y en una semana incorporó a un primer grupo de 621 personas.
Este es un avance social importante, pues en América Latina se han realizado programas similares con resultados muy magros, debido a que se trata de uno de los grupos laborales más necesitado, pero difícil de afiliar por su dispersión y movilidad. En parte, porque sus patronos no son empresas, sino familias sin mecanismos apropiados para afiliar y cotizar, y no tienen mucho interés en incurrir en costos adicionales. Y por otro lado, por la gran movilidad de este sector, dado que con frecuencia su contratación se limita a dos o tres días a la semana, lo que las/los obliga a tener “varios” patronos. Ojalá tenga éxito, para bien de las domésticas y del SENASA.
Segundo avance. El Lic. Chanel Rosa, director ejecutivo del SENASA, informó que los miembros de la Policía Nacional pasarán a esa ARS junto a sus familiares, lo que constituye otro paso de avance hacia la consolidación del aseguramiento público en una sola institución. Con esta medida, los miembros de la Policía Nacional, y sus dependientes, podrán acceder a una red más amplia de prestadoras de servicios de salud (PSS), lo que constituye una gran ventaja ya que sus afiliados laboran en todo el territorio nacional.
La fragmentación de los afiliados en diversas entidades públicas es una práctica vigente que riñe con varios principios y mandatos de la Ley 87-01. La misma, muy común entre las instituciones autónomas y descentralizadas, encarece la administración del riesgo de salud de las ARS pequeñas, reduciendo los recursos disponibles para brindar un mejor servicio a los afiliados.
Un retroceso. La opinión pública ha quedado sorprendida por las informaciones en torno al emblemático Hospital Darío Contreras. Los médicos se han quejado públicamente de grandes fallas en su rediseño y remodelación, que afectan de manera sensible su funcionalidad y capacidad de servicio. No hay nada más incómodo que trabajar bajo presión, en condiciones infuncionales y poco estimulantes, especialmente cuando está en juego la vida y la recuperación de decenas de miles de accidentados severos que requieren atención inmediata y efectiva.
Pero, igualmente preocupante es el hecho de que, de acuerdo a las informaciones de los medios, el costo de su remodelación excedió en 614 millones el presupuesto aprobado. Esta situación debe ser analizada y aclarada ya que, al parecer, todavía no hemos superado esa vieja práctica de las administraciones anteriores. Especialmente, porque no se trata de una “pequeña” diferencia, sino de un 69% de costo adicional. O se ampliaron las áreas y agregaron más equipos, o los planificadores no supieron sumar, o la supervisión resultó muy complaciente.
Es una pena que mientras se dan dos pasos en la dirección correcta, se persista en prácticas que provocan denuncias y cuestionamientos que empañan los avances. Da la impresión de que quienes diseñan las reconstrucciones no toman en cuenta las experiencias y los requerimientos de quienes serán los responsables de manejar el barco y llevarlo a puerto seguro. Nadie en el sector salud echaría a la basura el récord de miles de pacientes, como ocurrió hace unos meses en el Morgan. Es indudable que hace falta mayor coordinación y autoridad en el sector público de salud.