La tensión diplomática entre el gobierno haitiano y dominicano continuaba al rojo vivo en los días finales de abril y principios de mayo de 1963. Lejos estaba de ser, ni muchos menos, un simple problema bilateral, pues a poco de suscitarse el mismo se emprendieron aprestos diplomáticos, por parte de ambos países, para escalar al tema ante la Organización de Estados Americanos (OEA), máximo órgano de alcance regional, lo mismo que ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.
El embajador de Haití ante la OEA, Fern Baguidy, daba cuenta en el seno del Organismo de la decisión de su gobierno de declarar la ruptura de relaciones con el gobierno dominicano al tiempo que el Consejo de la OEA -convertido en Órgano de Consulta- aprobaba, con 16 votos a favor y la abstención de Bolivia y Brasil, la designación de una misión investigadora que debería trasladarse cuanto antes tanto a Puerto Príncipe como a la República Dominicana a fines de evaluar sobre el terreno los hechos acontecidos, para lo cual tendría el mandato de actuar en calidad de organismo provisional de consulta.
La referida misión partiría desde Washington el 8 de mayo de 1963, conformada por los embajadores Alberto Zuleta Ángel, representante de Colombia ante la OEA, quien la presidiría, Gonzalo Escudero, de Ecuador, Enrique Gajardo, de Chile, Armando Interian, de El Salvador, William Sanders, de los Estados Unidos, y Emilio Sarmiento Garuncho, de Bolivia.
Preciso es significar que las relaciones de Duvalier con la OEA no eran, ni muchos menos, las más cordiales. Ya en octubre de 1962, el gobierno haitiano había negado su consentimiento para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presidida entonces por el diplomático chileno Manuel Bianchi, se apersonara en su territorio para investigar denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, a pesar de que Haití había sido firmante de los estatutos que dieron origen a la misma el 25 de mayo de 1960.
Entre tanto, la sede de la embajada dominicana, como la de otros países, estaba rodeadas por milicias civiles y tropas armadas haitianas, pues, según se alegaba, unos 68 exiliados se encontraban en las mismas.
Partes noticiosos de entonces indicaban que en la embajada dominicana se encontraban asilados 23 ciudadanos haitianos, 35 en la de Brasil y 10 en la de Venezuela.
El abordaje de este aspecto, devino, por tanto, en el más sensible, en el marco de las conversaciones sostenidas por el gobierno dominicano con la Comisión Investigadora de la OEA.
La parte dominicana, encabezada por su canciller Andrés Freites y los diplomáticos dominicanos embajador Carlos Federico Pérez, entonces viceministro de Relaciones Exteriores, Arturo Calventi, embajador alterno ante la OEA, Pedro Padilla Tonos, ministro consejero, subencargado de los Asuntos de ONU y OEA, y Pedro Purcell Peña, embajador encargado de Ceremonial de Estado y Protocolo, significaron a la misma los cuatro puntos fundamentales en que se esperaba por parte del gobierno haitiano solución efectiva y pronta, a saber:
1.- El otorgamiento de Salvoconductos para todos los opositores al régimen asilados en embajadas extranjeras.
2.- Las debidas garantías para los asilados y los miembros de misiones diplomáticas extranjeras.
3.- Expulsión de los miembros de la familia Trujillo residentes en Haití.
4.- Autorización a la Comisión de los Derechos Humanos de la OEA para investigar la situación.
En lo referente al punto primero, al otorgar asilo diplomático a 23 nacionales haitianos, la República Dominicana, como las demás misiones que hicieron lo propio, se acogieron en todo momento a las disposiciones que en dicha materia estableció la Convención de la Habana sobre Derecho de Asilo, de 1928.
En el artículo II de la referida Convención se establece que:
“Inmediatamente después de la concesión de asilo, el agente diplomático, comandante de un navío de guerra, de un campo militar o de una nave aérea, informará del hecho al Ministro de Relaciones Exteriores del Estado a que pertenece la persona que ha obtenido asilo, o a la autoridad administrativa local si el acto ha ocurrido fuera de la capital”.
De igual se dispone en la misma que: “El gobierno del Estado puede requerir que el refugiado sea enviado fuera del territorio nacional en el más breve plazo posible, y el agente diplomático del país que ha otorgado el asilo puede a su vez requerir las garantías necesarias para la partida del refugiado del país con la debida consideración a su seguridad personal”.
No obstante, estas disposiciones vinculantes en el marco del Derecho Internacional Americano, el gobierno de Haití hizo caso omiso de las mismas, como puede apreciarse en los desmanes perpetrados contra la familia y las propiedades del teniente Benoit, quien se había acogido a la protección diplomática dominicana al momento de ocurrir el atentado orquestado por Barbot contra la escolta de los hijos del dictador Francois Duvalier.
Después de intensas negociaciones llevadas a cabo por la Comisión Investigadora con el gobierno haitiano, este se decidió a otorgar los salvoconductos correspondientes a 20 de los 23 asilados en nuestra sede diplomática, los cuales arribaron al país a través del aeropuerto de Punta Caucedo el 16 de mayo de 1963.
Entre ellos, figuraban el padre Jean Baptiste George, ex ministro de Educación de Haití y quien devino en férreo opositor de la tiranía duvalierista, lo mismo que arribaron al país 8 hijos del famoso coronel Biamby, uno de los más destacados militares que conspiraba contra Duvalier.
Inicialmente, Biamby buscó asilo en la embajada de Venezuela, pero tras la decisión de Betancourt de romper relaciones diplomáticas con Haití, la protección de los asilados en dicha misión quedó a cargo de la embajada de Ecuador, donde se encontraba desde hacía nueve meses al momento en que su familia pidió refugio en la representación diplomática dominicana.
No obstante, el gobierno haitiano, violentando lo dispuesto por la Convención de la Habana, se negaba a otorgar salvoconducto a tres de los asilados que aún permanecían en la sede diplomática en Haití: el teniente Francois Benoit, el teniente coronel Pierre Álvarez y el mayor Roger Holly. No fue posible en el momento a la Comisión lograr su salida, dado que, según el criterio de Duvalier, se trataba de “delincuentes comunes”, aunque eran sobradamente conocidas las razones políticas subyacentes en su actitud.
Al referirse a tan delicado asunto, el presidente Bosch manifestó que la solución a la crisis haitiana continuaba estancada en su punto inicial, pues: “tan importantes son tres asilados como veintitrés y porque los problemas de dignidad y soberanía nacional no se miden por número de personas afectadas”.
El canciller Freites, en consonancia con lo expresado por Bosch, al referirse a este delicado punto, afirmaría el 21 de mayo ante periodistas que cubrían la fuente del Palacio Nacional: “no vamos a cejar en nuestros empeños hasta que no se consigan los tres salvoconductos, porque sabemos que la vida de esos hombres está en peligro”.
El régimen haitiano, a pesar de cierta flexibilidad adoptada ante la Comisión Investigadora de la OEA, reafirmaba, no obstante, su negativa a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos investigara sobre el terreno las denuncias de violación a los derechos humanos.
Así lo manifestaría el 15 de mayo de 1963, en palabras de su canciller, quien al referirse a este aspecto consignaba: “la solicitud de la comisión podría interpretarse como una forma de injerencia en los asuntos internos de Haití, un atentado contra su soberanía en momentos en que el gobierno y el pueblo haitianos afrontan una verdadera conspiración internacional”.
Consciente del cerco diplomático e internacional que se cernía sobre sus aspiraciones de continuismo, carente de toda legitimidad, Duvalier no cejaba en su laborantismo, encaminada a colocar a la defensiva a la República Dominicana en el marco de la compleja disputa suscitada.
El 14 de mayo de 1963 el canciller haitiano, Rene Chalmers, un día antes de la expiración legal del mandato electivo de Duvalier, a través de su embajador en la ONU, Carlet Auguste, dirigía una carta al presidente del Consejo de Seguridad durante el mes de mayo, el embajador francés Roger Seydoux.
En la misma se acusaba a la República Dominicana de asumir una actitud agresora, dada su decisión de trasladar tropas hasta la frontera con Haití. Al respecto, se refería a las declaraciones dadas por el presidente Bosch de que la República Dominicana no retiraría sus tropas de la frontera hasta tanto el gobierno haitiano no se comprometiera a otorgar el salvoconducto a los asilados que aún permanecían en su sede diplomática.
En opinión del gobierno haitiano, en la referida carta: “esta declaración significa que las tropas dominicanas todavía están desplegadas en la frontera por orden del presidente Bosch y que todavía representan una constante amenaza de agresión, a pesar de los falaces argumentos en contrario expuestos por el representante dominicano en el Consejo de Seguridad “.
Chalmers, además, acusaba a la República Dominicana “de infracción de los principios fundamentales que sirven de fondo a todos los procedimientos de conciliación” invocados en el intento de zanjar la crisis entre los dos vecinos del Caribe.
Al tiempo que el régimen duvalierista libraba una persistente batalla diplomática por procurar legitimar sus actuaciones en el marco regional y multilateral, no menos compleja y delicada era su situación interna y el acoso que desde el exilio recibía por parte de los sus más encarnizados opositores.
Hacia el mismo 15 de mayo se presagiaba que dos grupos de exiliados, en pocos días, procurarían ocupar a Cabo Haitiano, desde donde solicitarían respaldo internacional para combatir al régimen.
Dos de los principales líderes del exilio, Louis Dejoie y Daniel Fignole, durante reunión celebrada en Puerto Rico, se habían constituido en gobierno haitiano en el exilio, pero en prudente actitud política, Bosch se apresurò a declarar que el mismo no gozaba del reconocimiento de la República Dominicana.
Afirmaba al respecto: “el criterio del gobierno dominicano es que un gobierno no es un ente jurídico etéreo; un Gobierno tiene que tener el dominio de un territorio aunque sea pequeño; tiene que tener la capacidad de cobrar impuestos y que los ciudadanos obedezcan a ese gobierno”.
En suelo dominicano la labor opositora a Duvalier la encabezada como uno de sus firmes abanderados el dirigente político haitiano Jacques Cassagnol, Secretario General de la Organización “Fuerzas Revolucionarias Unidas”, quien no llegada a descartar la recurrencia a la lucha armada como método de lucha política contra la férrea tiranía reinante en Haití. Conforme su criterio: “el gobierno de Duvalier, con sus persecuciones e ilegalidades, con sus torturas y traiciones, ha despojado al pueblo haitiano de todos sus medios de lucha”.
Tan difícil se había tornado la situación para Duvalier hacia mediados de mayo de 1963, a seis años después de instaurar su régimen de terror, que por vez primera no asistió a las importantes celebraciones del día de la bandera, que se llevaban a cabo en Arcahaie, pequeño pueblo al norte de Puerto Príncipe, en la Bahía de Gonaïves, considerada la cuna de la independencia haitiana.
Entre tanto, una fuerza naval de 10 buques norteamericanos encabezada por el portaviones Bóxer, que incluía 2, 000 marinos, permanecería en las inmediaciones de Puerto Príncipe por tiempo indefinido mientras eran evacuados todos los familiares de los diplomáticos norteamericanos
El destacado periodista Jules Dubois, escribía desde Puerto Príncipe, el 18 de mayo de 1963 su artículo “En la tierra del terror”, en el que afirmaba: “Esta es la tierra del terror. Durante varios años, bajo la dictadura de François Duvalier era una tierra donde había paz mediante el terror. Ahora es tierra sin paz y con pleno terror”
Y agregaba: “es difícil predecir todo esto. Al escribir estas líneas, Duvalier pudiera escoger el huir hacia el exilio o podría ser asesinado, pero tal vez no caiga fácilmente a menos que el pueblo se rebele en masa o lo que reserva del ejercito le obligue a irse”
Continuará