Se supone que las leyes están hechas para que todos la cumplan y las autoridades gubernamentales son las encargadas de hacer que éstas se cumplan. Pero aquí en la República Dominicana, donde parece que algunos casos se juzgan de acuerdo a lo que convenga, se ha dado una situación difícil de entender y que pone en entredicho la necesidad de cumplir las disposiciones legales.
Resulta, que las leyes que regulan los aspectos electorales, específicamente la Ley 275-97 establece: que para ser considerado un partido mayoritario se debe haber obtenido por lo menos un 5 por ciento de los votos válidos en las elecciones presidenciales y congresuales. Dos de los partidos participantes en las últimas elecciones, la Fuerza del Pueblo y el PRD, obtuvieron menos de esa cantidad y por lo tanto no pueden ser mayoritarios y disfrutar de un reparto privilegiado del dinero de los contribuyentes.
El Tribunal Superior Administrativo, retorciendo la Ley, se sacó de su sombrero de mago una sentencia que convirtió por arte de magia a los dos mencionados partidos en mayoritarios.
En el momento que se celebraron las elecciones el pasado año, la Fuerza del Pueblo era un partido en formación producto de la división del PLD, y el PRD un penoso esqueleto de lo que
fue la más grande organización política dominicana.
Esta arbitraria e illegal disposición, no le conviene a la democracia dominicana; pues contribuye a que partidos desacreditados y obsoletos se mantengan vigentes a costillas del sistema imperante, obstaculizando la renovación de las fuerzas políticas y el surgimiento de nuevas entidades.
Creo que el TSA y la JCE le han hecho un flaco servicio al sistema democrático con una decisión incorrecta y violatoria de la Ley. Me imagino que las fuerzas políticas artificialmente infladas estarán felices con ese regalito, esperemos que no nos salga muy caro.
Otro caso interesante es el de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas; ésta se aprobó con la intención de controlar y regular estos procesos y evitar actos dolosos en las instituciones del Estado; en la práctica lo que ocurrió fue que las disposiciones controladoras eran burladas, y quienes tenían las vinculaciones adecuadas siempre resultaban gananciosos en las licitaciones y contrataciones.
Las nuevas autoridades que conocían lo que ocurría, han tratado de ordenar la casa y poner las cosas en el lugar que le corresponden en esa cueva de "Ali Baba". Esto ha ocasionado lentitud en los procesos de adjudicación de compras y contratos, que han afectado especialmente la ejecución de gastos de capital contemplados en el Presupuesto.
En este momento se trabaja en la modificación de la mencionada Ley, la cual esperamos sea convertida además de en un eficiente instrumento de control, en un vehículo ágil y amigable, en donde en un plazo razonable las compras y contrataciones se puedan concretar.